Retrasos en pruebas necesarias para los juicios

El Ministerio de Justicia asegura que los problemas "de organización" del Instituto Nacional de Toxicología no causan retrasos en la administración de justicia, su principal cliente. Pero otras voces aseguran lo contrario. "Existe un protocolo para que los asuntos más importantes vayan rápidamente", aseguran en el ministerio. Cuando el análisis se precisa para un juicio rápido "el informe se emite en el día".

"Las pruebas de ADN para paternidad tardan un mes y las pruebas de alcoholemia, siete días", precisan las mismas fuentes. Los análisis de tejidos (una de las pruebas que requiere más tiempo) están listos en "un mes" en los casos de violencia infantil y de género y cuando la libertad de una persona depende del resultado del análisis, los llamados "casos con preso". El protocolo también establece cuatro semanas de plazo para los exámenes en los casos de violación y en asuntos con gran repercusión social, según Justicia. "Lo que más se demora son la identificación de fallecidos, que en ocasiones son necesarias para cobrar un seguro, por ejemplo", apuntan.

Las fuentes consultadas en el instituto aseguran que siempre se da prioridad a los casos urgentes. "Los que más esperan son los de fallecidos cuyos análisis no urgen para la toma de decisiones en la justicia", puntualizan. El sindicato CC OO considera que "el retraso del toxicológico no determina el retraso de la justicia, pero contribuye a él".

"Indefensión"

"Las demoras del toxicológico afectan a la administración de justicia y a los propios ciudadanos. Los fiscales, por ejemplo, necesitan el informe definitivo del forense para hacer la calificación definitiva sobre un caso, paso previo para que se juzgue", afirma el coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, Miguel Lorente. Añade que el retraso en los análisis puede favorecer que personas inocentes permanezcan en la cárcel, como sería el caso de un acusado de violación al que el examen del semen dejara libre de culpa. "La situación actual genera indefensión y es negativa para todos", plantea.

La carga de trabajo del toxicológico depende en gran medida de que los Institutos de Medicina Legal (antiguos anatómico-forenses, donde se practican las autopsias por orden judicial) dispongan, o no, de laboratorios para realizar unas pruebas cada vez más sofisticadas. En Andalucía, los centros de medicina legal, creados en 2003 y dependientes de la Junta de Andalucía, carecen de esos laboratorios, aunque se prevé ponerlos en marcha. De ahí que "en el 99% de los casos" de esa comunidad que precisan análisis se recurra a la sede sevillana del Instituto Nacional de Toxicología, según Lorente.

Otra dificultad para el ritmo de trabajo es la obligación de que los responsables de los análisis comparezcan como peritos cuando se celebra el juicio. En ocasiones el deslazamiento se suple con videoconferencias.