El Senado ratifica el pago del canon para los soportes digitales

El canon sobre soportes digitales, como reproductores de MP3, pasó ayer su penúltimo trámite parlamentario al ser aprobado en el pleno del Senado, con los votos en contra de ICV, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La ley pasó el trámite con los votos de PP y PSOE, que ya la habían pactado en el Congreso, y sólo lo aprovecharon para "mejoras técnicas".

El llamado canon es un sobrecoste añadido a los sistemas de almacenamiento y reproducción (por ejemplo, un CD virgen) que se destina a compensar a los autores por las copias privadas que pueden obtener quienes hayan accedido legalmente a sus obras. El cobro se realiza a través de las sociedades de gestión de derechos. Representantes de asociaciones de fabricantes y consumidores presentaron casi 100.000 firmas en el Senado para pedir la eliminación de este gravamen, por considerarlo indiscriminado y un freno para la sociedad de la información. Alegan que la tecnología permite el control de las copias. Aunque el canon se cobra al fabricante, éste lo repercute al cliente. Uno de los argumentos de quienes se oponen es que lo pagan todos los ciudadanos al adquirir cualquiera de los soportes sometidos al canon, aunque lo destinen a otros fines y no hagan ninguna copia privada.

Entre PSOE y PP rechazaron la mayoría de las enmiendas destinadas a acotar la aplicación del canon. Se aprobó una modificación, propuesta por CiU, según la cual no será necesaria la autorización del autor para una copia privada cuando se emplee en procedimientos judiciales o parlamentarios, así como cuando las copias se realicen en beneficio de personas con discapacidad. Otras enmiendas aceptadas hablan de que la cuantía del canon sea proporcional al precio final del producto sobre el que recae.

El Senado también consagró una ampliación de supuestos del derecho de remuneración de los autores de obras audiovisuales, defendida por las sociedades de gestión y criticada por la industria que las adquiere ya que, alegan, supone pagar dos veces al autor (que cobrará del productor y del usuario) por un mismo acto de explotación.

Recortes de prensa

El Senado no modificó el artículo que permite a las empresas de recortes de prensa (press-clipping) comerciar con la reproducción íntegra de artículos ajenos aparecidos en los medios de comunicación. La Asociación de Editores de Diarios Españoles criticó en su día este redactado por considerar que se permitía la actuación "gratuita y parasitaria" de las empresas que hacen resúmenes de prensa como negocio con obras que no son de su propiedad.

A la sesión acudieron representantes de los autores, que mostraron su inquietud, e incluso su malestar evidente en algún caso, porque la ley mantiene intacto un artículo por el cual, en caso de no haber acuerdo económico entre las partes en una negociación sobre derechos, cualquiera de ellas podrá acudir a una comisión de arbitraje que fijará una tarifa. Este arbitraje no ciega el posterior recurso a los tribunales. En la actualidad, sólo se puede acudir al arbitraje si están de acuerdo en hacerlo las dos partes. Las sociedades de gestión lo consideran una intromisión en su derecho a fijar el precio y la industria lo apoya porque, argumentan, supondrá un freno a la arbitrariedad con que se fija.

De esta forma, "dejan de existir las sociedades de gestión", se quejaba ayer el compositor Claudio Prieto, uno de los artistas asistentes al pleno. "El precio de la obra del autor va a ser fijado por otros", era la interpretación que hacía de la función de esta comisión de arbitraje prevista en la ley.

El senador Francisco Javier Maqueda, del PNV, grupo que se abstuvo junto con el senador de ERC, lamentó que los debates se hayan centrado en defender al artista y no al consumidor, y aseguró que a quien más beneficia la ley es a las sociedades de gestión. La senadora socialista María José Navarro aseguró que la ley protege la cultura.

Por la mañana, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se comprometió a reunirse con representantes del PNV para estudiar el posible traslado al País Vasco de documentación del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, en el momento en que reciba una convocatoria formal del lehendakari. La ministra recordó que el Gobierno se limita a cumplir la ley por la que se restituyen estos documentos a personas físicas o jurídicas que puedan acreditar su propiedad.