El Parlamento estudiará en una ponencia las necesidades terapéuticas de los transexuales

Una ponencia estudiará en el Parlamento las necesidades terapéuticas de las personas transexuales, incluido el pago por Osakidetza de las operaciones de cambio de sexo, como ya hacen otras comunidades. La creación del grupo de trabajo la respaldaron todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo, por considerar que no se trata de algo prioritario dentro de la sanidad pública. Tanto Andalucía como Aragón sufragan estas operaciones e incluso la comunidad de Madrid, gobernada por el PP, corre con los gastos, en espera de que el Gobierno central apruebe una ley.

En estos momentos hay 36 personas atendidas en los hospitales públicos vascos por lo que el Departamento de Sanidad denomina "trastorno de identidad de género". Lo que reciben de Osakidetza es tratamiento hormonal y asistencia psicológica. El Departamento de Asuntos Sociales tiene por su parte presupuestados 60.000 euros anuales para otorgar ayudas individuales a las personas que siguen tratamiento.

La formación de la ponencia, uno de cuyos retos será si se opta por instar al sistema vasco de salud a costear las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, fue discutida por el PP. Aunque no se opuso a ella, su portavoz en la comisión de Sanidad, Carmelo Barrio, arguyó que no se trata de una prioridad y recordó el rechazo reciente a su propuesta de adelantar a los 45 años la aplicación de las medidas preventivas para la detección precoz del cáncer de mama.

El tripartito votó a favor de constituir la ponencia, pese a que en marzo coincidió en el argumento del PP sobre la existencia de otras prioridades , durante el debate de una iniciativa socialista para sufragar los procesos de cambio de sexo, a la que los grupos del Gobierno votaron negativamente. No obstante, PNV, EA y EB dejaron la puerta abierta a la inclusión a medio plazo de la prestación.

La cirugía de reasignación de sexo no la sufraga aún el Sistema Nacional de Salud, pero en la última modificación del catálogo de servicios se eliminaron las restricciones que la excluían salvo para casos de intersexualidad patológica. La ministra, Elena Salgado, aclaró que la eliminación de la exclusión expresa no indicaba que se fuera a incluir el cambio de seco en la lista de prestaciones comunes, sino que se colocaba en situación de poder hacerlo.

Varias comunidades autónomas han optado por sufragar las operaciones, entre ellas Andalucía, Extremadura y, más recientemente, Aragón. También la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, anunció que se hará cargo del pago de esas intervenciones siempre con la reivindicación de que el Gobierno central las asuma, y ello a pesar de que el PP se opuso en la votación realizada a mediados de mayo en el Congreso de los Diputados. La intervención cuesta 18.000 euros si el paso es de hombre a mujer y de 30.000 si es a la inversa.

Desfibriladores

La Comisión de Sanidad instó también al Gobierno, con una votación unánime, a conceder ayudas y subvenciones, o a firmar convenios con las entidades que sea preciso, para instalar desfibriladores externos automáticos en lugares señalados por la importancia del tránsito y la afluencia de público. La popular Juana Iturmendi, autora de la propuesta, señaló que hay 1.156 personas capacitadas para manejar esos equipos, cuya rápida aplicación aumenta espectacularmente las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca y de no sufrir secuelas posteriormente.

Los grupos se pusieron de nuevo de acuerdo, salvo EHAK en este caso, para instar al Ministerio de Sanidad a que estudie la inclusión entre los medicamentos de aportación reducida (10% del coste) de la nueva medicación para el tratamiento de la hiperactividad, que supone en la actualidad, con el pago del 40%, de unos 60 euros mensuales.

La Comisión emplazó también al Gobierno autonómico a modificar la Ley de Ordenación Farmacéutica, para eliminar restricciones a la apertura de farmacias. El PP se abstuvo.