Un informe del Poder Judicial se opone a que se legalice la clonación terapéutica

Un informe del Poder Judicial considera que la clonación terapéutica es una conducta "antijurídica" que debe perseguirse "penal y administrativamente". Ésa es la conclusión a la que llega el vocal Adolfo Prego, propuesto por el PP, para oponerse a la despenalización de la investigación con embriones en su ponencia sobre la reforma penal iniciada por el Gobierno, que no considera delito la fecundación con fines distintos a la procreación pero castiga con penas de hasta cinco años de cárcel la clonación reproductiva. El objetivo de la reforma es permitir la investigación con células madre para el tratamiento de enfermedades mediante la creación de cualquier tejido humano.

La modificación del artículo 160.2 del Código Penal prevista en el anteproyecto del Gobierno establece que "serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años quienes practiquen técnicas de clonación en seres humanos con fines reproductivos".

La nueva disposición, que derogará la del Código vigente, sanciona con esa misma pena a "quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana". Ese artículo supone un obstáculo insalvable a la investigación con células madre que el Gobierno trata de impulsar mediante la nueva Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana, aprobada el verano pasado, y el proyecto de Ley de Investigación Biomédica, que regulará la clonación terapéutica o transferencia nuclear.

El borrador de informe elaborado por Prego carga contra la nueva redacción porque deja de proteger al no nacido, algo de lo que culpa, no sólo a la reforma penal sino también a la Ley de Reproducción Asistida que, según el texto, podría presentar "algún problema de constitucionalidad" al permitir fecundar óvulos con fines experimentales. "En opinión del Consejo General del Poder Judicial", escribe Prego, "el Tribunal Constitucional exige que se dispense la debida protección jurídica a los embriones, de modo que, aunque no sea estrictamente exigible el uso de la vía penal, tampoco es de recibo la total falta de protección".

El informe se opone frontalmente a la clonación terapéutica que define como "práctica experimental sobre el embrión clonado que se destruye una vez obtenido el material genético para la terapia del individuo". Para ello, Prego expone "compromisos asumidos por España", como el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, que prohíbe "la constitución de embriones humanos con fines de experimentación".

Seres humanos idénticos

El texto también se refiere a un convenio del Consejo de Europa aprobado en diciembre de 1997 que prohíbe "toda intervención que tenga por finalidad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, ya sea vivo o muerto", a lo que el ponente añade: "A los efectos del convenio, la expresión ser humano genéticamente idéntico significa compartir con otro la misma carga nuclear genética".

"El Consejo considera que el anteproyecto no puede dejar estos márgenes de penumbra en un asunto de tanta trascendencia como el de la clonación humana, cuya antijuricidad debe ser reconocida y perseguida tanto administrativa como penalmente", concluye el borrador.

La transferencia nuclear -el nombre científico de la clonación terapéutica- consiste en introducir el núcleo de una célula adulta en un óvulo. Las sucesivas particiones de esa nueva célula dan lugar a células madre que pueden generar cualquier tejido del cuerpo humano. El proyecto de Ley de Investigación Biomédica prohíbe expresamente el desarrollo de esas células más allá de los 14 días y somete todos los experimentos que utilicen esta técnica al control de un comité de expertos nombrados por el Gobierno y las autonomías. España es el cuarto país que la autoriza.

El informe, que afecta en total a más de 100 artículos del Código Penal, se debate hoy en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, en la que los vocales propuestos por el PP son mayoría (tres conservadores frente a dos progresistas).