Montilla hace rectificar a un alto cargo de ERC que propuso exigir el catalán a los inmigrantes

Ni siquiera se ha comenzado a redactar, pero la Ley de Acogida de Inmigrantes ya ha provocado el primer rifirrafe entre los socios del Gobierno. La Secretaría de Inmigración de la Generalitat, a instancias de Presidencia, se vio obligada a rectificar a última hora de la tarde de ayer unas declaraciones de su máximo responsable, el republicano Oriol Amorós, en las que abogaba por que la ley obligue a los inmigrantes a seguir un curso de cultura y lengua catalana como requisito para obtener el certificado de arraigo que emiten los ayuntamientos y que les permite su regularización.

Entrevistado por Ràdio Barcelona-cadena SER, Oriol Amorós defendió por la mañana que los inmigrantes que deseen ser regularizados por la vía del arraigo deban demostrar, también, unos conocimientos mínimos de catalán. Éstos, dijo Amorós, podrían acreditarse con un certificado de asistencia a los cursillos que la Generalitat organizaría para los recién llegados. "Con estos cursillos, de 20 o 30 horas, el inmigrante tendría alguna noción de catalán o, al menos, sabría cómo aprenderlo", defendió Amorós. En esta entrevista, el secretario de Inmigración apeló también al carácter obligatorio de estos cursos, al estilo de lo exigido en Holanda, donde se obliga a los recién llegados a conocer el neerlandés.

Pero todo cambió a última hora de la tarde, cuando un comunicado de la misma Secretaría de Inmigración rebajó notablemente las pretensiones expresadas inicialmente por Amorós. Así, donde el máximo responsable de inmigración defendía el carácter obligatorio de los cursillos, la nota afirmaba que éstos serían una mera "oferta" de la Administración hacia los nuevos inmigrantes. Tampoco se habla de la obligatoriedad del conocimiento del catalán en sentido estricto, sino de enseñar a los inmigrantes "la cultura de Cataluña" y "sus lenguas", es decir, también el castellano.

La rectificación en forma de nota llegó después de un día agitado en la Secretaría de Inmigración, con sendas llamadas desde Presidencia y del Departamento de Acción Social, del que depende este organismo. Las críticas a Amorós, tanto desde la esfera del presidente Montilla como de la consejera Carme Capdevila, surgieron, sobre todo, por la precipitación del secretario de Inmigración al explicar las líneas de una eventual ley que, de acuerdo con fuentes de Presidencia. "ni siquiera se ha comenzado a esbozar".

En la rápida reacción de Montilla también influyó el hecho de que Amorós en sus declaraciones incidiera sólo en la necesidad de que los inmigrantes puedan desenvolverse mínimamente en catalán. En sus palabras no hubo referencia alguna al castellano. De ahí que la nota de la tarde emitida por la Secretaría de Inmigración optara por atajar la polémica y destacara que en los cursillos se enseñarán las "lenguas" de Cataluña.

Más allá de esta polémica, sí hay acuerdo para que la Generalitat oferte de forma regular cursos de integración para inmigrantes, que en medios de la Secretaría de Inmigración prefieren llamar "procesos de acogida". Estos cursos serían, en la práctica, la normalización de los que ahora ya imparten algunas asociaciones y ayuntamientos. Amorós sí dejó claro que, pese a su voluntad de establecerlos con carácter obligatorio, la no asistencia a estas sesiones de integración no significía la pérdida de ningún derecho fundamental. "Se curará a los enfermos y se escolarizará a los niños en todos los casos", precisó Amorós a modo de ejemplo.

Sin embargo, se está estudiando la fórmula para que los inmigrantes se sientan atraídos por la idea de participar en estos cursos y beneficiarse de lo que allí aprendan. Con todo, se quiere evitar copiar a rajatabla fórmulas como las utilizadas por el Ayuntamiento de Vic -que limita la asistencia social a quienes rechacen acudir a las sesiones de inmigración-, que ha sido duramente criticado por el Síndic de Greuges.