"Es imposible administrar la justicia sin conocer la verdad"
Francisco Etxeberria (Beasain, 1957), director del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y profesor de Medicina Legal y Forense de la UPV, recogió el martes el premio Guipúzcoa de Derechos Humanos 2006, galardón que entiende como un reconocimiento al equipo que se ha implicado con él en recuperar los restos mortales de personas fusiladas durante la guerra civil y la dictadura franquista y que procede de diversas universidades españolas. Dedica el premio a "las víctimas olvidadas y humilladas".
Pregunta. ¿Qué persiguen las familias de los desaparecidos y fusilados por el franquismo con la recuperación de los restos de sus allegados?
Respuesta. Solemos decir que exhumando fosas del franquismo recuperamos dignidades. Esta tarea parece muy científica y técnica, pero lo que realmente te atrapa de ella es su dimensión humana. Las familias, alejadas geográfica y hasta en algunos casos ideológicamente, coinciden en el sentimiento de agradecimiento por lo que hacemos. Ellos piden comprensión y agradecen que alguien muestre interés. Y esta comprensión e interés lleva a la socialización de una desgracia.
"Exhumando fosas del franquismo recuperamos dignidades"
"Nos dicen que esto tenía que haber empezado hace tiempo, y es verdad"
P. Aunque sea algo tarde.
R. Nos dicen que esto tenía que haber empezado hace tiempo, y es verdad. Con eso tenemos una especie de complejo de culpabilidad. De todos modos, ante lo mucho o lo poco que se hace para recuperar la memoria histórica -nuestra tarea es sólo parte de esa recuperación-, las víctimas,que también son los vivos, coinciden en ese sentimiento de agradecimiento, que nunca es de revancha. Sí hay un reproche moral, al que tienen derecho.
P. ¿Nunca se ha topado con alguien que pida revancha?
R. No he visto en ningún caso el deseo de revancha. Es más, se suele decir que todo esto puede reabrir las heridas. Yo creo que las cierra. Muchas familias han tenido la oportunidad de resolver algo que les parecía imposible, la localización de los restos de sus allegados. Y muchas nos han contado que se han sentido reconfortadas cuando algunos vecinos les han dicho palabras de apoyo que antes seguramente no se atrevieron a decir por miedo.
P. ¿Alguna historia le ha marcado especialmente?
R. Una de las más dolorosas la escuché en una exhumación en Cuenca. Ante los restos de su padre, una mujer nos explicó qué significaba para su madre cruzarse en la calle con las mujeres de los falangistas del pueblo tras el fusilamiento de su marido. Ella era una niña y vio más de una vez cómo esas mujeres pegaban a su madre, hasta el extremo de que una vez le arrancaron un diente.
P. ¿Hasta dónde cree que debe llegar el reconocimiento público a todas estas víctimas?
R. Nosotros generamos información, pero no diseñamos el modelo de reconocimiento público, algo que tendrán que determinar las autoridades políticas, las instituciones y la sociedad en general y que está sujeto a discusiones. Sí hemos exigido que en los casos en los que hemos intervenido el acto simbólico de la entrega de los restos a las familias se haga en los ayuntamientos. Y lo hemos logrado en todos los casos, con indiferencia del partido gobernante en ese consistorio.
P. ¿Ve conveniente la reapertura de procedimientos judiciales a condenados por los tribunales franquistas? ¿Podría entrañar algún peligro?
R. No tiene por qué ser peligrosa si la democracia actual está bien afianzada, porque a cada cosa hay que ponerle su nombre. En aquel tiempo se produjo la ruptura de la legalidad democrática de la II República por una sublevación militar, sublevación que arrastró a una guerra, tras la que se estableció una dictadura. La reivindicación de reabrir procedimientos pretende que se anulen aquellos que, por razones jurídicas, se consideren nulos de pleno derecho, aquellos que tengan un fondo de ilegalidad.
P. ¿Lo ve factible?
R. Las comisiones de la verdad que se han creado en el mundo han tenido un interés histórico y algunas, además, judicial. Ante el debate sobre la ley de la memoria histórica, ésta es la pregunta que hay que hacer al Parlamento español: ¿se quiere o no que tenga una trascendencia judicial? Si así fuera, los que trabajamos en la recuperación de la memoria histórica tenemos la obligación de aportar la información que hemos generado para el conocimiento de la verdad, tras lo que se podrá hacer la reparación y la justicia, porque es imposible administrar la justicia sin conocer la verdad.
