Blair pide aplicar a delincuentes comunes las medidas de control para terroristas

La reina de Inglaterra leyó ayer el último programa de gobierno de Tony Blair. El primer ministro, que renunciará el próximo verano, ha centrado sus propuestas en "la seguridad en un mundo cambiante". Aunque de momento no ha querido lanzar una nueva ley antiterrorista que ampliaría a 90 días el periodo de detención cautelar de los sospechosos de terrorismo, no faltan propuestas polémicas como la de extender a los delincuentes comunes las "órdenes de control" con las que la policía vigila a los sospechosos de terrorismo que no puede llevar a juicio por falta de pruebas.

Isabel II, que no dio muestras de padecer los fuertes dolores de espalda que le han obligado a cancelar varios actos públicos en las últimas semanas, leyó con su habitual profesionalidad el programa de "mi Gobierno" para el curso político entrante. Era la décima y última vez que leía el programa de intenciones de Blair, que el año que viene a estas alturas ya no será primer ministro. En su despedida, Blair presentó 29 propuestas de ley centradas sobre todo en la seguridad, aunque hubo también otros importantes anuncios, como cambio climático y pensiones.

En la lista no entró la nueva Ley Antiterrorista que prepara el ministro del Interior, John Reid. Pero eso no significa que haya renunciado a ella. El programa que lee la reina no pasa de ser una declaración de intenciones. Muchas propuestas no llegan jamás al Parlamento y otras que no están en la lista acaban siendo aprobadas. La nueva ley, que pretende agrupar la extensísima legislación antiterrorista actual, puede ser aprovechada para intentar ampliar de nuevo el plazo de detención preventiva de los sospechosos de terrorismo, que pasó de 14 a 28 días, y que Blair quisiera ampliar hasta los 90 días.

La seguridad, en el sentido amplio de la palabra, dominó una agenda que Downing Street definió como "un discurso de la reina para la mayoría anhelante, de acatamiento de la ley, de las víctimas del crimen, de los vulnerables y para el bien de las futuras generaciones". Entre las propuestas figura una Ley de Justicia Criminal que será más poder a la policía para luchar contra el comportamiento antisocial. La policía podrá imponer sanciones sin pasar por los tribunales y las penas por posesión de armas blancas pasarán de dos a cuatro años de prisión.

La propuesta incluye aspectos que prometen crear polémica con los defensores de los derechos civiles, como el proyecto de cambiar los procedimientos en los tribunales de apelación para que sea más difícil revocar un fallo por cuestiones de procedimiento cuando el condenado sea "claramente culpable", o someter a los delincuentes más peligrosos a controles incluso de por vida aunque hayan cumplido sus condenas.

Otro proyecto potencialmente polémico es la propuesta de Ley de Crimen Organizado, que pretender extender a los delincuentes comunes las órdenes de control que ahora se aplican a los sospechosos de terrorismo que no pueden ser llevados a juicio por falta de pruebas o porque los servicios de seguridad prefieren guardar esas pruebas en secreto para no desvelar sus métodos. Esas órdenes van desde el arresto domiciliario a limitar o impedir el acceso a ordenadores, teléfonos móviles e Internet, controlar las visitas que recibe el sospechoso o limitar sus movimientos a un determinado perímetro. La policía cree que hay más de mil presuntos gánsteres que no pueden ser procesados porque ocultan bien sus actividades delictivas.

El proyecto de Ley de Fronteras e Inmigración reforzará el poder de los funcionarios de inmigración al darles poderes para incautar dinero y bienes e introducirá una cláusula de expulsión de los extranjeros que cometen crímenes graves, además de limitar los actuales procesos de apelación para acelerar las deportaciones.

El proyecto de Ley de Cambio climático fijará el objetivo de reducir en un 60% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2050 pero no contempla imponer objetivos anuales como piden los ecologistas. La futura Ley de Pensiones ampliará a 68 años la edad de jubilación para el año 2046. La Ley de Tráfico Rodeado preparará la introducción de sistemas generalizados de peaje que gravarán el tránsito por las carreteras más congestionadas del país.

Otras propuestas legislativas buscan permitir a los ancianos y discapacitados utilizar gratis los autobuses públicos fuera de las horas punta, unificar los sistemas de regulación de la medicina genética, intentar reducir la burocracia en el mundo de los negocios, transferir más poderes a las autoridades locales y en particular al alcalde electo de Londres, regular las prácticas abusivas de los agentes inmobiliarios y permitir juicios sin jurado y simplificar los juicios en los casos de grandes fraudes.