"La nueva ley debe igualar las diferencias en los territorios"

Isabel Celaá (Bilbao, 1949), la responsable del PSE-EE en políticas sociales y sectoriales y portavoz adjunta de los socialistas en el Parlamento de Vitoria, recalca la necesidad de una nueva ley de Servicios Sociales, después de que la normativa apadrinada en 1996 por su partido "no se ha cumplido". Cree necesario un gran consenso para que se consiga llegar a aprobar la norma.

Pregunta. ¿Tienen datos del documento que prepara el Gobierno?

Respuesta. Todavía no tenemos el texto articulado. Nos han comunicado algunas líneas, como que quieren llevar el catálogo de derechos a la ley, pero no la cartera de derechos, que es lo que nosotros defendemos.

P. ¿Cuál es la diferencia?

R. Los derechos no se pueden garantizar a través de un decreto, sino que se debe hacer por ley. El asunto clave es la homologación de las prestaciones, porque las diferencias territoriales actuales son inadmisibles. Se debe ver qué es lo que necesita la persona que demanda los servicios sociales.

"El debate se ha abierto con la Ley de Dependencia y ahora se trata de ampliarlo"

P. El modelo que defienden los socialistas va a molestar a las tres diputaciones forales, que tienen muchas competencias en esta materia.

R. Sí les puede molestar, pero las competencias se pueden utilizar de una manera u otra: para armonizar un sistema que satisfaga las necesidades de las personas o para dispersar las respuestas. Ahora te encuentras con situaciones graves, como que el coste para el usuario sea del 20% o el 37% según el municipio y territorio en el que resida o que la vivienda habitual sea un requisito para acceder al sistema de las prestaciones.

P. Entonces, ¿no sería más sencillo cambiar la Ley de Territorios Históricos y redistribuir las competencias entre las administraciones para que no haya las diferencias actuales?

R. Si sería más sencillo, pero soy realista y el país ahora no está a punto para el cambio en la ley de Territorios. La pregunta es si se puede hacer sin modificarla. Y yo creo que sí, introduciendo la cartera de derechos en la ley, que va a ser la que iguale las diferencias entre los territorios. Por ejemplo, en Guipúzcoa, a diferencia de lo que ocurre en Vizcaya y Álava, la primera vivienda no se tiene en cuenta para el coste de la residencia. Introducir esto es castigar a los ahorradores.

P. Con todas las administraciones implicadas y el calado de la normativa, se prevén dificultades para su aprobación.

R. Desconozco cuán favorables serán las diputaciones a la ley. Tienen las competencias y deberían mostrarse favorables a la revisión del sistema. Tengo ecos de que la Diputación de Vizcaya está dispuesta a modificar el requisito de la primera vivienda. Lo que está claro es que todos, tarde o temprano, vamos a necesitar del sistema de los servicios sociales. Entonces, lo que hay que hacer es repensar las prioridades presupuestarias, la fiscalidad, etcétera.

P. La nueva ley requiere un gran consenso, algo poco habitual en la política vasca.

R. Los servicios sociales están siendo tapados por el euskotema [el conflicto y la violencia]. La ley de Dependencia ha servido para abrir el debate de la atención a las personas dependientes. Ahora se trata de ampliarlo a las otras necesidades, como la exclusión de menores, jóvenes o ancianos. En esta comunidad autónoma, tienes más dificultades por esa particular organización jurídico-político. Esto requerirá más esfuerzo para llegar a consensos.