La voz de la neutralidad activa

Micheline Calmy-Rey es una de las siete personas que dirigen la Confederación Helvética en el llamado Consejo Federal, con sede en la capital, Berna. Conocidos popularmente como "los siete sabios", estos cinco hombres y dos mujeres se ocupan de los distintos ministerios y desempeñan rotativamente la presidencia del país. Nacida en 1945 en Sion, en la región de los Alpes, formada en Ciencias Políticas en Ginebra y miembro del Partido Socialista, está llamada a ser presidenta de la Confederación a partir de enero de 2007. Esta política carismática y controvertida ha hecho de la defensa de los Derechos Humanos y la restitución de fondos ilícitos un "combate personal", en palabras de uno de sus colaboradores. Igualmente, ha sido la signataria de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea y su presencia ha sido visible en el conflicto de Oriente Próximo.

Declarada partidaria de una "neutralidad activa y comprometida" en la escena internacional,

Calmy-Rey se aleja de la tradicional política suiza de "neutralidad integral".

Para el asesor jurídico del Ministerio de Exteriores Paul Seger, "la lucha por la restitución de fondos es una prioridad absoluta para la ministra", que se ha comprometido de manera personal en esta cuestión desde que tomó posesión de su cargo, a comienzos de 2003.

En opinión de este jurista, los suizos son "pioneros en este campo", dado que jamás se habían devuelto antes tales sumas sobre la base de decisiones judiciales independientes.

Raphaël Saborit, portavoz de la misión suiza ante la ONU y colaborador de la ministra Calmy-Rey agrega: "Consideramos un deber moral para un país abierto como Suiza hacer todo lo posible para restituir los fondos ilícitos a sus países de origen y buscar soluciones eficaces y originales para lograrlo".

Suiza está comenzando a actuar como abogado del Estado demandante, al que se presta "toda la asistencia jurídica y legal necesaria". Los asesores de la ministra aclaran que en Reino Unido se debe presentar una "prueba física" para poder plantear el caso, mientras en Suiza basta con una "sospecha fundada" sobre la naturaleza delictiva de los fondos.

En un discurso pronunciado el pasado 21 de marzo, la ministra de Exteriores advirtió: "No existen criterios internacionales en este campo legal y Suiza debe utilizar sus competencias y experiencias acumuladas para promover la creación de normas internacionales en materia de restitución de fondos [de origen ilícito]".