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ANÁLISIS | LPI

Lo que cuesta la nueva de Ley de Propiedad Intelectual

El Senado debate la LPI más polémica

El Senado ha aprobado la reforma al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. En el punto de mira dos artículos polémicos. Por un lado, la implantación de un canon que impone un coste extra a los soportes digitales o, lo que es lo mismo, que el ciudadano pague más por un CD virgen o por un equipo de DVD para compensar al artista por las posibles copias privadas que pueda hacer. Por otro, que la SGAE deje de imponer las tarifas que tienen que pagar, bares o restaurantes con hilo musical por ejemplo, por los derechos de autor.

La reforma de la LPI no gusta y está enfrentando a industria, consumidores y a las entidades de gestión de los derechos de autor. El polémico canon ha sido rechazado por la Comisión de Expertos que asesora sobre la Sociedad de la Información al ministerio de Industria. Los expertos consideran que el canon sobre los soportes digitales no va a frenar la piratería y sí el desarrollo de la Sociedad de la Información. Los fabricantes y usuarios de Internet también están contra el canon y se han unido en la plataforma www.todoscontraelcanon.es.

Para Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el canon por copia privada es necesario. "Hay que compensar a los autores por la posibilidad que tienen los usuarios de hacerse copias, el canon de un CD virgen es de 16 céntimos de euros y es lógico que si el dispositivo tiene más capacidad para copiar, la tarifa deba aumentar".

Farré replica a los que dicen que el canon puede frenar la Sociedad de la Información pues los usuarios se pueden echar atrás a la hora de comprar aparatos digitales, "en Inglaterra no hay canon y los precios de los CD vírgenes no son más baratos. No se venden más dispositivos de MP3 en los países dónde no hay canon". Y añade: "el fabricante vende más MP3 gracias a que se pueden realizar copias piratas. Gracias a las copias privadas, el sector está creciendo".

José María Anguiano, abogado, socio del despacho Garrigues & Andersen coincide en que "hay que defender a los autores. El canon no supone ningún freno y hay respetar la propiedad. Si los autores no reciben compensación, terminarán por no crear nada y sino hay contenidos terminaremos todos escuchando Kiss FM".

Anguiano es muy crítico con la nueva LPI porque se deja "pasar una magnífica oportunidad para hacer una reforma en condiciones" y también con los que están en contra del canon. "La imagen que se proyecta es la de unos chavales que están pirateando música y que no quieren que se acabe la barra libre. No hay voluntad política para decir a los votantes jóvenes que no hay barra libre aunque a nadie nos gusta pagar impuestos y los pagamos".

Claudio Feijoó, doctor ingeniero en Telecomunicaciones y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), coincide con Anguiano en que "la LPI no ha debatido el problema profundo. Habría que preguntarse si interesa la industria de contenidos en España. Si la respuesta es sí, habría que discutir cuál es el mejor camino para incentivar esa industria y preguntarse si se incentiva más la creación cuando se puede compartir el contenido con facilidad o con creadores muy protegidos. En Francia, que creen en la cultura con mayúsculas la discusión fue mucho más profunda. Hay que discutir todo esto con imaginación y no quedarse en el canon".

Sobre esto último, Feijoó señala que el Colegio de Ingenieros es miembro de la plataforma contra el canon aunque él personalmente no está "ni a favor ni en contra". "Lo que pido es transparencia: quién lo calcula, porqué cuesta los que cuesta, de dónde sale que tengamos que pagar ese precio y no otro". Y añade: "si existen protecciones tecnológicas como el DRM que impiden la copia hay que plantearse el canon".

Tarifas

La segunda polémica gira sobre quién decide las tarifas que hay que pagar por los derechos de una película o una canción. Actualmente es la SGAE aunque la LPI propone a la administración. "¿Cómo es posible? Es inconstitucional facultar a la administración que imponga las tarifas. Nadie te dice el precio al que debes vender tu coche o tu vivienda. Actualmente las televisiones pagan una tarifa fijadas por las entidades de gestión, ¿Alguien se puede imaginar que Georges Bush fijase las tarifas de las películas de Michael Moore?", se queja Farré que continua con el ejemplo: "sería limitar la independencia de Moore. Él es el propietario de la película y lo puede vender al precio que quiera".

Feijoó señala que la "SGAE es monopolística. Existe porque los artistas no pueden lidiar con todo el mundo que difunde sus obras y la entidad es la que les defiende. Aunque es una entidad sin ánimo de lucro y curiosamente se comporta como una empresa. Puesto que no hay más entidades es muy fácil hacer negocio. Pueden poner el precio que quieran. Debería de existir un mecanismo de arbitraje desde la administración que, ayudado por expertos del sector, fijase unas tarifas". Feijoó añade que: "la SGAE no se debe de comportar igual en el mundo digital que en el analógico. No debe actuar tanto como intermediario, debería trabajar para que se difundan más los contenidos del artista en los diferentes medios".

La LPI que se debate fijará a quién corresponde decidir cuanto cuesta ver una película o comprar un CD. Aunque el canon o las tarifas es un coste extra que se impone a los fabricantes y empresarios, el consumidor es el que suele pagar esta subida cuando adquiere el servicio o producto.

"Me decían que era un impuesto revolucionario"

Muy mala fama tiene actualmente la SGAE. Numerosos blogs cargan contra la entidad de gestión en Internet y los comentarios en la calle tampoco son mejores. Farré se defiende "a los socios no les cae mal la SGAE y están muy satisfechos, defendemos sus derechos". Señala "que es injusto lo que pasa, se está manipulando la situación porque las tarifas por los derechos de autor son muy bajas", y aunque admite que la imagen está "muy deteriorada", confía en que: "algún día se hará justicia".

Aunque parece que tiene que llover mucho para que las cosas cambien. Un ex trabajador de la SGAE recuerda con "bastante agobio" su trabajo durante seis meses de bar en bar. "Fui representante de la SGAE hace dos años, trabajaba en ocho distritos de Madrid. Tenía que cobrar los derechos de autor en los locales que tenían reproductores audiovisuales y musicales. Había gente que lo entendía aunque muchos me señalaban y me decían que iba a por el impuesto revolucionario".

Miguel, nombre ficticio, explica que las tarifas "varían según los metros del local y los precios de la consumición. Yo entiendo que en una discoteca se cobren los derechos de autor porque la gente consume más si la música es buena aunque hay restaurantes que tienen televisión y ni la miran". Miguel señala que hace dos años "las tarifas eran, por ejemplo, de unos 18 euros mensuales en un local pequeño que esté reproduciendo música. Si el bar no paga, se pasa la información a la asesoría jurídica de la SGAE".

Miguel, autónomo, ganaba unos 600 euros semanales. "No aguanté mucho, te reciben muy mal en los sitios, hay muchísimos locales en Madrid y tenía que hacer también una base de datos con los nuevos. En muchas de las discotecas había que entrar casi con guardaespaldas". Cuenta que incluso le intentaron pegar "los dueños de un local, chinos, que no entendían nada porqué tenían que pagar".

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