La temporalidad laboral en la Administración es sólo 4 puntos menor que en las empresas

Uno de cada cuatro trabajadores de la Administración general del País Vasco (el 26,5%) tiene un contrato interino o eventual, un índice de temporalidad laboral que sólo es cuatro puntos inferior a la que se registra en el sector privado (el 30,6%). Los porcentajes son aún superiores en los ayuntamientos. La consejería de Hacienda considera que estos niveles de eventualidad van a verse reducidos pronto con la convocatoria de varias ofertas de empleo. El Gobierno mantiene el compromiso adquirido en 2005 con los sindicatos de rebajar hasta el 8% el personal eventual en su plantilla.

Los niveles de inestabilidad laboral en el sector privado y el público tienden a equipararse sin solución de continuidad a la vista de la evolución de los últimos años. Las empresas partían en 1994 de un porcentaje del 37,5% de contratos temporales, muy por encima del 23,6% en la Administración autonómica vasca. Sin embargo, una década después, las diferencias se han recortado de forma notable. La temporalidad ha crecido en el sector público hasta el 26,5%, mientras que las empresas han logrado rebajarla hasta el 30,6%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un estudio del sindicato ELA pinta un panorama aún más negativo, pues sitúa la tasa de interinidad pública en el 33%, lo que supone un registro "escandaloso", según la representante de esta central Izaskun Gana. Pilar Collantes, de CC OO, sostiene que el aumento de la eventualidad en el sector público es fruto de una gestión de los recursos humanos "nefasta".

Los últimos datos entregados en el Parlamento por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarruzabeitia, ponen de manifiesto que de las 37.935 personas adscritas a la Administración general -5.800 trabajan en el Gobierno, 21.700 en Educación, 8.000 pertenecen a la Ertzaintza y 2.300 son personal de Justicia-, el 73,45% tiene un puesto fijo. El resto, los trabajadores eventuales, cubren vacantes de funcionarios o tienen contratos de sustitución o de acumulación de tareas. En Sanidad (Administración institucional), la situación es aún peor: de una plantilla de 27.540 empleados, los temporales representan casi el 39%. En cambio, el 80% de los 3.010 trabajadores de las empresas públicas (EITB, el EVE, entre otros) es personal laboral fijo.

Son datos referidos a la plantilla de 2004 que el Gobierno está actualizando en un nuevo informe sobre el personal al servicio de la Administración, cuyos detalles se darán a conocer el próximo mes de septiembre. El Ejecutivo se muestra convencido de que los últimos datos de que dispone moderan los niveles de temporalidad.

Ofertas de empleo

De cualquier manera, la consejería asegura que estos porcentajes van a menguar de forma considerable cuando este mes culmine la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2000, ya desbloqueada tres verse sometida a un largo litigio en los tribunales. Con esta medida, cerca de 700 trabajadores que ahora ocupan puestos vacantes pasarán en breve a la categoría de funcionarios. Y en cuanto se lleve a cabo un concurso de traslados, el Gobierno tiene previsto convocar otra OPE para aumentar la estabilidad laboral.

A propósito de ello, Administración Pública recuerda que la cifra de temporales va a experimentar una variación importante si llega a buen puerto la mesa sectorial de Educación, en la que el Gobierno plantea una nueva OPE para 1.500 docentes. Del mismo modo, en la negociación del convenio en Osakidetza, ofrece a los sindicatos 4.000 nuevas plazas para funcionarios.

El Gobierno asegura que respetará el acuerdo firmado en 2005 con UGT y CC OO, que fijaba un porcentaje máximo del 8% de personal eventual en la Administración, aunque entonces no se marcó ningún plazo para cumplir dicho compromiso. Los sindicatos recelan de ello y advierten de que la interinidad de los empleados públicos tiene que entenderse como "una medida transitoria para atender situaciones de necesidad urgentes", subraya Gana. Además de la temporalidad, remarca que es necesario corregir el "fuerte incremento de la subcontratación y la privatización de servicios" en la Administración.