Sin reconocimiento oficial

Los nietos de los perdedores quieren recuperar la memoria de sus abuelos. En un movimiento que se reavivó alrededor del año 2000, bajo la mayoría absoluta del PP, centenares de jóvenes, en su mayoría nietos de vencidos y represaliados, han querido conocer y rehabilitar las historias trágicas de la guerra y la represión franquista. Han reabierto fosas comunes y han presionado en sus pueblos para que retiren las calles, los monumentos y las placas franquistas. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que hay más de 30.000 personas enterradas en las cunetas y fosas comunes de los cementerios. Dos mil familiares les han escrito para encontrar los restos de sus abuelos. Doscientos cincuenta de ellos ya han sido recuperados, lentamente, con tesón.

Este movimiento ha conseguido una adhesión inesperada sobre todo entre los jóvenes. Miles de ellos se han acercado a distintos homenajes en universidades, ayuntamientos y distintos foros.

Después de muchos años en los que los asuntos de la memoria histórica quedaron en un segundo plano, en 2002, la presión de las asociaciones llegó al Congreso. Por primera vez, el PP aceptó condenar el golpe de Estado franquista. Todos los partidos apoyaron por unanimidad, precisamente un 20 de noviembre, conmemoración de la muerte de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, una proposición no de ley en la Comisión Constitucional en la que se condenaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936.

Las asociaciones pensaron que había llegado el momento. Que por fin tendrían apoyo para reivindicar la memoria de los vencidos, para reabrir las fosas y, sobre todo, para acabar con los símbolos franquistas que aún perviven, el más simbólico de ellos, el Valle de los Caídos, convertido en el gran mausoleo del dictador. Pero no fue así.

El PSOE se comprometió entonces a trabajar en la recuperación de la memoria histórica si llegaba al Gobierno. Lo logró, y en junio de 2004, sólo un par de meses después de tomar posesión, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a realizar un informe sobre la memoria. Se creó una comisión interministerial expresamente con este objetivo.

El nombre de este órgano ya demostraba el interés del Gobierno por no reabrir viejas heridas. Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, se llama. El Ejecutivo pretendía con ello dejar claro algo que siempre reclama el mundo conservador: en los dos bandos se cometieron atrocidades durante la guerra. A partir de esa realidad, sin embargo, el informe y la ley que prepara el Gobierno, y que dará a conocer antes de que concluya el mes de julio, se centra en la represión franquista, cuyas víctimas no han tenido nunca un reconocimiento oficial al margen de las pequeñas compensaciones económicas recibidas en los ochenta.

El Gobierno ha querido desvincular por completo la Ley de la Memoria Histórica de cualquier tipo de fecha simbólica. No quiso sacarla en el entorno del 20 de noviembre de 2005, cuando se cumplían 30 años de la muerte de Franco. Tampoco aceptó presentarla, como pedían IU-ICV y ERC, alrededor del 14 de abril, 75 años después de la instauración de la II República. Y ahora también ha querido que llegara el 18 de julio, 70º aniversario del golpe de Estado, sin que la ley estuviera aprobada.

El 18 de julio será condenado hoy de manera puntual por algunas asociaciones de republicanos y también será conmemorado por grupos minoritarios de nostálgicos. En Segovia habrá un acto de condena oficial con la presencia de Gaspar Llamazares (IU) y de Ramón Jáuregui (PSOE). Pero no se celebrará ningún acto oficial con la presencia del Gobierno. A pesar de que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han declarado esta fecha como día internacional de condena, una iniciativa similar tuvo en el Congreso español el veto del PP. Por tanto, oficialmente se conmemorará en toda Europa menos en España.