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Reportaje:El problema del agua

El nacionalismo del agua se impone en las autonomías

Las comunidades promueven trasvases dentro de sus territorios pero los rechazan si salen de sus dominios

Las Tablas de Daimiel son un secarral. Pese a ser un parque nacional, que es la máxima figura de protección ambiental, las lagunas apenas tienen agua. Sólo un poco que los responsables del parque bombean del subsuelo. No es por la sequía -ha contribuido pero no es el origen-, sino por décadas de sobreexplotación del acuífero 23, una gigantesca balsa de agua vaciada durante décadas con un déficit de 3.000 hectómetros cúbicos (como tres trasvases del Ebro). A pocos kilómetros, los ojos del Guadiana están secos. El agua no aflora, el nacimiento del río se ha desplazado más de 20 kilómetros y prácticamente aparece tras la depuradora de Ciudad Real. La Mancha húmeda es historia.

Para solucionarlo, el Gobierno prevé invertir 4.000 millones en un gigantesco plan de compra de tierras, subvenciones al cambio de cultivos, rescate de concesiones de agua... Y también trasvasará agua. Un cartel junto a la carretera anuncia la construcción de la llamada "tubería de la llanura manchega", un nuevo trasvase desde el Tajo al Guadiana. Pese a que los trasvases desde el Tajo al Segura son una polémica nacional cada tres meses, aquí la obra apenas tiene rechazo. El agua procede de Guadalajara, va por el trasvase Tajo-Segura y a mitad de camino se desvía a Ciudad Real. No sale de Castilla-La Mancha.

Los regadíos previstos en el Ebro consumirán el doble de agua que el derogado trasvase

Una tubería llevará caudal del Tajo al Guadiana; otra une Granada y Almería

El Ministerio de Medio Ambiente y la comunidad de Castilla-La Mancha invertirán 127,4 millones de euros en una tubería de 164 kilómetros para abastecer a 500.000 habitantes de 90 municipios con 30 hectómetros cúbicos y 20 para las Tablas de Daimiel. La obra la diseñó un Gobierno socialista en 1995, la incluyó en la ley el PP en 2001 e inició las obras el Gobierno de nuevo del PSOE.

La única oposición es la de los ecologistas, como Greenpeace o Ecologistas en Acción. Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace, critica el trasvase: "Vamos construir con dinero público un trasvase de agua para que pueda abastecer los desarrollos urbanísticos de Ciudad Real en la misma operación que Castilla-La Mancha critica a Valencia y Murcia gracias al trasvase Tajo-Segura". Barea destaca que "la Comisión Europea no financia este trasvase".

No es el único caso de un trasvase dentro de la misma comunidad autónoma que apenas genera polémica. En el último año los arroceros de Sevilla han vendido 10,5 hectómetros cúbicos de agua a los regantes de Almería. El trasvase de derechos se realiza desde el embalse de Negratín (Granada) al de Almanzora (Almería). O lo que es lo mismo, de la cuenca del Guadalquivir a la cuenca mediterránea andaluza.

El profesor de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo, experto en economía del agua y defensor de los trasvases, critica que "Castilla-La Mancha recurrió cuando unos regantes de Madrid vendieron agua a los regantes de Murcia en una operación similar, pero nadie protesta si el agua va a de Sevilla a Almería sólo porque está en la misma comunidad autónoma". Melgarejo sostiene que "los presidentes autonómicos han convertido el agua en el aglutinante universal y lo han tomado como bandera sin tener en cuenta la racionalidad económica o ambiental de las obras".

El presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo, es "en principio contrario a los trasvases". Y aunque su discurso fue utilizado como bandera para enterrar el trasvase del Ebro al Segura, ahora pasa prácticamente desapercibido. "En el valle del Ebro hay previstas 300.000 nuevas hectáreas de regadío, 100.000 sólo en Aragón, que consumirían el doble de agua que el derogado trasvase del Ebro y que acabarán con el Delta". En Huesca se cultiva arroz. El suelo es malo y para que poder plantar hay que inundar el terreno.

Arrojo critica, entre otros proyectos, el canal Xerta-Senia, que proyecta la Generalitat de Cataluña para llevar agua del Ebro a Tarragona gracias a una antigua concesión de agua nunca utilizada y cuya obra se quedó a medias hace 30 años. "Hay gente a la que le parece bien ese canal, siempre que no llegue a Castellón, y no me parece razonable. Si la obra no es sensata, no lo es aunque no salga de Cataluña", concluye Arrojo. Los antitrasvase han convocado manifestaciones contra este canal.

Arrojo destaca que "Aragón ha criticado el modelo especulativo, pero ahora emerge en Zaragoza y Ciudad Real. Si hay una necesidad básica de agua, que se lleve desde donde haga falta. Cuestionamos el modelo de desarrollo en el litoral mediterráneo, pero también donde se está produciendo en el interior". Murcia y Valencia autorizan enormes proyectos urbanísticos sin tener garantizada el agua y que sólo son viables con agua del Tajo. Mientras, el río Segura está enormemente contaminado.

Melgarejo defiende los trasvases y "la rentabilidad que ha tenido el Tajo-Segura". El Ministerio de Medio Ambiente hizo pública la lista de informes técnicos que tenía sobre el trasvase del Ebro y había de todo tipo: a favor y en contra. Como no hay unanimidad entre los técnicos, "las decisiones políticas se basan en el color de las comunidades implicadas", señala Melgarejo.

El Gobierno también construye el trasvase entre el Júcar y el Vinalopó, en Valencia, que ha generado una gran polémica entre los regantes de una y otra zona. El Ministerio de Medio Ambiente varió el trazado aprobado por el Gobierno del PP y ha desplazado la toma a la desembocadura.

Arrojo, Barea y Melgarejo discrepan en muchas cosas sobre la gestión del agua, pero coinciden en que España fue un modelo en la unidad de cuenca. Con este modelo, un solo organismo gestiona cada cuenca desde la cabecera hasta la desembocadura, incluyendo sus afluentes. La cuenca del Ebro, por ejemplo, abarca nueve comunidades (Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia) y fue creada en 1926. Barea señala que las organizaciones ecologistas, tradicionalmente federalistas, se oponen a que las comunidades asuman la gestión del agua si eso supone trocear las cuencas hidrográficas.

Los nuevos estatutos plantean problemas de gestión inéditos. El Estatuto de Aragón prevé fijar una reserva de 6.500 hectómetros para la comunidad, aunque en el plan de Cuenca la demanda estimada de la comunidad autónoma es de 3.900 hectómetros cúbicos al año. La mayoría de los grandes embalses que regulan el río se encuentran fuera de Aragón. ¿Cómo se decidirán los desembalses?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de noviembre de 2006