El sector agrario andaluz alerta del impacto de retrasar la reforma del algodón hasta 2008
COAG sostiene que Bruselas defiende a las grandes multinacionales europeas
La Unión Europea ha decidido retrasar hasta 2008 la reforma del sistema de ayudas al algodón, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que anula la última reforma aprobada en 2004. Esta decisión ha sembrado de incertidumbre a las organizaciones agrarias y al sector algodonero andaluz, que concentra el 95% de la producción nacional. La COAG cree "irresponsable" la medida de Bruselas y sospecha que se defiende a las grandes multinacionales europeas, mientras que la UPA alerta del impacto para 10.000 explotaciones y un millón de jornales.
La Justicia comunitaria dictaminó que la OCM es desproporcionada y que la UE la había aprobado sin estudiar las consecuencias socioeconómicas, por lo que va a encargar un estudio sobre su impacto. Bruselas proyecta que ese trabajo lo realice una consultora externa y no los servicios de la CE y no estará listo al menos hasta la mitad de 2007. Después, la OCM deberá ser negociada y aprobada por los países de la UE, lo que se producirá en la segunda mitad de 2007, y su entrada en vigor se iría al menos hasta 2008.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) considera que esta situación provocará la desaparición de gran parte del sector productor y desmotador en Andalucía y denuncia que la prórroga del actual status quo en el algodón acrecienta la inseguridad de los productores. La UPA sostiene que el estudio de impacto tendría que recoger principios fundamentales para la viabilidad del algodón, como el mantenimiento del presupuesto y de la neutralidad presupuestaria, la definición de los criterios de competitividad y determinación de la dimensión del sector.
"Irresponsable"
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Andalucía cree, por su parte, que la decisión de la Comisión Europea es "irresponsable" y que defiende los intereses de las grandes multinacionales europeas, "que quieren desmantelar el sector productivo andaluz del algodón para favorecer sus negocios en países subdesarrollados, donde pueden incrementar sus beneficios empresariales al no soportar coste social alguno".
COAG dice que la Comisión ha actuado con dejación, al tomar una decisión que incumple el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sentencia anulaba el actual régimen de ayudas basándose precisamente en que no garantizaba la pervivencia del cultivo en las regiones donde es fundamental para la economía agraria, como es el caso de Andalucía. "No se entiende que la Comisión decida mantener un año más un régimen de ayudas que se ha demostrado que supone una seria amenaza para el sector algodonero, en lugar de volver al régimen anterior hasta que se apruebe una nueva reforma", se apunta desde COAG.
El sector del algodón ha sido hasta ahora un sector pujante en Andalucía, que posibilita la contratación de un millón de jornales y una facturación anual de 900 millones de euros. Son 10.000 las familias que viven de este sector en 140 pueblos de Sevilla y Cádiz (principalmente), Córdoba y Jaén.
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