La guerra y la represión

La ley se ha elaborado basándose en el trabajo de la comisión interministerial, que ha realizado dos informes, uno general sobre lo que se ha hecho y lo que se debería hacer, y otro específico sobre la situación de los archivos de la guerra y la represión.

La primera conclusión a la que ha llegado la comisión es que en los últimos 30 años se han hecho muchísimas cosas desde la Administración para tratar de reparar a las víctimas, especialmente a las republicanas, ya que a las otras ya las reparó la propia dictadura. Entre las medidas, el Gobierno cita la Ley de Amnistía de 1977; el proceso de rehabilitación de funcionarios públicos como maestros, catedráticos o jueces; las pensiones para quienes pertenecieron al Ejército republicano; las indemnizaciones a los que sufrieron más de tres años de cárcel durante la represión franquista; la devolución de patrimonio de sindicatos y partidos políticos, la concesión de la nacionalidad española en 1996 a quienes participaron en las brigadas internacionales o la más reciente concesión de pensiones a los niños de la guerra.

Ese mismo informe ha concluido que, sin embargo, quedaban algunas cosas por hacer en estos conceptos y sobre todo mucho por legislar en lo que se refiere a los que fueron condenados a trabajar en batallones disciplinarios, los llamados esclavos del franquismo. Miles de presos políticos trabajaron hasta bien avanzados los años 50 -en el caso del canal del Guadalquivir hasta 1962- para reducir sus condenas en unos campos de trabajo, como en el que construyó el Valle de los Caídos, en condiciones durísimas.

También quedaban cosas por hacer, según el informe, en el reconocimiento de los que sufrieron los campos de concentración durante la guerra y poco después. Hasta 104 hubo en España y por allí pasaron 400.000 personas, según los historiadores.

Los expertos de la comisión también se han dado cuenta de que había otros puntos en los que actuar: por una parte, la localización e identificación de víctimas, esto es, lo que se refiere a la reapertura de fosas comunes donde fueron enterrados los republicanos paseados, y las llamadas víctimas de la Transición, que fallecieron entre 1968 y 1977 a manos de la policía y no han podido acogerse a la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Se ha realizado un exhaustivo estudio de la situación de los documentos de la Guerra Civil y la represión franquista. La principal conclusión a la que se ha llegado es que se conserva casi todo, nadie ha querido o podido borrar los documentos de la represión. Hay un gran fondo, concluyen los especialistas, aunque muy desorganizado, hasta el punto de que algunos archivos se miden por los metros que ocupan las cajas de documentos nunca clasificadas. El caos es tal y la necesidad de unificar toda la documentación tan urgente que el informe propone la preparación de una Ley de Archivos y Documentos, que en España no existe, para garantizar que se mejora el tratamiento.

Se promoverá la digitalización de toda la documentación para convertir el Centro de la Memoria en Salamanca en un enorme archivo digital de la guerra y la represión, sin necesidad de mover ninguna documentación de donde está ahora.