Un Senado para debatir temas educativos

La reforma del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de debate de la comunidad educativa, incluirá a los 17 presidentes de los consejos escolares autonómicos, una representación territorial que establecía la Ley Orgánica de Educación recién aprobada. Así se recoge ahora en el borrador que ha redactado el Ministerio de Educación. Estos 17 nuevos miembros se incorporarán al pleno del Consejo, pero, además, formarán una comisión territorial que tendrá prácticamente las mismas funciones que las que ejerce la comisión permanente. La permanente, en la que participa una delegación de cada uno de los grupos que forman el Consejo, es la encargada de elaborar informes educativos que luego se debaten y votan en el pleno. Ahora también la comisión territorial tendrá esa misión y algunas otras junto con la permanente.

Las enmiendas que no superen un porcentaje de votos no se debatirán en el pleno

La llegada de estos presidentes autonómicos, todos ellos elegidos por la Administración, no ha tenido la misma aceptación entre los consejeros. Para empezar, se han quejado por carta a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, por no haber sido informados sobre la marcha de estos cambios que les afectan directamente para darles la oportunidad de debatirlos sin verse abocados, simplemente, a presentar enmiendas.

La mayoría de las asociaciones no ve con malos ojos que haya una representación territorial en el Consejo estatal, puesto que las competencias educativas están transferidas y dependen de las administraciones autonómicas, pero albergan otros temores. "Lo que no puede pasar es que se cambie el porcentaje de votos que tiene la comunidad educativa estatal [padres, profesores, alumnos]. Ahora serán 17 votos más que pueden desvirtuar el equilibrio actual. Si eso ocurre, habría que cambiar el peso de la comunidad educativa", explica Luisa Martín, de CC OO. "Los presidentes autonómicos, salvo el de Canarias, están elegidos por la Administración y no podemos saber si serán auténticos portavoces de sus consejos escolares", advierte Martín.

Por parte de UGT, su responsable, Carlos López, explica: "Lo que no puede ocurrir de nuevo es lo que ha pasado con la ley educativa, que hubo dos informes, el del Consejo Escolar estatal y el de los consejos autonómicos. Deben tener voz y voto en el Consejo estatal, porque así es ya la realidad educativa, pero no estamos de acuerdo con la comisión territorial porque deberían trabajar como el resto de los grupos, integrarse en la comisión permanente mediante una delegación y asistir a los plenos, eso sí".

También en los sindicatos CSIF y STES se comparte el temor por que se vea alterada la proporcionalidad de votos en el pleno. No rechazan la presencia de los presidentes, pero sugieren que, en ese caso, se aumente la de los profesores.

Los padres de alumnos no tienen opiniones muy diferentes, algo poco usual. La presidenta de la Confederación Laica de Padres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, advirtió de los muchos posicionamientos estrictamente políticos que pueden concurrir en el Consejo. "Eso es algo que ya pasa en la actualidad, si ahora encima se oye la voz de otras administraciones, puede ser un exceso de política en detrimento de las opiniones de la comunidad educativa", opinó. En la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) critican abiertamente que "los presidentes serán la voz de sus administraciones", es decir, del Gobierno de sus comunidades autónomas, que es quien los nombra.

Entre los alumnos hay opiniones varias. Para el Sindicato de Estudiantes (SE) la reforma del Consejo es la oportunidad para democratizarlo y "que no sea sólo consultivo, que tenga poder real, donde los presidentes, incluso los autonómicos, sean elegidos desde la base", expone el líder del SE, Juanjo López.

El responsable de la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), Álvaro Vermoet, cree que esto "dará paso a los nacionalistas y mayor peso político al único órgano estatal que quedaba".

Las patronales de los centros privados tampoco reciben con muchas palmas la incorporación territorial al consejo escolar. El presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza FERE-CECA, Manuel de Castro, cree que esto, al final, "politizará excesivamente el Consejo. Parece que vayamos a repetir lo que ocurre en el Parlamento y esto no debe ser un Parlamento, aquí debe hablar la comunidad educativa", explicó. La presidenta de la patronal CECE, Isabel Bazo, no lo ve del todo mal si no se altera "la estructura del Consejo". "Puede que sea adecuado, así se verán tantas diferencias como va a haber entre unas comunidades y otras en la educación y lo que plantea cada una", dice.

El nuevo Consejo Escolar tendrá dos vicepresidentes, según la propuesta del Gobierno. Y las enmiendas que presenten los consejeros -que a veces se cuentan por centenares- deberán pasar primero por la comisión permanente y sólo las que obtengan un porcentaje de votos determinado llegarán al pleno.

Si los consejeros faltan repetidamente a las reuniones el presidente lo notificará a la asociación que lo propuso.