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La Junta duda de la legalidad de retirarle el respirador a Inmaculada Echevarría

El caso de Inmaculada Echevarría, la mujer enferma de distrofia muscular progresiva que ha pedido morir "dignamente y sin dolor", se resolverá "en última instancia" en los tribunales, según manifestó ayer la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero. Echevarría y su abogado, Ignacio Fernández, han acordado retrasar la petición de retirada del respirador que mantiene con vida a la enferma, pero, según manifestó ayer la consejera de Salud, cuando ésta se produzca, la Junta de Andalucía llevará el caso a los tribunales para que determine si lo que pide la enferma es o no legal.

Según explicó Montero, antes de recurrir a instancias judiciales, la Junta convocará al Comité Autonómico de Ética e Investigación Sanitaria para que dé su opinión "acerca de todas las condiciones clínicas que han rodeado este caso". "Una vez que tuviésemos las deliberaciones de dicho comité, nos dirigiríamos a los tribunales", señaló Montero, en declaraciones a Europa Press. La necesidad de acudir a instancias judiciales responde, según la consejera, a la "controversia jurídica" que existe en la interpretación de qué es limitación del esfuerzo terapéutico (recogido en la Ley General de Sanidad) y qué es eutanasia (que no es legal en España).

"La literatura en relación a esta materia establece como un registro absolutamente imprescindible tener claro cuál es la voluntad de esta señora, que exprese con claridad qué es lo que pide", explicó Montero. Aunque el informe que evalúe el Comité Autonómico de Ética e Investigación Sanitaria no será vinculante, la consejera de Salud aseguró que este organismo "tiene mucho que decir y que aportar" sobre el tema. "Pero en última instancia serán los tribunales quienes deberían dirimir la situación", añadió Montero.

Petición sin precedentes

Fuentes de la Consejería de Salud señalaron que la intervención de instancias judiciales no supone que el caso vaya a convertirse en "una batalla judicial" entre Echevarría y la Junta, sino que el gobierno andaluz solicitará desde el principio la intervención de un juez para que decida "ante una situación clínica dudosa" sobre la que no hay precedentes en Andalucía. Es decir, la intención de la Junta es escuchar a su comité ético y, sea cual sea su valoración, derivar el caso a los jueces para que éstos dictaminen.

El abogado de Echevarría no quiso valorar ayer las manifestaciones de Montero. El letrado tampoco concretó cuáles van a ser los pasos de su defensa ni si sigue en pie la intención de pedir la retirada del respirador. No obstante, el pasado martes, en sus últimas manifestaciones, Echevarría se ratificó en que su objetivo es que le desconecten la máquina que la mantiene con vida, aunque su abogado ha optado por retrasar esta petición hasta que la Junta le tome el testamento vital a la enferma. Este trámite iba a realizarse hoy, pero Echevarría ha pedido que se posponga unos días para que puedan asistir algunos de sus amigos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de octubre de 2006