Bush presiona al Congreso para juzgar a su modo a los presos de Guantánamo

George W. Bush está decidido a sacar adelante su propuesta de comisiones militares para juzgar a los detenidos en Guantánamo, a pesar de que el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado aprobó un proyecto alternativo, gracias a un pacto entre cuatro republicanos disidentes y los demócratas. El presidente se mostró ayer agresivo y, aunque se comprometió a seguir negociando, amenazó con que no permitirá una ley que no "aclare los criterios de actuación de los profesionales" en los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo.

El 29 de junio, el Supremo falló que Bush se había extralimitado al ordenar que los detenidos en Afganistán y otros lugares fueran juzgados en Comisiones militares "que violan los acuerdos internacionales sobre prisioneros de guerra y las normas de Estados Unidos" y pidió que la Casa Blanca negociara con el Congreso una ley sobre el tratamiento y el proceso de los detenidos. La nueva propuesta de Bush -no muy diferente de la que derribó el Supremo- ha sido aceptada en la Cámara de Representantes, pero, a pesar de que el propio presidente tomó el jueves la poco habitual decisión de desplazarse al Capitolio, sufrió un grave tropiezo en el Senado.

Cuatro republicanos, liderados por John McCain -aspirante a la candidatura presidencial de 2008- apoyaron un texto en el que se plantean compromisos sobre la tortura que se ajustan a la Convención de Ginebra y se defiende el derecho de los detenidos a tener acceso a información clasificada en el curso de su defensa. El Gobierno cree que no debe abrir toda la información secreta a los sospechosos de terrorismo, y que en cambio sí debe servir la información obtenida bajo presión y coacción.

Ahí reside el mayor desacuerdo: en la manera en la que la CIA lleva a cabo los interrogatorios. El artículo III de la Convención de Ginebra establece que los prisioneros de guerra deben "ser tratados humanamente". La Casa Blanca dice que la ley de 2005, que prohíbe "el trato cruel, inhumano o degradante", se ajusta perfectamente, pero McCain (autor de aquella ley) considera que la CIA también debe respetar la provisión del artículo III, que prohíbe "atropellos a la dignidad personal, en particular, tratos humillantes y degradantes".

La CIA, explicó McCain, "quiere tener las manos libres y quiere que sus agentes estén protegidos contra cualquier acusación". Irritado, Bush -que se está enfrentando a una revuelta en sus filas que puede desembocar en una votación en el pleno del Senado que derrote su proyecto- dijo ayer que "el enemigo quiere atacarnos de nuevo", que si no hubiera sido por los interrogatorios "nuestra comunidad de inteligencia cree que Al Qaeda y sus aliados habrían tenido éxito en un nuevo atentado contra Estados Unidos" y que "es vital proteger a los profesionales" responsables de esos interrogatorios: "No quieren ser tratados como criminales de guerra, esperan que les aclaremos lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer".

En opinión de Bush, "el artículo III es muy vago... Por eso propongo una ley para aclararlo, para que nuestra gente sepa que lo que está haciendo es legal". Bush insistió en que es fundamental "conseguir información y usar las herramientas adecuadas para enfrentarnos al enemigo y defendernos".

El presidente jugó la carta nacionalista argumentando que los estadounidenses deben "aprobar sus propias leyes para aclarar sus compromisos con los tratados internacionales", y recurrió a algo muy similar al chantaje cuando reiteró que "este programa [los interrogatorios a los detenidos] no seguirá si no se aclaran las vaguedades del artículo III, si no hay claridad y seguridad para nuestros profesionales".

En el fiero debate, el ex secretario de Estado, Colin Powell, ha unido su voz a la de otros militares en la reserva para apoyar a McCain, al que le ha dicho, en una carta, que "el mundo está empezando a tener dudas sobre las bases morales de nuestro combate contra el terrorismo". La referencia sirvió para enfadar aún más a Bush: "Es inaceptable que se establezca cualquier comparación entre el comportamiento de EE UU y los actos de los extremistas islámicos que matan a mujeres y niños inocentes para lograr sus objetivos".

La ley, según The New York Times, "tendría un impacto mínimo en las operaciones antiterroristas, pero podría asestar serios daños a la justicia". "Las dudas de las que Powell habla", señala The Washington Post, "están estorbando la guerra; un presidente que presiona para favorecer la tortura alimenta esas dudas incluso si, como esperamos, el Congreso rechaza su propuesta".