Los obispos reiteran sus críticas al Gobierno pese al pacto financiero

No hay deshielo entre el Gobierno socialista y la jerarquía católica. Al contrario, ésta se siente "más libre" una semana después de que el Ministerio de Hacienda incrementase el 4% los ingresos de la Conferencia Episcopal a través de los Presupuestos del Estado para 2007. El portavoz de los obispos acusó ayer al Ejecutivo de no proteger "adecuadamente el derecho a la vida por introducir la clonación de seres humanos", y de incumplir lo pactado en materia de enseñanza religiosa. También criticó la situación de la emigración.

El acuerdo de financiación rubricado el viernes pasado entre Hacienda y la Iglesia católica permite a los obispos renunciar indefinidamente a su viejo compromiso (de 1979, reiterado en 1987) de autofinanciarse con el dinero de sus fieles, y eleva hasta el 0,70% el porcentaje de la asignación tributaria de cada católico que lo manifieste a través del su IRPF. Hasta ahora, desde 1988, ese porcentaje era del 0,52%. Según los datos facilitados ayer por el episcopado, eso supone que desde enero próximo Hacienda ingresará en una cuenta de la Conferencia Episcopal un 4% más que este año, es decir, 12.501,051,76 euros.

"El Gobierno ha resuelto un problema y la Iglesia será más libre", dijo ayer el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. Evidentemente, satisfecho por haber resuelto un asunto pendiente desde 1991 pese a llevar apenas un año en el cargo, añadió que los porcentajes de incremento son "conservadores" y que se han calculado para compensar a la jerarquía de la pérdida de ingresos por tener que pagar a partir de ahora el IVA.

Sobre el carácter indefinido de un pacto fiscal tan satisfactorio, el responsable económico episcopal dijo: "No será de aquí a la eternidad, pero no establece un periodo concreto de vigencia para evitar el que cada año tenga que regularse el porcentaje (de incremento)".

Operativamente, la nueva fórmula de financiación pública de la Iglesia católica, única confesión que disfruta de este mecanismo en España, entra en vigor en la renta de 2007, cuya liquidación (declaración) se hará en 2008, en los meses de mayo y junio. Será entonces cuando los contribuyentes católicos que lo deseen podrán asignar el 0,70% de su cuota fiscal.

Los obispos harán campañas de publicidad para convencer a sus fieles de asignar la cuota prevista del IRPF a esos fines religiosos. Hasta ahora apenas lo hace el 30% de los declarantes, con los porcentajes más bajos en las regiones más ricas.

"Es lo justo"

El portavoz de la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, que presidió la conferencia de prensa de ayer, intervino con frecuencia para aclarar algunos aspectos del pacto fiscal con el Ejecutivo socialista, sobre todo para insistir en que sólo les ha causado una "satisfacción razonable". "Es lo justo". Añadió: "Ojo, lo que se ha pactado con el Gobierno no es la financiación de la Iglesia, sino sólo una parte pequeña. La parte principal, el 90% en algunas diócesis, viene del voluntariado, de las donaciones, etcétera".

Preguntado por si este acuerdo suponía "el inicio de un deshielo" en las relaciones con un Ejecutivo al que el episcopado viene mortificando con severas censuras desde su toma de posesión en abril de 2004, Martínez Camino dijo: "Las relaciones ni iban tan mal antes, ni tan bien ahora. Ignoramos el color de los Gobiernos cuando hablamos. No hacemos cálculo electoral ni político. Aunque no me lo crean, no hay cálculo aquí. Sólo buscamos las soluciones mejores".

Lo cierto es que ayer, tanto en el comunicado final de la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, reunida en Madrid desde el lunes pasado, como en las palabras de su portavoz, el episcopado volvió a echar jarros de agua fría sobre algunas de las políticas del Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero.

Ni siquiera la legislación sobre inmigración se salvó de sus críticas, en un momento de grandes dificultades en su desarrollo. "Los obispos lamentan una situación que proviene de unas legislaciones insuficientes para afrontar un fenómeno que hunde sus raíces en los desequilibrios internacionales, que hacen sufrir a muchas personas y que, a menudo, son aprovechadas por los traficantes de seres humanos", dicen ahora los prelados.

Respecto a un próximo pacto para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en materia de educación y enseñanza religiosa (profesorado y asignatura alternativa a la religión, entre otros asuntos), Martínez Camino fue tajante. "La LOE es una ley mala, lo lógico será derogarla", dijo.

También se pronunció con suma dureza contra la idea del Gobierno de implantar una asignatura con el nombre de Educación para la Ciudadanía. Es más, los obispos no descartan aconsejar a los padres la objeción de conciencia contra ella si finalmente su temario incluye enseñanzas sobre opciones éticas y morales que el episcopado rechaza de plano.