Los productores de cítricos amenazan con un paro indefinido a partir de enero

"No tenemos nada que perder". Joan Brusca y Cristóbal Aguado, responsables de Unió-COAG y de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), coincidieron ayer al subrayar la determinación de los productores de cítricos a la hora de exigir un precio mínimo de 25 céntimos para el kilo de clementinas y de 20 céntimos para el kilo de naranjas y limones para mantener su actividad. El paro convocado en toda España para los días 14 y 15 de diciembre se prolongará con carácter indefinido a partir de la segunda semana de enero si sus demandas no son atendidas.

"La citricultura no está en crisis, la crisis sólo la sufre el agricultor, no cubrimos gastos"

Brusca y Aguado ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la sede de Intercitrus. Rafael Cervera, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, participaba en una reunión con el secretario general del Ministerio de Agricultura Josep Puxeu en Madrid y no pudo asistir, pero suscribió las declaraciones pactadas el lunes por la tarde.

La convocatoria siguió a una reunión de la interprofesional citrícola en la que los representantes de los productores plantearon la necesidad de establecer precios mínimos para garantizar su actividad en el futuro. Los representantes del comercio privado y de los exportadores de cítricos, otra de las cuatro patas que sustentan la interprofesional, se negaron en rotundo a fijar tarifas.

La libertad de mercado, por un lado, y "la posibilidad de comprar todas las clementinas que quieran a 10 pesetas el kilo", apenas seis céntimos de euro, explican la posición de los representantes del comercio privado, apunta un productor de Castellón.

Brusca no ahorró datos ni adjetivos para explicar la dramática situación que atraviesa una inmensa mayoría de los productores de cítricos. El secretario general de Unió-COAG esgrimió un informe elaborado por la Consejería de Agricultura que estima en 150 millones de euros las pérdidas acumuladas por el sector citrícola en toda España en la campaña 2004-2005 a lo que habría que sumar otros 130 millones de euros en pérdidas en la campaña posterior. "Trabajamos a pérdidas", afirmó Brusca, "y ya no tenemos nada más que perder, las administraciones sólo nos reciben para hacerse la foto y darnos palmadas en la espalda, pero en cuanto abandonamos los despachos oficiales notamos como nos clavan el cuchillo". "Hartos de tanta desidia", siguió, "los productores de cítricos pararemos el 14 y 15 de diciembre; y, si no se mueve nada, los paros serán indefinidos".

Aguado, por su parte, destacó que "la citricultura no está en crisis, la crisis solo la sufre el agricultor, no logramos cubrir gastos con un beneficio mínimo". El presidente de AVA destacó que "la confederación de cooperativas agrícolas de España" respalda el paro y explicó que "el programa de protestas no tiene fin, se intentará parar toda la actividad citrícola de España y los posibles paros indefinidos serían posteriores a las fiestas de Navidad y Reyes".

El presidente de AVA aseguró: "Tenemos la solidaridad de toda la cadena de producción excepto de los exportadores y comerciantes libres. Y nos ha sorprendido porque cuando apareció en Estados Unidos una mosca que no existía fuimos los primeros en ponernos delante de la protesta".

Brusca y Aguado destacaron que "los consumidores entienden perfectamente" la situación que atraviesan los productores y que "los sindicatos de clase apoyan la protesta".

Los consumidores no se verán afectados por las dos jornadas de paro convocadas la semana que viene. "Anoche ya se hacían horas extras en algunos almacenes", deslizó Brusca. Pero si el paro adquiriera carácter indefinido la situación sería otra. Tanto Brusca como Aguado señalaron la importancia de actividad económica en torno a la producción de cítricos, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde se concentra el 65% de una producción total en torno a los 6,4 millones de toneladas de toda España.

También recordaron que el 60% de los titulares de explotaciones citrícolas tienen más de 60 años y, de ellos, un 35% más de 65. Dadas las circunstancias, si no se garantiza "un beneficio mínimo" el paisaje de la Comunidad Valenciana podría sufrir una drástica transformación en poco tiempo. "Alguien se ha equivocado", sentenció Brusca.