PSOE y PP rechazan nuevas regularizaciones aunque Rajoy prefiere prohibirlas por ley

La oleada de cayucos que ha llegado a Canarias en el último mes y medio -más de 5.000 inmigrantes irregulares han llegado en ese plazo al archipiélago- ha provocado un cambio de rumbo en la política de inmigración española.

La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, endureció el discurso oficial para avisar de que el Ejecutivo expulsará a todos los inmigrantes que entren irregularmente en España. Lo hizo coincidiendo con una encuesta, difundida por la cadena SER, que situaba a la inmigración como el problema que más preocupaba a los españoles.

Ese mismo día, la Ejecutiva del PSOE, presidida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trató de forma casi monográfica la crisis migratoria. Varios dirigentes coincidieron en la necesidad de endurecer el discurso para dejar claro que España no acepta ni aceptará a los inmigrantes irregulares y tratará por todos los medios de expulsarlos. Aún así, varios dirigentes aclararon que es necesario compatibilizar este discurso duro con otro, más suave, que pone el acento en la necesidad de tratar con humanidad a los irregulares que llegan en cayucos. Dos días después, el presidente del Gobierno insistió en público de nuevo en ese discurso que había abierto la vicepresidenta.

"Quien entre irregularmente tendrá que salir, con todos los derechos, pero tendrá que salir", insiste José Blanco

Los socialistas sostienen que en 2005 ya anunciaron que no habría más procesos, pero rechazan la reforma de los populares

Los populares pretenden que Interior tenga "el mando único" en inmigración

Rajoy pretende modificar la norma que aprobó su Gobierno, para garantizar que no habrá legalizaciones masivas

Ahora, el PP propone modificar la Ley de Extranjería para prohibir nuevas regularizaciones extraordinarias y el PSOE asegura que no está en su agenda modificar la norma que aprobó el Gobierno del PP en 2003 pero reitera su rechazo a nuevas regularizaciones.

En los últimos 20 años se han realizado ocho regularizaciones extraordinarias (véase gráfico) con las que 1,2 millones de inmigrantes han conseguido permiso de residencia en España. De ellos, 720.000 fueron regularizados por gobiernos socialistas y el resto por el PP.

Con el eslogan: Nunca más otro efecto llamada, el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que va a proponer la modificación de la Ley de Extranjería (aprobada por el último Gobierno del PP) para que se prohíba taxativamente y por ley "efectuar nuevas regularizaciones extraordinarias masivas, que son las responsables del efecto llamada".

Rajoy y el PP mantienen que ha sido "la política de papeles para todos del Gobierno socialista la que ha convertido a España en uno de los mayores receptores de inmigrantes irregulares del mundo". La oleada de cayucos que está arribando a Canarias, según esta tesis de Rajoy, es "resultado de la irresponsabilidad política del Gobierno al poner en marcha un proceso de regularización masiva criticado en su día por la Unión Europea y hace 48 horas por el ministro francés del Interior". Nicolas Sarkozy censuró el pasado viernes al Gobierno español por esa regularización extraordinaria.

La inmigración clandestina va a ser así una de las principales dianas de la oposición del PP al Gobierno: en el Congreso, en el Senado y con una conferencia política específica sobre este asunto que se desarrollará en octubre.Rajoy dedicó ayer el núcleo de su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP (el máximo órgano entre congresos) a desgranar tanto su censura al Ejecutivo como presunto responsable del aumento de la inmigración irregular como sus propuestas para intentar ponerle freno.

Tres son las principales críticas de Rajoy a la política de inmigración del Gobierno. La más insistente y conocida es la regularización extraordinaria que él quiere que ahora se prohíba por ley. La segunda es que el PSOE desglosara en varios departamentos las competencias de inmigración y diera especial protagonismo al Ministerio de Trabajo.

El líder popular propone que vuelvan todas esas competencias a Interior con un "mando único". Y la tercera es que, "debido al modelo de Estado residual de Zapatero", el Ejecutivo no haya exigido que el criterio del Estado, desde un mando único en Interior, prevalezca sobre el de las comunidades autónomas. Él así lo propondrá en el Parlamento.

Junto al mando único en Interior, el PP reclama que se refuercen los controles en las fronteras, en especial en los aeropuertos y en los pasos de los Pirineos. En esa línea, defiende que se despliegue el SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Electrónica) en todo el territorio de Canarias antes de 2008. Ese sistema fue puesto en marcha en Cádiz durante el último Gobierno del PP. Ahora está extendido a toda la costa andaluza y a la zona oriental de Canarias.

Para todo esto, Rajoy pedirá incrementar la dotación presupuestaria para la lucha contra la inmigración ilegal. El aumento de fondos debería ir, dijo, a reforzar los medios especializados (policía, control de fronteras y asistencia técnica); a la creación de nuevos centros de acogida, y a la creación de un órgano especial de atención a menores.

Rajoy también anunció que el PP propondrá la modificación de los requisitos del Padrón para que sólo puedan empadronarse en municipios españoles los "inmigrantes en condición legal".

Con estos elementos, el líder popular va a entrevistarse en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Le pedirá intensificar la cooperación para la lucha contra la inmigración irregular dentro de la UE y que se promuevan convenios conjuntos de regulación de flujos migratorios. El líder popular intentará convencerle de la conveniencia de que todos los países de la UE se comprometan a no realizar regularizaciones masivas y a que ninguno de los Veinticinco tome "decisiones unilaterales" como las que él critica del Gobierno socialista. Asimismo, el Grupo Popular en el Parlamento Europeo propondrá que se homogeneicen las estructuras administrativas en materia de inmigración en toda la UE.

EL PSOE no acepta bajo ningún concepto la idea del efecto llamada del que habla el PP. Recuerdan los miles de inmigrantes que están llegando también a Italia -en la isla de Lampedusa-, un país que no ha reformado su legislación, para desmentir esta tesis. Además, reprochan al PP que hable de efecto llamada con la regularización del PSOE y se olvide de las cuatro que realizaron los populares, algunas de ellas cuando el propio Mariano Rajoy era ministro del Interior. El PSOE prefiere hablar de un "efecto huida" marcado por la pobreza extrema de África y las desigualdades.

Sin embargo, la dirección del PSOE, y en especial José Blanco, han querido dejar muy claro que los socialistas no harán más regularizaciones extraordinarias después de la de 2005. "Nosotros tratamos de regularizar una situación de personas que estaban trabajando sin cotizar y sin ningún tipo de derechos y sin cotizar. Pero ya entonces se dijo que no iba a haber más regularizaciones. A partir de ese momento, todo el que entre irregularmente debe saber que tendrá que salir, garantizándole todos sus derechos, pero tendrá que salir".

El PSOE, por tanto, está de acuerdo con el PP en que hay que poner coto a las regularizaciones, aunque no acepta que haya que cambiar la ley para colocar esa limitación. "La única propuesta de Rajoy ha sido, en realidad, una ocurrencia: enmendarse a sí mismo. Modificar la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno del partido popular", comentó ayer Blanco al conocer la propuesta de Rajoy.

Las modificaciones legales en materia de inmigración no están encima de la mesa del PSOE, aunque el propio Blanco se encargó de recordar que ya Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, admitió hace dos semanas en el Congreso la posibilidad de reformar la ley en algún punto si todos los grupos están de acuerdo. Sin embargo, es difícil que los grupos de la izquierda, que siempre han apostado por una política de inmigración más flexible, estén de acuerdo con este endurecimiento que impide nuevas regularizaciones.