Crónica de una nacionalización anunciada

Durante los últimos años las empresas españolas han vivido semanas dramáticas en América Latina. El retorno al populismo económico en Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia pone de manifiesto la enorme volatilidad política de una región del mundo que aún no se ha encontrado a sí misma ni tampoco ha resuelto -salvo en los casos de Chile y México- la cuestión de cuál habrá de ser su papel en la economía global. América Latina fue en su momento la tabla de salvación de las grandes empresas españolas de los sectores de infraestructura, energía, servicios y banca, que se encontraban en una situación precaria ante la construcción del mercado único europeo de 1993.

En aquellos momentos, las empresas españolas carecían de la dimensión necesaria para competir en Europa. De no haber sido por su expansión latinoamericana, seguramente hoy algunas de esas empresas estarían siendo gestionadas desde otros países europeos como subsidiarias o filiales de otras empresas aún mayores. La competitividad de la empresa española de infraestructuras y servicios se debe en gran medida a la dimensión y experiencia internacionales adquiridas al otro lado del Atlántico.

Las empresas fueron ingenuas al asumir que se respetarían los pactos con presidentes autocráticos

Para las empresas españolas la situación actual es delicada pero en absoluto desesperada. Pese a los casos de nacionalización, de rescisión o de renegociación de contratos decididos recientemente en Argentina, Perú y Bolivia, la mayor parte de los 100.000 millones de euros invertidos en la región continúan generando beneficios importantes. Aún más, esas inversiones están contribuyendo al desarrollo de las economías latinoamericanas en general.

La naturaleza de esos cambios, y las dificultades políticas asociadas, deberían dar pie a una reflexión sobre el modo de operar de las empresas españolas. A menudo, las condiciones iniciales de entrada en América Latina fueron pactadas con presidentes que querían modernizar sus respectivos países, pero que no siempre contaban con un respaldo popular sólido o genuino. Fueron en muchos casos presidentes que incurrieron en actuaciones de dudosa legalidad o cuyas políticas terminaron siendo impopulares (Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Banzer en Bolivia, etcétera).

Las empresas españolas fueron, en el mejor de los casos, un tanto ingenuas al asumir que las condiciones pactadas con presidentes autocráticos iban a ser respetadas por sus sucesores. Ante el futuro, la primera consideración que debería tener en cuenta la empresa española debería ser la de procurar competir sobre la base de tecnología y capacidades directivas en lugar de tratar de beneficiarse de los privilegios o licencias otorgados por el presidente de turno.

Pero las empresas no son las únicas responsables. La diplomacia española suele reaccionar a las crisis políticas en América Latina más que anticiparse a ellas. La comunicación -y mucho menos la colaboración- entre la empresa y la diplomacia es casi inexistente. Bien es cierto que estos problemas no se pueden atribuir tampoco a nuestro servicio exterior, que carece de los medios y del personal adecuados para defender los crecientes intereses económicos y financieros de España en el extranjero. Los problemas de empresas tan emblemáticas como Telefónica, Repsol o Endesa en Argentina, Perú o Bolivia debieran producir el empuje necesario para un replanteamiento a largo plazo de sus estrategias competitivas así como de los ejes de la política exterior española.

Sin abandonar América Latina, las empresas españolas llevan al menos un par de años tratando de reequilibrar su presencia internacional a favor de zonas con riesgos políticos menos pronunciados, tales como Europa, América del Norte e incluso el Este de Asia. Queda todavía por realizar la tarea más ardua, la de crear en España centros de excelencia en lo que al conocimiento y la predicción de los cambios políticos se refiere. Instituciones como el Real Instituto Elcano, el CIDOB o Casa Asia podrían servir de base a ese propósito.

La dinámica de cambio -político, económico, social- en el entorno global es permanente. Muchas de esas alteraciones no son fáciles de anticipar. Todas las empresas del mundo se enfrentan a la misma situación, pero resulta llamativo observar que algunas los gestionan mejor que otras: minimizan más acertadamente los efectos negativos sobre sus operaciones.

El título de este artículo podría dar la impresión de que los cambios políticos adversos para los inversores extranjeros están escritos, o pueden predecirse. No se trata de exigir a los directivos empresariales el conocimiento de lo que va a ocurrir, sino de anticiparse a los cambios estructurando las inversiones y las operaciones del día a día de tal manera que los efectos sean de la menor intensidad posible.

Las tres recomendaciones más útiles son sencillas de formular, aunque a menudo se olvida su importancia en medio del frenesí que suele caracterizar los procesos de inversión en el extranjero. Primero, nunca se debe invertir en un país simplemente porque el Gobierno anfitrión ofrezca algún tipo de incentivo o trato especial, puesto que tales privilegios tan pronto se dan como se quitan. Las inversiones deben tener su propia lógica interna. Segundo, se deben evitar países en los que el titular del poder ejecutivo -el presidente- goce de autonomía con respecto a los poderes legislativo y judicial, dado que el inversor carecerá de opciones para defender sus intereses en caso de que el Ejecutivo cambie las condiciones operativas. Por último, la alta dirección de una empresa nunca puede culpar a un determinado Gobierno de perjudicar sus intereses. El trabajo del directivo consiste no solamente en lanzar productos al mercado y contabilizar beneficios, sino también en anticiparse a los cambios, ya sean económicos, tecnológicos o políticos.

El buen directivo nunca escurre el bulto; en toda organización, la responsabilidad siempre llega hasta la cúspide.

Mauro F. Guillén es catedrático de Dirección Internacional de Empresas en Wharton School. Emilio Ontiveros es catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos pertenecen al Consejo Académico de la Escuela de Finanzas Aplicadas.