El precio de la desigualdad

"La igualdad no es sólo un derecho humano, es también una ventaja económica". El ministro para la Igualdad de Suecia, Jens Orback, decía en voz alta la semana pasada algo de lo que muchos países europeos empiezan a darse cuenta: que las arcas del Estado se resienten, y mucho, de que la igualdad entre hombre y mujer (más allá de su formulación legal) diste de ser una realidad. En su opinión, las economías de las sociedades más igualitarias crecen más.

El coste más directo es el que genera la violencia doméstica, según los datos que aportaron los representantes de los 46 países miembros del Consejo de Europa, reunidos recientemente en Estocolmo para estudiar el impacto económico de la desigualdad. En España, un estudio del Instituto Andaluz de la Mujer cifra en 2.400 millones el coste de la violencia contra las mujeres, lo que supone 58,4 euros per cápita y año. En esta partida se contabilizan los gastos hospitalarios, la asistencia psicológica, los costes del sistema judicial y el absentismo laboral, entre otros.

En España, la violencia machista supone un coste de 58,4 euros por habitante y año

Cálculos parecidos se han publicado en otros países, como Finlandia, donde el gasto que genera la desigualdad asciende a 91 millones (17,4 euros por habitante). Aunque no existe una metodología que unifique los criterios establecidos, en el Reino Unido se estima que a cada ciudadano la desigualdad le cuesta hasta 555 euros al año, teniendo en cuenta tanto los gastos sanitarios como los de servicios sociales.

Más allá de los costes directos, a los Gobiernos de una Europa estancada y con una población menguante les preocupa la repercusión económica que supone la falta de incorporación plena de la mujer al mercado laboral; enorme, a juzgar por las cifras que manejan algunos países.

El Ejecutivo británico ha hecho números y sus conclusiones invitan a reflexionar a otros gobiernos. Si las británicas participaran en el mercado laboral de la misma manera que los hombres, las arcas del Estado se embolsarían entre 22.000 y 34.500 millones de euros al año. Es decir, entre el 1,3% y el 2% del PIB del Reino Unido. Son los datos que aportó una comisión gubernamental, que estimó además que la mayoría de los 1,3 millones de empleos que se crearán el año próximo en el país, serán ocupados por mujeres.

Países como Suecia atribuyen su crecimiento económico, en parte, a sus progresos en el campo de la igualdad, que se han traducido en una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Esto ha sido posible gracias a políticas de Estado que ponen el énfasis en el cuidado de los niños y los mayores.

El Gobierno sueco defiende la igualdad por sus ventajas competitivas y cree que excluir a la mitad de la población de un rendimiento laboral pleno es muy poco rentable. En Suecia, los trabajadores tienen derecho a una jornada reducida en un 25%, hasta que el hijo menor cumpla ocho años. Se calcula que hasta un 40% de las madres se acogen a esta posibilidad, lo que ha permitido una incorporación masiva de las suecas al mercado de trabajo desde los años setenta.

Los impuestos que pagan estas mujeres engordan el presupuesto de un Estado que invierte en guarderías, que a su vez permiten a más mujeres trabajar fuera de casa. Estas políticas han animado a las suecas a tener más hijos, mientras el resto de la UE se lamenta del envejecimiento de su población y su consiguiente pérdida de mano de obra.

"La economía europea está estancada, y el modelo social europeo en cuestión. La igualdad es una de las formas de hacer frente a esta pérdida de población activa", sostuvo la viceministra de Finanzas sueca, Magdalena Andersson, la semana pasada durante la VI conferencia interministerial sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Andersson dejó claro, sin embargo, que el modelo sueco tampoco es el ideal y explicó que en su país un 40% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, lo que afecta no sólo a sus ingresos, sino también a su futura pensión. Una pescadilla que no deja de morderse la cola en una Europa donde las mujeres, con una esperanza de vida (78,8 años) mayor que la de los hombres (72,1) dispondrán de menos recursos durante su jubilación y precisarán de mayores cuidados, que los proporcionarán mayoritariamente las mujeres.