El gas se convierte en arma política

Las inmensas bolsas de gas situadas a 5.000 metros de profundidad en el centro de Suramérica son la clave de una partida que se juega en la superficie y que puede determinar el destino de un país que todavía no tiene 200 años de antigüedad. La propiedad y comercialización de las reservas de hidrocarburos presentes en el subsuelo de Bolivia constituyen el eje fundamental en torno al que gira el proyecto político de Evo Morales y el caballo de batalla a cuyo lomo el actual mandatario ha llegado a ocupar la jefatura del Estado. Es más, Morales pasó de ser un conocido sindicalista cocalero a una alternativa de Gobierno con posibilidades en la inestable situación boliviana cuando asumió como principal reivindicación de su ideología la propiedad de los recursos naturales de país, cuya gestión había sido privatizada durante los años noventa.

La batalla con Repsol elevó la popularidad de Morales por encima del 80%

Fue precisamente la polémica social surgida en torno al reparto de los beneficios generados por esta riqueza (que en un principio era del 82% para las empresas y el 18% para el Estado boliviano) la que provocó la caída de dos presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, con Morales como principal ariete de la oposición. Esa polémica decidió finalmente una notable victoria del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes diciembre. Con un lenguaje cargado de reproches y advertencias a las empresas extranjeras presentes en el país, entre ellas la española Repsol, Morales obtuvo la victoria en primera vuelta con el 54% de los votos. Por ello no es extraño que sus primeras medidas como presidente del país tuvieran a los hidrocarburos como protagonistas.

El pasado mes de enero, al día siguiente de jurar su cargo, Morales adoptó tres decisiones que marcaban el rumbo de las relaciones que a partir de entonces mantendría la Administración boliviana con las compañías extranjeras. En primer lugar, mediante la firma de una alianza estratégica, abrió las puertas del mercado boliviano a la estatal venezolana Petrosur, señalando explícitamente su desconfianza hacia las operadoras presentes en ese momento en Bolivia y reclamando a Venezuela que formara a operarios bolivianos ante el temor de un sabotaje por parte de las otras empresas.

En segundo lugar, Morales nombró ministro de Hidrocarburos a Andrés Soliz Rada, un histórico partidario de la nacionalización de los hidrocarburos. Y, finalmente, le ordenó poner a nombre del Estado boliviano las reservas de gas que Repsol tenía registradas en la Bolsa de Nueva York, medida que Soliz anunció cuando todavía no había entrado por primera vez en su despacho de ministro y que supuso una grave caída de las acciones de la petrolera española en la Bolsa. Menos de un mes después se ordenaba la captura del responsable de Repsol en Brasil por contrabando de petróleo.

Estas medidas generaron un fuerte respaldo para el nuevo presidente que vio su índice de popularidad se disparaba en los sondeos situándose por encima del 80%, algo histórico para cualquier mandatario boliviano de los últimos años. Sin embargo, el Gobierno de Morales comenzó a sufrir dificultades muy pronto fundamentalmente por tres razones: de un lado la difícil situación de Bolivia, el país más pobre del continente sólo superado por Haití, con grandes carencias en infraestructuras, paralizado políticamente desde hace al menos tres años y con una población a la que se le habían hecho promesas de mejoras palpables a corto plazo. De otra, un proyecto político basado en la completa reestructuración del país con una mezcla de Estado moderno y componentes indígenas que choca con los sectores más desarrollados de país. Para superar estas dos dificultades los recursos financieros provenientes del gas y el petróleo y su gestión directa por parte del Gobierno de La Paz son fundamentales.

El tercer obstáculo es que el MAS ha sacrificado a los conocedores del funcionamiento del Estado en beneficio de los simpatizantes políticos. Fuentes diplomáticas americanas en La Paz han señalado a este periódico que algunos nombramientos de personas sin la suficiente preparación, incluso para ministerios, pueden generar simpatías pero a medio plazo se revelan ineficaces. Morales se ha encontrado por tanto a los mandos de una maquinaria funcionando a medio gas, cuando no acusada de corrupción, como en el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) la empresa pública será socia de las petroleras extranjeras y cuyo presidente y amigo de Morales, Jorge Alvarado, fue destituido al ser investigado por firmar contratos ilegalmente.

Ayer finalizó el plazo impuesto por el presidente Boliviano el pasado 1º de Mayo mediante un Decreto Supremo y con la ocupación militar simbólica de algunos campos de explotación para renegociar la presencia de las petroleras extranjeras. Aunque era la medida era esperada, Morales anunció el decreto por sorpresa, cuando había perdido 10 puntos en el favor popular y apenas dos meses antes de que los bolivianos acudieran a elegir una Asamblea Constituyente, la primera piedra de la Bolivia "refundada" en expresión del propio Morales. Aunque ganó, las urnas no otorgaron la mayoría suficiente al MAS para elaborar una Constitución sin negociar con la oposición y el país ha entrado en una parálisis política, con una Cámara donde el nuevo texto no avanza y con las provincias orientales (las más ricas) férreamente opuestas al proyecto indigenista del presidente boliviano.

En un clima de conflictividad social creciente, Morales se enfrenta ahora a importantes sectores que le llevaron al poder, como los mineros cuyas protestas se han saldado con 16 muertos. Así las cosas para el presidente boliviano es muy importante demostrar a su electorado que el plazo de negociación marcado a las petroleras se ha cumplido. Un gesto de fortaleza para un liderazgo contestado.