El Gobierno cede ante Bruselas y permite a E.ON comprar Endesa sin vender activos

El Gobierno ha renunciado a entablar una batalla frontal con Bruselas en torno a la OPA de E.ON sobre Endesa. Con ese fin, el Ministerio de Industria decidió ayer enmendar la plana a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y autorizar al grupo alemán a comprar la primera eléctrica del país sin la obligación de vender ningún activo.

El Gobierno sólo se reserva un punto de resistencia frente a Bruselas: mantiene el Real Decreto Ley 4/2006 (conocido como decreto antiE.ON), que amplió las funciones de la CNE y permitió al organismo analizar -y condicionar- la operación. Si Bruselas insiste en declararlo ilegal, el Gobierno está dispuesto a dirimir el asunto ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

La compañía alemana podrá gestionar las centrales nucleares de la empresa española y los sistemas eléctricos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

El Ejecutivo está dispuesto a defender ante el Tribunal de Luxemburgo el decreto que amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía

El Ministerio de Industria mantiene que E.ON tendrá que vender Endesa si, en los próximos 10 años, otra compañía controla más de la mitad de la alemana

Está por ver adónde llegará la investigación de la CE del derecho de veto en E.ON

Pero del anillo de seguridad fabricado en torno a Endesa desde que E.ON lanzó en febrero pasado la oferta de compra por valor de 27.000 millones sólo se mantiene una de las condiciones importantes: E.ON tendrá que vender las acciones de Endesa en el caso de que una tercera sociedad adquiera más del 50% de la compañía alemana. La condición se extiende durante 10 años. En el resto del frente abierto con Bruselas, que declaró ilegales 18 de las 19 condiciones a la OPA de E.ON y el 18 de octubre abrió procedimiento de infracción a España, el paso atrás del Gobierno es notable.

Condiciones fundamentales

En julio de este año, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) autorizó la oferta de compra de E.ON sobre Endesa si el grupo cumplía con 19 condiciones. Las fundamentales, eliminadas ayer de un plumazo, obligaban al grupo alemán a desprenderse del 32% de la potencia de Endesa instalada en España (más de 7.000 megavatios) e incluían la prohibición de participar en la gestión de centrales nucleares propiedad al 100% o participadas por la empresa española.

De las 19 condiciones impuestas por la CNE (ver cuadro) desaparecen seis fundamentales; se modifican tres y se mantienen una decena, de tono menor, que tienen que ver con la garantía de inversiones en el sistema eléctrico y gasista y con la voluntad de garantizar la seguridad en el suministro. E.ON, si prospera la oferta -pendiente de autorización en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- podrá, por tanto, disponer como propietaria de todos los activos de Endesa, incluidos los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla (monopolios naturales de la eléctrica) y participar en la gestión de las centrales nucleares en las que está la eléctrica española (Almaraz I y II; Ascó I y II; Garoña, Vandellós y Trillo).

La rebaja de condiciones, perfilada, según fuentes cercanas al proceso, por los Ministerios de Economía y de la Presidencia del Gobierno, se ha concretado mediante la resolución de cinco recursos que interpusieron Endesa, Iberdrola, E.ON, Gas Natural y la Asociación de Accionistas de Empresas Energéticas contra la autorización aprobada en julio por la CNE a la OPA del grupo alemán.

De los cinco recursos, dos se han desestimado (los de Gas Natural y de la asociación de accionistas) y el resto se han tenido parcialmente en cuenta. Ayer, Industria no aclaró si el Gobierno español tiene la intención de informar a la Comisión Europea, por carta, de la decisión tomada sobre las condiciones a la OPA. El ministro de Industria, Joan Clos, se limitó a señalar que la resolución adoptada es "eficiente y pragmática". Otras fuentes señalaron que, probablemente, el Gobierno esperará a la reacción de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, para decidir si se amplía la información a Bruselas.

Notificación formal

Por su parte, la Comisión Europea aseguró ayer que esperará hasta tener una notificación formal del Ejecutivo español sobre la modificación de las condiciones impuestas por la CNE a la OPA para decidir si el cambio responde a la petición formulada por Bruselas. ]La portavoz del Ejecutivo comunitario, según Efe, añadió que la decisión será analizada por los servicios de la Comisión cuando les sea comunicada oficialmente por las autoridades españolas.

E.ON también fue lacónica en la valoración del asunto. En un comunicado, informó de que estudiará "en detalle" la resolución del Ministerio de Industria. "Una vez que la resolución haya sido analizada en detalle, E.ON informará al mercado en su momento de cualquier nuevo acontecimiento", concluyó.

La otra compañía afectada,Endesa, declinó hacer valoraciones oficiales. Fuentes de la empresa que preside Manuel Pizarro destacaron, no obstante, que la decisión de Industria coincide con el deseo de los actuales gestores de mantener a toda costa la unidad de negocio de la empresa. Añadieron que Endesa esperará ahora a la reacción de E.ON y a la posible autorización de su oferta por la CNMV para examinar y pronunciarse, en su caso, sobre las dos ofertas que le afectan: la de E.ON y la de Gas Natural, aunque esta última está paralizada en los tribunales a instancias de la eléctrica.

Fuentes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) negaron que la decisión de Industria suponga un desaire para el organismo que preside Maite Costa. Según dichas fuentes, el órgano regulador se ajustó estrictamente a la ley para aprobar las condiciones de la OPA de E.ON e Industria se ha ajustado también a la legalidad al resolver como lo ha hecho los recursos de alzada interpuestos por las empresas. En este último punto, las mismas fuentes precisan que la CNE se ha mostrado partidaria de eliminar del ordenamiento el mecanismo del "recurso de alzada" ante el Ministerio.

Resuelta la incógnita de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno español en la pugna con Bruselas, queda por ver ahora hasta dónde lo hará la Comisión Europea en la investigación sobre los poderes reservados por el Gobierno alemán en el conglomerado E.ON-Ruhrgas (derecho de veto en caso de venta de Ruhrgas). La investigación de la supuesta existencia de un derecho de veto del Ejecutivo ha comenzado, por parte de las autoridades comunitarias, cuatro años después de que E.ON se fusionara con la compañía gasista y sólo después de que las protestas españolas subieran de tono.

La Comisión Europea envió una carta al Ejecutivo de Berlín el pasado 23 de octubre solicitando explicaciones, aunque los portavoces comunitarios se apresuraron a precisar que la carta no suponía la apertura de ningún procedimiento. "En el caso de España, E.ON y Endesa", señalan fuentes cercanas al Gobierno, "la comisaria Kroes tardó sólo 15 días en decidir que la OPA [de E.ON sobre Endesa] no afectaba a la competencia". Una agilidad que todavía sorprende y que, según destacan las mismas fuentes, choca con la tardía investigación abierta sobre E.ON y sus relaciones con el Gobierno alemán.