Una retirada costosa

El Gobierno completó ayer el abandono de sus posiciones iniciales contrarias a la OPA del grupo alemán E.ON sobre Endesa con una resolución que lisa y llanamente anula las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la operación. E.ON ya no tendrá que vender un tercio de los activos de Endesa si quiere proseguir con su oferta. Mantiene, sin embargo, la resolución, que responde al recurso de la firma alemana contra los requisitos de la CNE, que E.ON venda Endesa en caso de que otra compañía se haga en los próximos 10 años con más del 50% de la eléctrica alemana.

Con carácter retórico, el Ministerio de Industria se reafirma en el derecho del Gobierno a aplicar el decreto ley que amplió las competencias de la CNE precisamente para que ésta pudiera dictaminar sobre operaciones de compra de activos energéticos realizadas por empresas extranjeras o por otras, como es el caso de las constructoras que han expandido recientemente sus inversiones financieras por eléctricas y petroleras.

Y es una declaración retórica porque Industria, que defiende sobre el papel las funciones de la CNE, en la práctica las contradice y anula. La autoridad del órgano regulador queda maltrecha desde el momento en que no es la CNE quien tiene la última palabra sobre las condiciones para comprar Endesa, sino el Gobierno. Que es precisamente lo que se trata de evitar. Porque los hechos conocidos permiten deducir que el Ejecutivo se ha limitado a atender a las presiones de su homólogo alemán -presiones que matizan que la OPA de E.ON sea únicamente una operación de mercado- y de las autoridades europeas de Competencia.

Todo lo expuesto ratifica la extrema torpeza del Ejecutivo español en el asunto, manifiesta ya en su parcialidad formal hacia la OPA de Gas Natural sobre Endesa. No debió mostrar hostilidad hacia la oferta de E.ON, ni escudarse detrás de una reforzada CNE para impedir la entrada de capital alemán en una joya energética española. No sólo no ha podido frustrar la operación, sino que también ha quemado la credibilidad pública en la independencia de la CNE. Todo a cambio de un fracaso regulatorio estrepitoso.

Pero no hay que ocultar que el Gobierno ha minimizado este fracaso con un cuidadoso calendario, que ha sabido conjugar el abandono a la desbandada de las patosas medidas anti-E.ON con la entrada de la constructora Acciona en el capital de Endesa, movimiento que defenderá, sin duda eficazmente, el principio de "españolidad" de las empresas energéticas nacionales.

El recurso de Industria significa el fin de una forma equivocada de afrontar los problemas que plantea la creación de un mercado energético europeo desde una contradicción básica entre la libertad de movimiento de capitales y la exigencia de mantener una política autónoma de suministro energético en cada país. Si el Gobierno ha aprendido la lección, jamás volverá a mostrar hostilidad abierta a las inversiones europeas.