Giro en inmigración

La política de inmigración española, considerada hasta ahora como una de las más liberales del continente europeo, ha empezado a virar tras la llegada de más de 5.000 inmigrantes subsaharianos a Canarias en un mes y medio. El PSOE coincidió ayer con el PP en asegurar que no habrá más regularizaciones de inmigrantes, aunque el partido de la oposición fue más lejos y pidió que quedaran prohibidas por la ley.

El PP considera que la llegada masiva de subsaharianos se debe al efecto llamada de la última regularización, crítica en la que ha recibido el apoyo del ministro del Interior francés, Nicolás Sarkozy, y que encuentra ecos en la Comisión Europea y otros gobiernos. El PSOE cree que la oleada de llegadas masivas no responde a ningún efecto llamada sino que afecta a todos los países de la primera línea de contacto con África, como son Malta, Italia y España, pero se suma al PP a la hora de considerar que la solución es la devolución de los inmigrantes que llegan de forma irregular a través de la cooperación europea y el fin de las regularizaciones masivas.

Los primeros síntomas del cambio de política se produjeron la pasada semana con unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, coincidiendo con la reunión monográfica de la ejecutiva del PSOE sobre esta cuestión. Aunque en un primer momento pudo creerse que se trataba de un mensaje dirigido a las autoridades senegalesas, las últimas reacciones revelan que se trata de un giro más profundo, tanto en el análisis de fondo del problema como en las soluciones. Los datos proporcionados por un estudio de Caixa Catalunya sobre los efectos económicos de la inmigración habían sustentado la teoría que vincula la buena marcha de la economía con la incorporación masiva de mano de obra extranjera. Ayer mismo patronales, sindicatos y ONG desmintieron que el mercado no admita ya más inmigrantes, en un apoyo implícito a esta teoría.

Las políticas de inmigración desarrolladas en España han tenido una gran volatilidad, pues los dos grandes partidos han cambiado varias veces y lo han hecho además estando en el Gobierno. Ha habido ocho regularizaciones, cinco a cargo del PP y tres del PSOE, aunque la mayor ha sido la última de este partido. En muchos casos, impulsados por los efectos más visibles sobre la opinión pública de la entrada masiva de extranjeros en un país que ha visto incrementada su población no española en situación legal en alrededor de cuatro millones y medio en los últimos seis años.

La primera prueba que deberá soportar el nuevo discurso político del Gobierno sobre inmigración serán sus efectos a corto plazo sobre la actual llegada masiva de inmigrantes. Pero la segunda y más importante será más directamente política y Zapatero deberá pasarla en la cumbre informal de la UE que se celebrará en Finlandia en octubre. Y se medirá por su capacidad para suscitar una solidaridad activa y eficaz de todos los europeos ante una entrada tan desordenada, masiva y trágica de cayucos procedentes de África.