El Gobierno libanés aprueba el tribunal para crímenes políticos

El Gobierno del primer ministro Fuad Siniora aprobó ayer el estatuto del tribunal internacional impulsado por Naciones Unidas, que deberá juzgar los crímenes políticos acaecidos en Líbano desde febrero de 2005. Queda ahora el refrendo del presidente, Emile Lahud, y la votación definitiva en el Parlamento. La decisión, no obstante, cuenta con el rechazo de los partidos prosirios -Hezbolá, primordialmente-, que aseguran que la ausencia en la reunión del Gabinete de los ministros chiíes, que dimitieron el pasado 11 de noviembre, convierte en ilegítimo al tribunal. Los partidarios de su constitución afirman que el quórum en el Gobierno, más de dos tercios de los 24 ministros, es suficiente. La disputa legal está servida, aunque los conflictos políticos en Líbano rara vez se dirimen en los tribunales.

La sede del tribunal, con un juez libanés y dos extranjeros, se fijará en otro país

Un problema añadido es que el presidente del Parlamento, Nabih Berri, eterno líder del partido chií Amal, también se opone a que el tribunal sea constituido según el formato previsto por Naciones Unidas. El borrador establece la participación de un juez libanés y dos extranjeros, y que la sede del tribunal se fije en un país extranjero -la prensa libanesa se inclina por Italia o Chipre- para que impedir posibles ataques en territorio libanés. Se formará también un tribunal de apelación constituido por dos magistrados libaneses y tres extranjeros. Todos ellos serán nombrados por el secretario general de Naciones Unidas.

"Hubiéramos deseado que el tribunal fuera aprobado con la presencia de todas las partes", afirmó el ministro de Información, Ghazi al Aridi. No obstante, añadió que la reunión fue legítima y "no debe interpretarse como una provocación contra nadie". Pero así justamente es como se toman este asunto los dirigentes políticos de Hezbolá.

La reacción de los partidos proclives al régimen sirio es inminente. Lo llevan anunciando hace semanas. Hezbolá ha advertido a sus seguidores que deben estar preparados para participar en las manifestaciones que serán convocadas la semana entrante, con el riesgo de que los enfrentamientos sectarios, todavía incipientes, adquieran mayor gravedad. Además, pretenden que las protestas no se circunscriban a la capital, Beirut, como es habitual, sino que se convoquen en todo el país.

Las averiguaciones de dos investigadores de la ONU -el alemán Detlev Mehlis y su sustituto, el belga Serge Brammertz- apuntan a altos funcionarios del régimen sirio como responsables de los asesinatos de cinco políticos y periodistas desde que el ex primer ministro Rafik Hariri cayera víctima de un atentado con explosivos en pleno centro de Beirut.