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La polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

El canon para soporte digital ya es definitivo

El PSOE y el PP lo defienden como un sistema para proteger la producción cultural

La Ley de Propiedad Intelectual, que consagra y amplía el canon a favor de los autores sobre los soportes digitales, desde CD a reproductores de MP3, es desde ayer una realidad. El Congreso aprobó, con la abstención de ERC y PNV, una norma que ha generado una gran polémica entre autores, productores, distribuidores, radios, televisiones y asociaciones de usuarios. Tras los últimos retoques en el Senado, las que se muestran más satisfechas son las sociedades de gestión de derechos de autor. A pesar de la oposición de usuarios -se recogieron más de 100.000 firmas- y algunos expertos, el canon fue apoyado por el PSOE y el PP, que lo defendieron como la única manera de garantizar el equilibrio entre el avance de la tecnología y los derechos de los autores.

El largo debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha estado marcado por un evidente choque de intereses entre la industria, los autores y los usuarios. Los partidos han tenido que optar sabiendo que estaba en juego mucho dinero, y que casi cada artículo podía suponer un ingreso o una pérdida extraordinaria para cualquiera de los sectores implicados que, según fuentes de la negociación, han presionado constantemente a los legisladores.

Los usuarios decidieron batallar contra la ampliación del canon que ya existe sobre soportes analógicos a los digitales. Más de 100.000 firmas que pedían su abolición llegaron al Senado, mientras la Sociedad General de Autores (SGAE) insistía en la oportunidad de ampliar ese canon. Finalmente, los principales grupos políticos, especialmente el PP y el PSOE, han apoyado la existencia del canon, lo que satisface a las sociedades de gestión de derechos.

La ley de Propiedad Intelectual, que debía ser modificada para incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria del 22 de mayo de 2001, fija con mucho detalle el canon para los soportes analógicos. En las fotocopiadoras, por ejemplo, el canon es de hasta 200 euros por cada equipo con capacidad de realizar más de 50 copias al minuto. Para las tradicionales casetes, por ejemplo, el canon es de 0,18 euros por cada hora de capacidad de grabación, y para las cintas de vídeo, de 0,30 euros por hora. Con el soporte digital, la ley da a las partes (sociedades de gestión y fabricantes) un plazo para pactar la lista de soportes sometidos al canon y su cuantía. Si no llegan a un acuerdo, será la Administración la que la fije. En el texto, la Administración ya adelanta algunos criterios (0,6 euros un cedé), y aclara que siempre es ella quien debe aprobar las tarifas. La norma establece algún criterio para fijar los importes como que "deberán ser proporcionados económicamente respecto del precio medio final al público de los mismos".

Este canon ha sido muy polémico. Hasta el punto de que el Ministerio de Industria pidió un informe a expertos cuyas conclusiones solicitaban su eliminación. "El canon de copia privada es un sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto", fue el análisis rotundo de la Comisión Asesora de la Sociedad de la Información, un equipo dirigido por el catedrático Manuel Castells, uno de los principales expertos mundiales en la materia.

Castells y sus colaboradores concluyeron que el canon es "injusto e indiscriminado, no frena la piratería y nos hace responsables a todos de ella". El catedrático llegó aún más lejos: "El canon puede afectar seriamente al desarrollo de la sociedad de la información". La Comisión se quejó de que se tienda a "mezclar y confundir" la copia privada con la piratería y subrayaba: "Lo más razonable sería la supresión pura y simple del canon". "Lo que queremos es abrir un debate sobre cómo gestionar los derechos de autor en un mundo digital, y no medieval", explicó Castells, que también utilizó datos para refrendar su tesis: los ingresos de las entidades de gestión por copia privada pasaron de 31 a 114 millones de euros entre 2002 y 2004, lo que supone un incremento del 267%, mientras que en Europa la cifra rondó el 85%. La SGAE ha rechazado tanto la argumentación como los datos.

En el debate de ayer en el Congreso sobre las enmiendas que habían llegado del Senado y, por tanto, justo antes de la aprobación definitiva de la ley, Antón Louro, el portavoz socialista, parecía responder a ese dictamen de Castells que, finalmente, no ha sido escuchado: "Es necesario abandonar un falso debate que debemos superar. Se trata de la supuesta confrontación entre los derechos de autor y el desarrollo de la sociedad de la información. Nada más lejos. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura multiplican las oportunidades para creadores y productores culturales, pero también hay que decir que la sociedad de la información precisa de contenidos que no son posibles sin los creadores y los productores. La aprobación de esta ley supone reconocer más derechos a los creadores y a los autores y establecer compensaciones a los titulares de los derechos. Es una apuesta por la cultura y los creadores".

El argumento de la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones fue similar al del PSOE: "Esta ley es de propiedad intelectual, y aunque hemos intentado mantener el equilibrio indispensable en toda la cadena del sector cultural que va de los productores a los ciudadanos, hemos dado prioridad a la defensa de esta propiedad todavía muy difícil de entender, sobre todo en nuestro país, y sujeta a mucha demagogia".

Los diputados que han trabajado la ley reconocen que el canon por copia privada (la que cada uno se hace en su casa para su propio uso) puede ser injusto para muchos usuarios que compran soportes pero no para copiar obras registradas (la compra de un CD para guardar las propias fotos digitales, por ejemplo). Sin embargo, los legisladores piensan que el canon sigue siendo la única manera de compensar a los autores mientras no se desarrolle la tecnología necesaria para controlar las copias privadas a las que, en España, tiene derecho el usuario.

El PP y el PSOE también estaban de acuerdo, y así lo habían aprobado en el Senado, en modificar el artículo 90.4 ampliando los derechos económicos en la comunicación audiovisual de los autores. Las televisiones, entre otros sectores, se oponían a esta medida, y el PP se descolgó del acuerdo a última hora, pero la enmienda salió aprobada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de junio de 2006