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Sabado, 30 de septiembre de 2006

Autonomias

Los consejos de El Monte y San Fernando aprueban la fusión con un respaldo unánime

La unión entre El Monte y Caja San Fernando está cada vez más cerca. Los consejos de administración de las dos cajas con sede en Sevilla aprobaron ayer el proyecto de fusión de ambas entidades. El acuerdo será sometido a votación de las asambleas generales el próximo 30 de noviembre y el objetivo es que la nueva caja empiece a funcionar en la primavera de 2007.

Las grandes obras de Barcelona se paralizan para protestar contra los accidentes laborales

Los obreros dicen que la principal causa de los accidentes laborales nunca aparece en las estadísticas: el trabajo a destajo, la prisa, que les obliga a descuidar las normas de seguridad. Ayer se cruzaron de brazos para denunciarlo, para protestar por las 30 muertes que la obra se ha cobrado en lo que va de año en Cataluña, y paralizaron las mayores de Barcelona.

El PSOE suspende al alcalde de Aldea del Fresno por usar su cargo para especular

El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha suspendido de militancia al alcalde de Aldea del Fresno, José Luis Tello, por aprovecharse supuestamente de su cargo municipal para hacer negocio con el ladrillo. Al mismo tiempo, el PSOE ha abierto un expediente a sus dos únicos ediles en Quijorna por votar a favor de unos planes parciales que reducen el número de viviendas protegidas.

La Generalitat dejará de ingresar 175 millones por rebajar la presión fiscal

El Consell ha decidido renunciar a 175 millones de euros para rebajar la presión fiscal el año que viene. El Ejecutivo, que preside el popular Francisco Camps, aprobó ayer la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 que incluyen la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y distintas bonificaciones en el tramo autonómico de IRPF.

Dieciocho detenidos por extorsión, asociación ilícita y coacciones en el Puerto de Bilbao

Al menos 18 personas fueron detenidas ayer por orden de la Audiencia Nacional acusadas de los delitos de extorsión, asociación ilícita y coacciones y amenazas, por fijar de forma irregular el reparto de las cargas y los precios del transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao, según informaron fuentes de la investigación.

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