Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Bruselas dice no

La OPA de E.ON sobre Endesa continúa quemando etapas en su interminable camino. Si el Gobierno creyó que los 19 requisitos impuestos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la compra de la empresa española por el grupo eléctrico alemán serían aceptados sin más, se ha equivocado. La Comisión Europea ha comunicado a Madrid, de manera preliminar, que las medidas violan la legislación comunitaria sobre la libre competencia y le ha dado de plazo hasta el próximo 4 de septiembre para aportar ulteriores precisiones sobre la "mayor parte" de esas condiciones que, según el órgano comunitario, infringen el reglamento. Bruselas tiene la potestad exclusiva para evaluar las concentraciones con dimensión europea.

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No es todavía el final del largo tira y afloja de esta operación, gestionada políticamente mal por el Ejecutivo español y que suscitó discrepancias entre los departamentos de Economía e Industria. De momento, Bruselas se alinea con la compañía alemana, que tachó de abusivas las restricciones que establecen la venta de las centrales de carbón y nucleares y la de los sistemas eléctricos de Canarias y Baleares de Endesa. Es verdad que no se trata de la última palabra, pero está claro que las restricciones decretadas por la CNE son consideradas hoy por hoy inaceptables por la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, tal como adelantó en una primera valoración a principios de mes, lo que motivó una respuesta de Madrid considerada ahora insuficiente por Bruselas. Exige, por tanto, de la Administración un esfuerzo suplementario -y en muy poco tiempo- para aportar nuevos fundamentos a su tesis en defensa de la política energética nacional, justo cuando está a punto de producirse la salida del ministro de Industria, Montilla, que se mostró desde el primer momento reacio a la OPA alemana.

Todo apunta a que habrá que suavizar las condiciones de la CNE por mucho que la vicepresidenta Fernández de la Vega afirmara ayer que el Gobierno continuará defendiendo su postura "porque creemos que tenemos razón". Si la Comisión Europea persiste en considerar ilegales las limitaciones impuestas por el órgano regulador, España sólo tendrá como salida recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

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