Condenados a escuchar

María del Mar Granados tiene 25 años, una sordera del 44% que padece en los dos oídos y el arrojo de una leona. En 1999 se matriculó en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Almería (UAL) para obtener una diplomatura que la mayoría de sus compañeros lograron en 2003. Pero ella no ha podido culminar aún sus estudios. La razón es que la universidad no hizo las adaptaciones que pidió para dos asignaturas prácticas, y lo justificó en "causas ajenas" a la institución. Ella dejó la carrera, agotada, pero no la lucha: un juez acaba de dictaminar que la Universidad tendrá que adaptar las asignaturas de Enfermería Materno Infantil y Enfermería Médico Quirúrgica I a la hipoacusia que padece Granados.

La sentencia juzga el comportamiento del centro de "desidioso y abúlico"

Los problemas se hubieran resuelto con un ordenador y un busca con vibración

El Magistrado Juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, deja claro que la alumna con deficiencia sensorial tiene derecho a que "se adapten los criterios de evaluación, formatos de examen y estrategias de evaluación de la parte práctica de dichas asignaturas".

Han sido siete años de lucha y María del Mar Granados, satisfecha, confiesa que está también expectante. Por eso anuncia que no volverá a matricularse hasta que la adaptación esté "totalmente" culminada. "No voy a matricularme este curso esperando a ver si la Universidad adapta o no adapta; es perder el tiempo", dice. "Cuando me anunciaron el fallo, respiré, porque yo ya llevaba siete años que eran nervios nada más. Estómago revuelto, etapas con los ánimos por los suelos y mi familia y amigos pinchándome para que siguiera adelante. Para mí estos meses de espera de la sentencia han sido los peores", confiesa.

La batalla de la familia Granados para defender los derechos académicos de María del Mar ha sido larga y tediosa. También tuvo su parte buena, pues contó desde el primer momento con el apoyo técnico y económico de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería. Gracias a la Junta, la familia se entrevistó con profesionales discapacitados. La familia localizó en la Universidad de Alicante a un alumno sordo profundo que, además de terminar Enfermería, hizo Fisioterapia.

La propia Universidad pidió un informe de dos profesionales independientes donde se da cuenta de las soluciones técnicas necesarias. Se trata de un busca portátil con vibración que conecte con el avisador de cada planta hospitalaria donde la estudiante realizará sus prácticas y un ordenador con reconocedor de voz para el quirófano. Con estos elementos, la alumna podría realizar sus prácticas.

Los autores del informe Alfonso Gago, catedrático de Electrónica de la Universidad de Málaga, y María Pilar Fernández, catedrática de Lenguaje de Signos de la Universidad de Barcelona, reflejaron en él las "actitudes por parte del profesorado" de la UAL. Como "pretender que la alumna hipoacústica, con la ayuda de aparatos tecnológicos, oiga como una persona sana, como condición a priori para poder superar las prácticas". "Esto indica un desconocimiento de la sordera y de las posibilidades actuales de las nuevas tecnologías en el ámbito de la vía auditiva", apuntan.

La directora de la Escuela de Enfermería, Josefa Márquez Membrive, manifestó sus dudas sobre la capacidad de la alumna para superar su deficiencia en estas asignaturas en una reunión en la Universidad. "El problema no es la adaptación del timbre de llamada de los pacientes, que se puede paliar con un vibrador portátil o con señal luminosa", dijo, tal y como refleja el acta de la reunión, "sino que la dificultad se presenta cuando la alumna llega a la habitación y no se puede comunicar con el paciente".

El juez considera un "pretexto" ofrecido por la UAL sugerir que la competencia para la adaptación de las instalaciones del Hospital Torrecárdenas de Almería no le corresponde a ella, sino al Servicio Andaluz de Salud o a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Pero "no consta que la Universidad de Almería se dirigiera al Servicio Andaluz de Salud o a otra Administración en solicitud de cooperación para el establecimiento de los medios materiales, técnicos y de equipamiento para adaptar las prácticas de las dos asignaturas", dice la sentencia. El juez considera "desidioso y abúlico" el comportamiento de la Universidad de Almería, que "deja huero y vacío de contenido el derecho fundamental a la educación y el derecho constitucional a la integración en la sociedad de los discapacitados, lo que significa una injusta exclusión de la alumna".

El rector de la Universidad, Alfredo Martínez Almécija, ha asegurado que la institución académica acatará la sentencia, "independientemente de que la asesoría jurídica está estudiándola y pueda recurrirla". "Vamos a ponernos manos a la obra", dijo el rector, "e implicar a las demás instituciones que deben adaptar los quirófanos".