La Generalitat dejará de ingresar 175 millones por rebajar la presión fiscal

El Consell ha decidido renunciar a 175 millones de euros para rebajar la presión fiscal el año que viene. El Ejecutivo, que preside el popular Francisco Camps, aprobó ayer la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 que incluyen la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y distintas bonificaciones en el tramo autonómico de IRPF. Los principales beneficiarios de estas deducciones son las familias de renta media y media alta. La rebaja de la presión fiscal coincide con las exigencia al Gobierno central de que dote a la Generalitat de una mejor financiación.

El Ejecutivo aporta 65 millones para cuadrar las cuentas de cuatro sociedades públicas

La rebaja de la presión fiscal anunciada ayer al término del pleno del Consell por el consejero de Economía, Gerardo Camps, no se reparte de forma homogénea. De los 175 millones que la Generalitat dejará de ingresar, 152 millones no se recaudarán por la eliminación del impuesto de sucesiones a 49.000 valencianos. Otros 11 millones de euros dejarán de contabilizarse por la eliminación del impuesto de donaciones a 9.000 valencianos. La otra decena de millones que se dejará de ingresar será consecuencia de la aplicación de deducciones y bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF, fundamentalmente por la nueva deducción de 400 euros anuales a las madres trabajadoras con hijos de cuatro y cinco años. Gerardo Camps considera que hasta 50.000 mujeres se podrán ver beneficiadas por esta medida.

"Las rebajas fiscales contribuyen a un mayor dinamismo económico y la Comunidad Valenciana es, junto con Madrid, la que menor presión fiscal tiene y la que mayor crecimiento tributario ha tenido en los últimos años", dijo el consejero de Economía, que explicó que la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 se centra fundamentalmente en cuestiones de ámbito tributario.

El proyecto de ley, explicó el consejero, modificará 14 leyes en vigor -aunque habrá que esperar a la remisión del texto a las Cortes para conocer el alcance del mismo- y no cambia la estructura organizativa de la Generalitat al no crearse ningún ente o sociedad nueva.

La decisión del Consell de rebajar los impuestos coincide con la exigencia reiterada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que aumente las partidas económicas que destina a la Comunidad Valenciana. Los populares insisten en que el Estado debe incrementar su inversión en infraestructuras, mejorar la financiación autonómica actualizando el padrón -el utilizado actualmente es el de 1999- y aportar una partida de 500 millones de euros para hacer frente al fenómeno de la inmigración, entre otras cuestiones.

En la sesión plenaria del Consell también se aprobaron, a propuesta de la Consejería de Economía y conforme lo previsto en los presupuestos, las aportaciones necesarias para equilibrar la situación financiera de las empresas públicas Proyecto Cultural de Castellón SA, Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana SA, CIEGSA (dedicada a construir infraestructuras educativas) y Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA.

En total, las aportaciones a estas cuatro empresas públicas, acordadas ayer, ascienden a algo más de 65 millones de euros, necesarios para equilibrar su situación patrimonial y evitar situaciones de quiebra.

En la misma reunión, Gerardo Camps llevó para su aprobación una subvención de 900.000 euros al plan de prejubilaciones de 164 trabajadores de la antigua Unión Naval de Levante; la firma de un convenio con la Agencia Tributaria para la recaudación en vía ejecutiva de cierto tipo de impuestos; y un acuerdo con la patronal Cepymev para realizar un estudio sobre el impacto de la Copa del América en las pequeñas y medianas empresas.

En la reunión semanal del Gobierno valenciano también se dio luz verde al proyecto de ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, acompañado de una memoria económica que cifra en 1.927 millones de euros la inversión que se tendría que realizar hasta el año 2009.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, argumentó que el nuevo texto pretende adaptarse a las modificaciones registradas en los últimos años, que reconocen a los menores como sujetos activos de derechos y no como sujetos pasivos necesitados de protección.

De Miguel indicó que en este proyecto se fija por primera vez en el marco autonómico una carta de derechos del menor. La reforma legislativa, que el Consell pretende aprobar antes de que acabe esta legislatura, prevé la creación de un observatorio permanente de familia e infancia y la figura del comisionado del menor. El proyecto incide también en la coordinación de todas las políticas que afectan a esta población.