La marea negra del 'Prestige' le ha costado 830 millones al Estado

La catástrofe medioambiental provocada por el Prestige le ha costado hasta el momento a las arcas del Estado el equivalente a dos ciudades de la cultura y a lo que gastará el Gobierno central hasta 2008 en subvencionar la rehabilitación de viviendas en toda España. La cuarta parte del total, alrededor de 210 millones, se ha destinado a limpiar el litoral contaminado por el fuel. La restauración de la costa gallega absorbió el 80% de esa millonaria partida.

La factura incluye los 121 millones con los que se indemnizó a 25.000 afectados

El naufragio del petrolero griego frente a Fisterra lleva cuatro años exprimiendo el dinero público de los españoles. El Gobierno central cuantifica en 830 millones de euros los fondos que ha tenido que desembolsar el Estado para afrontar los daños causados por la catástrofe medioambiental que emponzoñó la costa desde Galicia al País Vasco. El recuento incluye las indemnizaciones pagadas a más de 25.000 damnificados, las ayudas destinadas a los ayuntamientos y gobiernos de las autonomías afectadas, los gastos en limpieza y restauración del litoral, las inversiones para mejorar la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación, y el dinero que se le pagó a Repsol por extraer el fuel del banco hundido.

En respuesta parlamentaria al diputado socialista Ceferino Díaz, el Gobierno cifra en 121 millones de euros el montante de indemnizaciones pagadas hasta la fecha, un proceso que no está todavía cerrado. Un total de 88 millones fueron a parar a manos de 19.000 damnificados por la marea negra a través de un cálculo por módulos, mientras que otros 30 millones se pagaron a unas 600 personas que presentaron reclamaciones de daños por una cuantía concreta. Por las pérdidas que sufrieron 7.300 trabajadores del mar en el ejercicio de 2004, el Estado abonó otros tres millones.

Una cuarta parte de los 830 millones de euros que se han gastado hasta el momento se destinó a la limpieza y restauración de las zonas emponzoñadas por el fuel. De los más de 210 millones desembolsados para este fin, 167 (el 80%) se invirtieron en la costa gallega. Las mejoras introducidas en la prevención de desastres marítimos y en la adquisición de medios para combatir los vertidos se llevaron 220 millones. Según el Gobierno, en 2009, cuando se aplique en su totalidad el Plan de Nacional de Salvamento, España contará con cuatro aviones, 25 embarcaciones y cinco helicópteros más que en abril de 2004.

En la abultada factura del Prestige, el Gobierno apunta también los 109 millones que pagó a Repsol por extraer el fuel con el que se hundió el buque y los 167 millones que se le abonaron a los ayuntamientos y gobiernos de las comunidades autónomas afectadas. Las ayudas destinadas a los municipios y autonomías se fijaron tras un "largo proceso de negociación" que en Galicia no ha terminado. Cuatro ayuntamientos gallegos -Burela, Cervo, Moaña y Noia- se niegan de momento a firmar el convenio en el que la Administración central les ofrece, respectivamente, 1.800, 19.000, 12.200 y 17.100 euros por los gastos que les supuso la catástrofe.

La Xunta y los municipios gallegos recibieron con estos acuerdos 63 millones (siete de ellos los ayuntamientos), mientras que las administraciones cántabras ingresaron 49,5 millones, las asturianas, cinco y las vascas, 45,6 millones. En el montante que percibirá Galicia se incluyen diez millones que el Gobierno gallego debe a Tragsa por los trabajos que le encomendó en su día y otros 22 para hacer frente a los gastos por el tratamiento de los residuos.

Las tareas de recuperación del litoral gallego que contaminó el fuel no han terminado. La Dirección General de Costas ejecuta en la actualidad obras de restauración ambiental en 17 puntos de la geografía de Galicia, sobre todo en playas, sendas litorales y lagunas. Las actuaciones se desarrollan en los ayuntamientos coruñeses Muros, Porto do Son, Camariñas, Malpica, Ribeira, Carballo, Arteixo, Fisterra, Ponteceso y Valdoviño. El proyecto más costoso es la recuperación ambiental del sistema natural de Razo y Baldaio, en Carballo, en el que se invertirán casi dos millones de euros.

El PSOE considera injusto que sea el Estado español quien tenga que pagar la factura de la marea negra provocada por el petrolero griego en 2002. "En esta catástrofe es el país contaminado quien está asumiendo los gastos", señala el diputado en el Congreso de los Diputados Ceferino Díaz. "Esperemos que la Justicia repare esta situación y que, además, en el futuro haya una legislación clara a nivel internacional que impida que el contaminado pueda quedar impune".

La instrucción judicial que busca a los responsables de la marea negra sigue abierta en el juzgado de Corcubión con cuatro imputados: el director general de la Marina Mercante cuando ocurrió la catástrofe, José Luis López-Sors, el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, y otros dos miembros de la tripulación.