Saquear y vejar a los muertos

Ruego que no se tome este artículo por ajuste personal de cuentas. Si hablo en él de mis casos, no es tanto porque sean míos cuanto porque son los que tengo a mano y de los que puedo dar fe. Pero si a mí me han ocurrido, es seguro que miles de personas más los habrán experimentado, o parecidos. Sin duda son indicativos de una forma de proceder habitual en este país y en este tiempo, que no es sólo desconsiderada, aprovechada e incompetente, sino vejatoria para con los muertos, quienes, por lo que se ve, ni siquiera tras haber dejado el mundo -probablemente con hartazgo- se libran de las amenazas y abusos de unos vivos que deberían avergonzarse. Que no lo hagan y además se carguen de razón, sólo subraya la vileza que ya llevan incorporada, hasta el punto de ni siquiera verla como tal vileza.

Como muchos lectores saben (en más de una ocasión he hablado aquí de ello), mi padre, el escritor y académico Julián Marías, murió el 15 de diciembre de 2005. Al ser un personaje público, la prensa y las televisiones se hicieron eco de la noticia, que en modo alguno quedó restringida, como la mayoría de las muertes, al ámbito de lo privado. Pero para la Seguridad Social, esto es, para el Ministerio de Trabajo, esto es, para su titular Caldera, mi padre debe de seguir vivo si se trata de exigirle dinero, porque en su antiguo domicilio, ahora casi siempre vacío excepto cuando nos reunimos allí sus hijos y nietos, o cuando pasa a limpiar Angelines, la señora que lo acompañó con sus quehaceres domésticos durante largos años, se ha recibido una carta a él dirigida, de 4 de octubre de 2006, en la que se le comunica que se "instruye expediente administrativo contra el deudor de referencia" (no otro que el muerto), por una deuda a la Seguridad Social de 162,47€. Dado que mi padre, si no me equivoco, fue sobre todo trabajador por cuenta propia y nunca gozó de esa Seguridad, la suma en cuestión debe de estar relacionada con las que él pagaba bien a la susodicha Angelines, bien a la cuidadora ecuatoriana que tuvo durante sus últimos años, la cual fue oportunamente dada de baja. El requerimiento del Ministerio no termina ahí. A mi padre se le anuncia que, de no satisfacer su tremenda deuda antes del 24 de octubre, se procederá a embargarlo, y que el embargo "será extensivo a toda clase de bienes …" (¿tal vez algún buen libro? Me quedaré sin saber qué se elegía). También se le advierte que "la ausencia del deudor en su domicilio" (me temo que inevitable; el pobre) o "la negativa del mismo" (para la SS no otorgará quien calle, sino que negará, está visto) "… no serán obstáculo para la realización del embargo, pues se solicitaría del Juzgado competente la autorización para la entrada forzosa en su domicilio" (muy valientes: forzarían una puerta tras de la cual sólo hay fantasmas). Dado que una de mis compasivas cuñadas ya satisfizo la descomunal cantidad adeudada, en cierto sentido es una lástima que mis hermanos y yo no presenciemos la anunciada vejación póstuma: cómo la SS irrumpía con violencia en la casa de nuestro padre y se le llevaba una mesa o un cuadro, diciéndole a su silencioso espectro: "Así aprenderás, por rebelde".

Que el Estado trate así a sus muertos, los conmine y amenace y embargue, es lo más grave de todo, por haber recibido mucho de ellos cuando estaban vivos. Pero no está solo en esto: lo secunda el sector privado, a tenor de la actuación de Canal Satélite Digital respecto al mismo difunto. Yo aboné a mi padre a sus servicios, y a su fallecimiento resolví el contrato, especificando la irremediable causa. CSD, el 9 de agosto, cuando está en la ciudad todo el mundo, me comunicó -a la deshabitada casa- que debía devolverle "el equipo de descodificación" en el plazo de treinta días. El 29 de ese mes tan activo, ante mi "indebida retención" de ese equipo (le tenía yo apego, me interesaba horrores quedármelo), me anunció que se me cargarían 300€ "en concepto de indemnización" y que, si no restituía el tesoro, habría de "iniciar las acciones legales pertinentes". La sufrida Angelines llevó entonces el equipo-joya al sitio indicado, pero allí ya no los recogían. Se optó por que un técnico pasara a llevárselo tras cobrar 21€ por ello, se avisó a CSD y se le dio un teléfono de contacto. Dos semanas después el técnico ni ha pasado ni ha llamado, pero en cambio CSD ha sustraído de mi cuenta la multa de los 300€. Hagan cálculos y vean si no le traía esto más beneficio que mandar a un individuo -qué molestia- y ganar sólo 21. Dónde va a parar, qué me dice.

Tampoco hay forma de des-suscribir al muerto a nada a lo que estuviera en vida suscrito, pero se me acaba la página. Baste un ejemplar ejemplo: el diario Abc, del que este muerto mío fue colaborador durante decenios, y que le dedicó numerosas páginas a su fallecimiento (gracias), decidió no darse por enterado a otros efectos y se apresuró a renovar su suscripción para 2006, año que mi padre no ha visto. Parece que casi nadie se contenta ya con saquear a los vivos; también hay que saquear a los muertos, que además ofrecen la ventaja de no poder protestar ni oponerse. Hoy no descansan en paz, está visto, hasta que se quedan sin fondos y nada ya puede embargárseles. Que aproveche.