971 calorías

Sería excesivo defender que el caso de la hamburguesa gigante XXL de Burger King está provocando un debate social sobre la llamada comida basura o el peligro de la obesidad entre los adolescentes. Pero, aunque no sea así, el conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la cadena Burger King proporciona al menos el contorno de la resistencia que puede ofrecer una parte de la sociedad a una política de salud regulada desde la Administración.

Los hechos desnudos dicen que Sanidad ha decidido romper el convenio sobre prevención de la obesidad que tenía firmado con la Federación Española de Cadenas de Restauración Moderna a causa de los reiterados incumplimientos de Burger King; que esos incumplimientos se refieren al compromiso de no promocionar ni incentivar el consumo de raciones gigantes, roto por la empresa cuando inició una campaña de publicidad intensiva de la famosa XXL, con nada menos que 971 explosivas calorías en su interior; y que, en consecuencia, Sanidad ha sustituido el convenio desechado por la apertura de negociaciones con cada una de las empresas que quieran suscribir el protocolo antiobesidad.

Frente a las acostumbradas acusaciones de intervencionismo, hay que recordar que el departamento que dirige Elena Salgado ni había prohibido la citada megahamburguesa -algo impensable, por cierto-, ni tampoco sugería alertar públicamente sobre sus perversos efectos sobre las arterias de los consumidores. Trataba tan sólo la autoridad pública de exigir que se cumpliese un convenio publicitario libremente firmado por las partes. De donde se deduce que la política comercial de una compañía de alimentación es hoy un interés superior al de cualquier pacto de prevención de la salud. El compromiso sin contrapartida -incentivo o sanción- no ha funcionado.