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Editorial:

El dinero de la Iglesia

El Gobierno anunció ayer el acuerdo con la Iglesia católica sobre un nuevo modelo de financiación por el que se aumenta del actual 0,52% a un 0,7% la libre aportación de los contribuyentes a través de la declaración de la renta (IRPF), una décima menos de lo que pretendía la otra parte. La vicepresidenta Fernández de la Vega explicó también que el sistema prevé la supresión a partir de 2007 de la asignación presupuestaria que el Estado viene concediendo anualmente a la Iglesia desde 1987 para cubrir su déficit de gastos, y la obligación de ésta de pagar IVA en las operaciones de compraventa de bienes e inmuebles.

Que la Iglesia española se financie exclusivamente por la aportación de sus fieles es un paso histórico después de 27 años de un régimen transitorio y poco transparente que constituía una situación de privilegio y vulneraba la igualdad entre los españoles. Tal como ya se ha apuntado desde la Conferencia Episcopal, no está claro que el nuevo nivel de aportación se convierta en suficiente y evite en el futuro que la Iglesia vuelva a plantearse la obtención de nuevas asignaciones. Pero, en todo caso, no habrá ya compromiso alguno para que se complementen desde los presupuestos públicos las insuficiencias de autofinanciación. En cuanto al IVA, responde ni más ni menos que a una exigencia de la Unión Europea, en cumplimiento con las normativas comunitarias sobre las que la institución católica no es una excepción. Pero en este caso se ha evitado el apaño obtenido en otros países de que sea el Estado el que se haga cargo de ingresar el impuesto.

El acuerdo es un paso importante hacia la autofinanciación de la Iglesia católica, que cumplirá así el compromiso establecido en los acuerdos económicos de 1979 entre el Estado y el Vaticano y en los posteriores de 1987. La realidad hasta ahora ha demostrado ser tozuda y ha revelado que la Iglesia está lejos de poder sostenerse con la aportación tributaria de los contribuyentes. No tenían justificación alguna los argumentos de la jefatura católica para que el Estado garantizara su principal fuente de subsistencia para cubrir los gastos de mantenimiento, y en especial los sueldos de obispos y sacerdotes. En la fórmula ahora acordada, se echan en falta precisamente fórmulas más consistentes, como la de incentivar fiscalmente las donaciones individuales o de fundaciones.

El acuerdo comunicado ayer por Fernández de la Vega dista mucho de ser una especie de pax romana entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, aunque puede contribuir a que cambie el clima entre ambos. En cualquier caso, resulta sensato que Zapatero, que no tiene una relación fácil con la Conferencia Episcopal, haya alcanzado una nueva fórmula para la financiación de la Iglesia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de septiembre de 2006