El exilio de Miami echa cuentas

La actividad del exilio cubano de Miami ha pasado de la explosión de alegría inicial en las calles al debate en las aulas de las universidades y al frenesí en los despachos de los abogados. En la mente de todos está no sólo la política, sino también la economía, aliñada con la sobredosis de pasión con la que se mira desde aquí a todo lo relacionado con Cuba. A eso hay que añadirle el valor político del voto cubano de Florida, cuyo peso ha conseguido mantener un embargo comercial contra el que muchas empresas estadounidenses no están de acuerdo.

Nadie confía en que Raúl pueda impulsar la apertura económica "porque ahora Cuba, ayudada por Chávez, está mucho mejor que hace diez años y no es imprescindible para su supervivencia hacer reformas", asegura Jorge Piñón, del Institute for Cuban and Cuban-American Studies. Pero la salida de Castro del poder acerca un poco más el futuro a un cambio, que desde el prisma de Miami pasaría por la liberalización de los precios, la privatización de empresas y bancos, el estímulo de la pequeña empresa y la creación de mecanismos de protección social, según se debatió en un encuentro reciente de la Asociación de Estudios para la Economía Cubana (ASCE), una organización que lleva 15 años estudiando escenarios para una transición en Cuba.

Uno de los puntos más conflictivos es el de la recuperación de las propiedades nacionalizadas por Castro en 1960, cuyo valor era entonces de 9.000 millones de dólares (7.030 millones de euros). Tomás Rodríguez lanzaba un mensaje tranquilizador hacia la isla el pasado domingo a través de las ondas del programa de radio Agenda Cuba, que lleva el nombre de su organización, de apoyo a la disidencia: "Ningún cubano de Miami piensa en ir a quitarle su casa a los cubanos".

Hay que contrarrestar los años de propaganda castrista, que han alimentado ese miedo. En Miami todos coinciden en que cuando la isla se abra, esas reclamaciones, que se producirán -ya hay interpuestas cerca de 6.000 demandas- no afectarán a los residentes. "En un gobierno en transición a la democracia habría una política social fuerte. Tenemos la experiencia de los países del Este de Europa, donde hemos visto que el proceso de reconversión de la economía crea, de forma temporal, un aumento del desempleo por la quiebra de empresas no productivas y la reorientación de la economía. Pero lo último que uno quiere es que encima la gente se quede sin hogar. Lo más factible es que el estado entregue títulos de propiedad a los inquilinos, a precios simbólicos, para que, además, tengan la posibilidad de vender su casa y aumentar la movilidad laboral", propone el español Ricardo Lago, miembro de la ASCE y ex funcionario del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. "El Estado tendría que entregar bonos como forma de compensación a propietarios de empresas y terratenientes pero la restitución no es recomendable, porque entonces los activos productivos quedarían inutilizables durante la duración de los litigios", añade.

Pero en ese sentido, la lucha promete ser más dura puesto que ya está en marcha. Alberto Bergueristain, de 74 años, poseía azucareras, destilerías "y miles de hectáreas de tierras". Y quiere recuperarlo todo, "menos las casas, porque yo no voy a echar a la calle a mis compatriotas". Él es uno de los más de 100 clientes del abogado Nicolás Gutiérrez, quien, amparándose en el embargo garantizado por la ley Helms-Burton, que penaliza a las empresas que trafiquen con bienes expropiados por Castro, espera que el Gobierno de EE UU castigue, entre otras, a la empresa española Meliá. El grupo opera en la provincia de Holguin en los antiguos terrenos de otra familia del exilio, los Sánchez Hill.

Las demandas llevan años interpuestas pero en esta última semana, sus clientes "se han interesado por el futuro", asegura Gutiérrez. De momento aspiran a desalentar la inversión extranjera. "Cuando llegue la democracia, el pueblo decidirá, pero el Estado tendrá que compensarnos, como en Rusia".

Desde Washington, el propio George Bush llamaba el lunes a la calma en ese sentido, pidiendo paciencia hasta que se produzca una transición política real. Mientras, las empresas estadounidenses favorables a levantar el embargo, que sí les permite exportar a Cuba productos agrícolas, alimentarios y sanitarios, comienzan a inquietarse. Kirby Jones, de la Asociación de Comercio entre EE UU y Cuba afirma: "Cuanto más dure el embargo, menos posibilidades comerciales tendremos en la isla porque otros, como España, nos llevan la delantera".