El Gobierno estudia recomendar a los alcaldes y a la Iglesia la retirada de los símbolos franquistas

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tomarán esta semana la decisión definitiva sobre el polémico proceso de recuperación de la memoria histórica que el Gobierno inició en 2004. El PP se opone por completo a cualquier medida en esa dirección, mientras los socios de los socialistas, IU y ERC, exigen una ley de memoria que incluya la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo. Ante la tesitura de no tener el apoyo de ninguno de esos grupos, el Ejecutivo podría plantearse posponer de nuevo su iniciativa.

Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que quiere aprobar el anteproyecto de ley de memoria histórica en la reunión del próximo del Consejo de Ministros, el viernes. El plan que Zapatero tendrá sobre la mesa incluye dos informes, uno general y otro específico sobre documentación relativa a todos los aspectos de la represión franquista. En el primero, centrado en las víctimas de ambos bandos en la Guerra Civil y en la represión posterior del franquismo, figura todo lo regulado hasta ahora por los Gobiernos democráticos y plantea lo que se debería hacer. Esas recomendaciones deberán ser desarrolladas por la ley que está prácticamente lista y pendiente del visto bueno del jefe del Ejecutivo.

Uno de los asuntos clave en el plan del Gabinete socialista es el de los símbolos franquistas. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que no puede prohibir a ningún Ayuntamiento que una calle de su municipio lleve el nombre de un militar golpista. Pero sí pretende hacer una recomendación a todas las autoridades locales y autonómicas -que tendrá carácter de orden para los organismos estatales- para que eliminen todos los símbolos y monumentos que elogien a golpistas o ensalcen el espíritu del golpe de Estado de 1936.

Centenares de calles, plazas y paredes de iglesias de toda España conservan esos símbolos, como puede apreciarse en una página web especializada en este asunto (http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/simbolos_franquistas. php). La mayoría de las calles y monumentos más significativos están en ciudades y pueblos donde nunca ha gobernado la izquierda, ya que tanto los socialistas como Izquierda Unida suelen retirar este tipo de símbolos y el PP no los recupera, como sucedió en Ferrol con la estatua de Franco. Aunque también algún alcalde socialista se ha negado a quitar esos nombres del callejero, entre ellos Francisco Vázquez mientras fue regidor de A Coruña.

Donde el interés cultural o histórico aconseje no destruir el monumento, como en el Valle de los Caídos, la recomendación del informe es que se coloque en un lugar bien visible un texto que explique qué significó la dictadura y la represión que llevó aparejada.

El informe ampliará estas recomendaciones a la Conferencia Episcopal, ya que en el exterior de multitud de templos aún permanecen placas dedicadas a los "caídos por Dios y por España" en el bando nacional. El Ejecutivo no puede hacer más que eso, puesto que la Iglesia es completamente autónoma.

Por lo que respecta a los juicios sumarísimos contra los opositores al régimen franquista, el Gobierno prepara una fórmula para reconocer que esos tribunales militares no fueron justos y poder rehabilitar moralmente a todos los que fueron fusilados, pero quiere evitar a toda costa la declaración de nulidad de los juicios. La nulidad es la opción que reclaman las asociaciones y los familiares de los represaliados.

También sobre este asunto, la decisión final se tomará esta semana, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en augurar que finalmente no se anularán los juicios, porque eso implicaría que los familiares tendrían derecho a compensaciones económicas muy fuertes, y abriría un largo periodo de conflictividad en la Administración por parte de miles de familiares afectados que reclamarían indemnizaciones.

El Gobierno es consciente de que en el mundo judicial hay muchas opiniones en contra de anular los sumarios porque se entiende que son "cosa juzgada" y por tanto su revisión podría implicar cierta inseguridad jurídica. Fuentes del Ejecutivo sostienen que anular los juicios supondría ir en contra de las sentencias reiteradas sobre este asunto del Tribunal Constitucional.

El fiscal, en contra

Frente a esa opinión, compartida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en un informe realizado sobre este tema a petición de la comisión interministerial que lo estudia, otros juristas reconocidos, como el magistrado José Antonio Martín Pallín y el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo han defendido con ahínco en los últimos meses la anulación de los juicios sumarísimos. Su argumento es que unos tribunales democráticos no pueden dar por buenas las sentencias ni considerarse herederos de tribunales militares surgidos de una Guerra Civil y una dictadura militar que conculcó todas las libertades.

Además del informe sobre las víctimas, también está ultimado otro documento sobre los archivos de la represión. Este es un tema fundamental para las asociaciones de familiares, ya que la mayoría de ellos simplemente quieren conocer la verdad, saber qué pasó verdaderamente.

El informe detalla la caótica dispersión de la documentación, repartida en centenares de archivos militares y civiles, conservada de forma precaria y mal sistematizada, de tal manera que, en ocasiones, un familiar preocupado por lo que sucedió con su ser querido depende de la decisión del funcionario que le toque en suerte para poder llegar a obtener los documentos que reclama. Por eso el informe dará recomendaciones sobre cómo unificar y reclasificar los archivos de la represión no sólo durante la guerra, que están en Salamanca, sino sobre todo después, durante la dictadura.

El informe agrega que, al menos, los documentos no han sido destruidos porque nunca hubo un interés real de la dictadura, la única que podía hacerlo, por hacer desaparecer la prueba de sus desmanes.