Zapatero apoya al primer ministro portugués en su campaña para despenalizar el aborto
El primer ministro portugués, José Sócrates, abrió anoche su campaña para el referéndum sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que debe servir para alterar una de las leyes más severas de Europa. Sócrates contó con "el apoyo y la solidaridad" del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que envió un mensaje a Lisboa a través de la secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño.
Zapatero transmitió a Sócrates su "complicidad con la política de defensa de los valores progresistas y la extensión de los derechos, especialmente a las mujeres". Sócrates agradeció el gesto diciendo que Zapatero tiene "muchos fans en Portugal" y anunció que él mismo liderará la campaña para la aprobación de la despenalización del aborto en las 10 primeras semanas de embarazo. También dijo que el partido permitirá ejercer la libertad de voto a sus militantes pero hará frente a la "hipocresía de los que quieren dejar la ley como está limitándose a evitar su aplicación".
La campaña arrancó en la Conferencia Internacional Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer, organizada por el Grupo Parlamentario socialista europeo. Sócrates promovió el referéndum, que se discutirá el jueves en la Asamblea y será convocado presumiblemente en enero por el presidente Aníbal Cavaco Silva, como la forma "escrupulosamente democrática, razonable y moderada" de alterar una ley "que tiene a Portugal entre los países más atrasados de Europa". Para el primer ministro, la nueva ley debe servir "para dejar de criminalizar a las mujeres y para combatir la llaga dolorosa del aborto clandestino". Los socialistas lusos se comprometieron a celebrar este referéndum para derogar así el "no" que ganó en la última consulta de 1998, en la que los partidarios de la penalización se impusieron con un 50,5% de los votos. No fue vinculante: sólo votó un 31% del censo.
En Portugal, el aborto está penado con hasta tres años de cárcel fuera de los supuestos legales (malformación, violación, riesgo para la mujer), y tanto las mujeres que abortan como los profesionales de salud son perseguidos judicialmente. El código deontológico del Colegio de Médicos prohíbe realizar abortos a sus afiliados. Desde 2002, más de 40 personas han sido juzgadas por abortos ilegales (se hacen entre 20.000 y 40.000 intervenciones clandestinas anuales).
