Siglos de historia en un fondo estatal

El nombre del Archivo de la Corona de Aragón está en el origen de gran parte de la polémica. Fue a mediados del siglo XVIII cuando el pretencioso archivero Francisco Javier de Garma y Durán envió un memorandum a Madrid pidiendo el cambio de nombre y que se traspasaran a este centro, que hasta entonces se había llamado Archivo Real de Barcelona, los fondos relacionados con la antigua Corona de Aragón que se encontraban en los archivos históricos de los reinos de Valencia, Mallorca y Zaragoza -que, dado el carácter descentralizado de la confederación catalano-aragonesa, se habían creado en época tan temprana como el siglo XV y que actualmente son de gestión autonómica-, así como parte de los fondos que se encontraban en Madrid o en Simancas.

No le hicieron caso más allá de concederle el pomposo nombre al archivo, pero Garma modificó su organización original para ajustarlo a su proyecto, y sus sucesores continuaron su labor hasta entrado el siglo XX. En 1852 ingresó en el ACA la mayor parte del archivo del Consejo de Aragón, fondo procedente del Archivo de Simancas, donde estaba depositado desde el siglo XVII.

Este fondo, junto al del Archivo Real -entre cuyos legajos destacan los documentos generados entre 889 y 1137 por los condes de Barcelona- y el de la Real Audiencia de Cataluña -con documentos desde el siglo XVI hasta el XIX-, son los que tienen mayor incidencia en el devenir histórico de los cuatro territorios que integraban la antigua corona.

Pero, y aquí empieza el lío, el ACA también ha sido un archivo administrativo activo que con los siglos -especialmente en los convulsos XIX y XX- ha recibido muchos fondos procedentes de otras instituciones -como es el caso de los diversos archivos monacales, o también el de la antigua Generalitat de Cataluña o del histórico Consejo de Ciento que regía la ciudad de Barcelona- y también del funcionamiento normal del Estado en Cataluña. Es decir, protocolos notariales, la documentación de la delegación de Hacienda en Barcelona y muchos otros fondos históricos. Para complicar más la cosa, Barcelona no dispone aún de Archivo Histórico Provincial, por lo que el ACA ha cumplido esta función, que tienen cubierta con sus respectivos centros las otras provincias del Estado. Su ritmo de crecimiento ha sido tal que, según la asociación de archiveros de Cataluña -en cuya web www.arxivers.com puede consultarse en castellano el libro sobre el ACA que editaron en 2003-, en estos momentos el 80% de los fondos de este archivo son estrictamente catalanes.

Basten estos ejemplos para explicar la dificultad de reorganizar el archivo desde un punto de vista moderno y atendiendo tanto a las aspiraciones catalanas como a las de las otras comunidades. El nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum el pasado 18 de junio, en su disposición transitoria treceava, establece: "Los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña. Para la gestión eficaz del resto de fondos comunes con otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat tiene que colaborar con el patronato del ACA, con las otras comunidades autónomas que tienen fondos compartidos y con el Estado por medio de los mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo".

Es una disposición que abre puertas a una posible redistribución de estos fondos, pero que no se pronuncia claramente respecto a su propiedad, que podría continuar siendo estatal. "La solución puede ser fácil si hay un acuerdo en la dimensión estructural y científica de estos fondos", indica Ferran Mascarell, consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña. "Lo que dice el Estatuto es que aquellos fondos que no corresponden a la realidad histórica de la Corona de Aragón tendrían que estar en los centros que les correspondan en el sistema archivístico catalán".