Dificultades objetivas

Largo, duro, difícil... y embarullado está resultando el proceso conducente a la desaparición pactada de ETA. Declaraciones contradictorias y cambios de criterio no explicados parecen formar parte consustancial del mismo. La semirectificación del presidente Zapatero sobre el alcance del diálogo con Batasuna no ha impedido la ruptura semidefinitiva del PP con el Gobierno, al que emplaza a votar una resolución sobre el diálogo con la que espera ponerle en evidencia. Y, tras la decisión del juez Grande-Marlaska de no encarcelar a Otegi y compañía, portavoces de Batasuna hablaron ditirámbicamente de "cambio de ciclo, en fondo y forma".

El juez no ha visto razones suficientes para modificar la situación de libertad con fianza en que se encuentran los dirigentes de Batasuna llamados a declarar sobre un presunto delito de vulneración de la suspensión de actividades, agravado por otro de posibles amenazas terroristas. Este delito, sancionado con penas de hasta 15 años, tiene en el Código Penal (artículos 572 y 577) una definición muy estricta que hace difícil encajar en sus límites expresiones deliberadamente ambiguas como las utilizadas por Joseba Permach al advertir sobre los efectos que podría tener para la continuidad del alto el fuego el eventual encarcelamiento de Otegi y los suyos. De todas formas, Permach tuvo que manifestar al juez que su intención "no era intimidatoria o amenazante". Las actuaciones judiciales siguen adelante y se mantienen en sus términos las medidas cautelares -fianza y obligación de comparecencia en comisaría, ampliada en caso de Permach- decididas anteriormente.

La dificultad de la justicia para encontrar un equilibrio entre la realidad del alto el fuego y el riesgo de consentir la impunidad pretendida por Batasuna, tiene razones objetivas. Una Batasuna legalizada podría tal vez participar más eficazmente en el convencimiento de ETA, pero mientras esa formación no acate claramente la legalidad y las reglas del juego, el Estado no puede renunciar a mantener la baza de la ilegalización, sin la que no habría habido alto el fuego ni habría proceso alguno. La iniciativa de Patxi López obedece probablemente al deseo de tranquilizar a unos dirigentes de Batasuna que ya se veían en prisión. La idea de que se trataba sólo de convencerles, mirándoles a los ojos, de que acataran la legalidad, suena a broma. Más verosímil resulta suponer que Batasuna quería un reconocimiento, de palabra y hecho, de su condición de interlocutor para esgrimirla como argumento ante el juez. Lo importante no sería entonces de qué iban a hablar, sino el hecho mismo de hacerlo.

Pero como ocurre cuando la manta es demasiado pequeña, las iniciativas que tapan la inquietud de Batasuna dejan al descubierto la desconfianza del PP. Y tanto Zapatero como su vicepresidenta no dejan de manifestar que la participación de ese partido es necesaria. Con razón, porque la

apelación a que los jueces tengan en cuenta la realidad social sólo tiene sentido si existe un cierto consenso entre los principales partidos sobre la interpretación de esa realidad.