"Esto no lo va a aceptar nadie"

Jaime Viqueira alza las cejas tras la caja registradora de su tienda cuando el periodista despliega la página del diario que dice que su municipio es candidato a albergar un cementerio nuclear. "¡Esto no puede ser!. ¡No me lo creo!". Viqueira prefiere no hablar en nombre de la asociación de comerciantes que preside, Centro Comercial Aberto de Carballo (A Coruña), antes de consultar con los compañeros, pero adelanta su opinión: "Me opongo tajantemente. Ahora que empezamos a tener turismo, quieren acabar con él". En ese momento entra en la tienda un cliente, Víctor Sambade, que se declara militante del BNG y de inmediato comparte el asombro: "Es imposible que Evencio apruebe esto".

"¡Nos quieren poner una bomba en el pueblo!", se queja un hombre de Carballo

Vandellòs, que ya tiene una central nuclear, ha votado contra el depósito

Evencio Ferrero es el alcalde nacionalista de Carballo, y, efectivamente, ha desautorizado la iniciativa tomada por uno de sus socios en el gobierno, el edil independiente Francisco Pérez Ferreiro, de solicitar información al Ministerio de Industria sobre las condiciones de instalación de un almacén de residuos radiactivos. "Si fuera diciembre, pensaría que ha sido una inocentada", dice el alcalde. "Lo hizo por su cuenta, sin informar a nadie. Ha sido un desliz lamentable. Que la gente esté tranquila, porque esto no va a ir adelante". La situación es doblemente embarazosa para Ferrero, ya que la víspera de enterarse por la prensa de la iniciativa de su concejal, el BNG logró que el Parlamento autonómico declarase a Galicia zona desnuclearizada.

La perplejidad se sucede en los encuestados en este municipio de 30.000 habitantes, situado entre A Coruña y la Costa da Morte. Aunque la principal industria de Carballo, la fábrica de conservas Calvo, está reduciendo plantilla, la situación económica del pueblo no es precisamente crítica. "Yo llegué aquí hace cuatro años y encontré trabajo a los cuatro días", cuenta Analía Núñez, una camarera argentina de origen gallego. "Así que no veo la necesidad de quedarnos con esa porquería".

A José Manuel, veterinario de profesión, casi se le atraganta el vino cuando le muestran el periódico. Sin más, coge el móvil y llama a un amigo del concejal: "¿Pero Paco se ha vuelto tonto o qué?. Dile que no alucine". En el corrillo que se ha formado, los hombres mascullan. Bautista, otro veterinario jubilado, se hace cruces literalmente. A José le da la risa: "¡Y ahora nos quieren poner una bomba en el pueblo!. Esto no lo va a aceptar nadie. ¿No habremos tenido ya bastante con todo el monte que ha ardido este verano?".

"En algún sitio habrá que colocarlo, lo que pasa es que todo nos termina por llegar aquí". Así piensa Jordi Núñez, propietario de un restaurante en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), con respecto al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Y es una opinión generalizada en Tarragona, una demarcación con tres centrales nucleares en servicio -Ascó I y II y Vandellòs II-, y otra desmantelada tras el peor accidente del sector en España -Vandellòs I, que sufrió un incendio en 1989-. Varios grupos ecologistas locales, junto a Greenpeace y Ecologistas en Acción, han constituido ya una plataforma cuya función será forzar a los ayuntamientos tarraconenses y otras administraciones a pronunciarse sobre el almacén.

Tarragona cuenta, además, con el mayor polígono industrial petroquímico del sur de Europa, además de dos centrales hidroeléctricas, la mayoría de la energía eólica catalana y dos centrales térmicas de ciclo combinado. "Que pongan el ATC en otro lado", señala Damaris del Castillo, vecina de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant. Este municipio es el único que hasta el momento ha aprobado en su pleno una moción de rechazo al ATC. Su alcalde, Josep Castellnou (CiU), que además preside la Asociación de Municipios Afectados por Centrales nucleares (AMAC), se ha hartado de repetir que no va a promover el almacén.

Tarragona aporta el 23% de municipios agrupados en la AMAC y no ha habido ninguno hasta el momento que se haya posicionado a favor de albergar esta instalación. Las pasadas elecciones autonómicas consiguieron unir a las izquierdas de la zona contra el Plan Hidrológico Nacional y también contra una política energética catalana que derivaba cualquier proyecto polémico hacia el sur. Los dirigentes de todas las formaciones de la izquierda catalana coinciden en señalar que Tarragona ha cumplido ya con su parte de solidaridad.

El portavoz de la plataforma ecologista, Sergi Saladié, explica que al margen de ir pueblo a pueblo para informar, su objetivo es forzar a los ayuntamientos de las áreas de Ascó y Vandellòs a posicionarse públicamente.

Fuentes del sector nuclear ya daban por hecho antes de que el Ministerio del Interior abriera el actual periodo de solicitud de información que Tarragona difícilmente acabaría albergando el depósito, debido al temor que genera en la industria una campaña ecologista de larga duración contra lo nuclear, precisamente en una época en la que el propio sector se ha encargado de reabrir el debate sobre la conveniencia de ampliar el uso de la energía atómica.