Conflicto de altos vuelos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha puesto de relieve un conflicto de leyes entre la UE y Estados Unidos. Al echar abajo el acuerdo de 2004 entre la Comunidad y Estados Unidos para transferir datos de todos los pasajeros en vuelos con destino a, o que sobrevuelen, aquel país, ha generado una situación de incertidumbre. Pero se trata de un juicio técnico que no entra en el fondo del asunto del derecho a la privacidad y a la protección de datos, sino que la sentencia se limita a afirmar que el acuerdo no se adoptó sobre una "base legal adecuada" por parte europea.

Aunque la Corte no se pronuncia sobre los aspectos más controvertidos en materia de protección de datos y derechos a la intimidad del acuerdo que movieron al Parlamento Europeo a presentar su demanda, tras esta sentencia queda claro que el problema mayor no es el texto, que tiene solución, sino el contexto cuando los europeos se fían menos de la Administración Bush y en EE UU ha cundido la alarma sobre el espionaje sin supervisión judicial a millones de ciudadanos.

Aunque el Tribunal ha dado un plazo hasta el próximo 30 de septiembre para resolver la cuestión, es urgente disipar antes las incertidumbres en un sector que desde ayer navega en un mar de dudas. De no mediar un nuevo acuerdo, y no entregar al Departamento de Seguridad Nacional y a otras organizaciones de EE UU los datos sobre los pasajeros -34 en total, de los que los europeos lograron excluir el tipo de comida solicitada para evitar inferir la religión o pertenencia étnica, y reducir su conservación a tres años y medio-, las compañías se enfrentarían a una multa de las autoridades americanas de 6.000 dólares por persona, posibles denegaciones de aterrizaje o molestias añadidas a los pasajeros al llegar. Y si entregan los datos, la sanción puede venir de la Comisión Europea.

El acuerdo se adoptó basándose en una directiva de protección de datos dentro del Primer Pilar de la Unión Europea, fundamentalmente económico, pero que no cabe aplicar a informaciones recabadas por razones de seguridad. La solución técnica es relativamente fácil, y podría plantearse ya en la reunión de ministros de mañana y el viernes: negociar un nuevo acuerdo, desde otra base jurídica, esta vez en el Tercer Pilar de Asuntos de Justicia e Interior, donde las decisiones se adoptan por unanimidad sin codecisión por parte del Parlamento Europeo.

Políticamente, sin embargo, limitarse a tal salida puede resultar insuficiente. El intercambio de datos en la lucha contra el terrorismo es fundamental, y le interesa tanto a Estados Unidos como a los europeos, que de hecho tienen acuerdos en este sentido con otros países, como Canadá. Pero la Administración Bush es hoy vista con mayor desconfianza que tras el atentado del 11-S -que llevó a la superpotencia a adoptar estas medidas-, y en la renegociación del acuerdo es necesario que los europeos aseguren que Estados Unidos protegerá estos datos y no los utilizará con otros fines. Sin quererlo, el Tribunal de las Comunidades ha puesto el dedo sobre el problema más básico: el de la confianza transatlántica.