Dinero público, dinero privado

La financiación de las organizaciones no gubernamentales oscila entre la posición de Greenpeace, cuyos estatutos prohíben recibir fondos de los poderes públicos, hasta las pequeñas organizaciones de acción social que necesitan apoyo de fondos públicos para sostenerse. "Algunas están formadas por familiares de enfermos, que regentan ellos mismos un centro de atención a sus allegados y aportan su propio patrimonio", explica Marisa Gómez, directora de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Estas organizaciones se llevan el 80% del hasta ahora porcentaje del 0,52% del IRPF, a través de subvenciones gestionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales respecto a los proyectos concretos que presentan. El resto, el 20%, se destina a las ONG de cooperación al desarrollo, que trabajan en América Latina, África, Asia y Europa del Este. Estas subvenciones las asigna la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, tanto unas como otras organizaciones perciben fondos de comunidades autónomas y ayuntamientos, repartidos con cargo a sus respectivos presupuestos y siempre sobre proyectos concretos.

Por eso, como explica Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, el aumento del 0,7% no va a significar la retirada de subvenciones directas a ONG, como ocurre al aplicar el mismo aumento a la financiación de la Iglesia. "No tenemos la menor intención de recortar ninguna subvención", recalca, "sobre todo porque las ONG no reciben subvenciones directas, sino las llamadas de régimen general. Para recibirlas, las ONG deben concurrir a estas subvenciones con proyectos concretos que son evaluados uno por uno por técnicos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que los evalúan para decidir el porcentaje que se concederá del monto total que pide la ONG para cada proyecto.

Tanto unas como otras organizaciones, y sin necesidad de aplicar el 0,7% al IRPF en vez del 0,52%, reciben cada año más dinero. La razón es simple: en cada ejercicio, la Agencia Tributaria recauda una mayor cantidad de impuestos, como confirma un portavoz de la misma. Así, de los 65,7 millones de euros recaudados para fines sociales en 1999, se ha llegado a los más de 127 millones del IRPF de 2005, cuyo reparto acaba de concluir. "Por primera vez ha habido un superávit de tres millones de euros por encima del mínimo", explica un portavoz de Trabajo. A ello ha contribuido también que cada vez más contribuyentes marcan la casilla de "Otros fines sociales" en su declaración de la Renta (desde el 40% en 1999 hasta el 52% en 2005).

Marcar la tercera opción en la casilla de la declaración de la renta, la de "ambas" (Iglesia y otros fines), instaurada en 1999, implica que la aportación se duplica, un 0,52% para la Iglesia y otro tanto para las ONG. Si se hubiera aplicado el 0,7% en la última declaración de la Renta, las ONG hubieran recibido casi 170 millones de euros.

Pero estas organizaciones también obtienen financiación de los socios colaboradores. Aportaciones particulares "que significan mayor independencia", como destacan desde la Fundación Lealtad, que examina de forma pormenorizada a las ONG que se adhieren a ella. "Aún existe una importante dependencia de los fondos públicos por parte de las ONG, principalmente en las organizaciones de acción social", dice su presidente, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.

En el caso de las ONG de cooperación al desarrollo, el porcentaje de ayuda pública disminuyó un 6% en 2004, según el estudio sobre el sector realizado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE). Ese año, los fondos públicos representaron el 48% de sus presupuestos (231 millones de euros), mientras que los privados alcanzaron el 52% (251 millones), con un incremento de participación ciudadana en su financiación del 26% respecto al año anterior.