El Senado aprueba la reforma de la LPI que establece un canon para los soportes digitales

El Pleno del Senado dio hoy luz verde a la reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual sin ningún voto en contra, aunque aprobó catorce enmiendas de distintos grupos, con lo que el proyecto legislativo deberá volver al Congreso de los Diputados antes de ser aprobado definitivamente.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que define la copia privada de una obra, establece el "canon" para los soportes digitales y regula los resúmenes de prensa, fue aprobado con 241 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra, con lo que la Cámara Alta reprodujo el consenso que el texto ya obtuvo en el Congreso de los Diputados.

Pero antes de su aprobación fueron aprobadas catorce de las 71 enmiendas que los distintos grupos parlamentarios habían planteado al texto, que trata de trasponer a la legislación española una directiva europea sobre la Sociedad de la Información aprobada en el 2001.

De hecho, el pasado 19 de abril la Comunidad Europea dio un ultimátum de dos meses a España (que se cumpliría el 19 de junio)para que incorporara esta directiva a su legislación y advirtió de que si en este plazo no corregía la situación, condenaría al país al pago de multas diarias.

El paso por el Senado de este texto ha introducido catorce enmiendas de CIU, ENTESA, PSOE y PP que introducen algunos cambios a esta reforma legislativa que, según la senadora del PSOE María José Navarro, trata de buscar "el equilibrio" entre los derechos de los autores a ser remunerados por el uso de sus obras y los del acceso a la cultura de los usuarios.

El senador del PP Juan Van Halen señaló que esta reforma es "un paso más, pero no el definitivo", en referencia a que el Gobierno se ha comprometido a elaborar una nueva Ley de Propiedad Intelectual para regular los derechos de autor, cuyos "cimientos" han sido "conmovidos" por la revolución digital y las nuevas posibilidades que han abierto de reproducción y distribución.

Uno de los aspectos que más polémica ha suscitado fue la extensión a los soportes y equipos digitales del denominado "canon" por compensación de las copias privadas, del que quedarán exentos los discos duros de ordenador y las líneas de ADSL, aunque el listado completo de los que sí están sujetos a este pago lo establecerán en una orden ministerial bianual los departamentos de Cultura e Industria.

Este canon, contra el que se ha levantado una plataforma que ha reunido 200.000 firmas, fue duramente criticado por los senadores de ENTESA, Jordi Guillot y Miquel Bofill, quienes consideraron que es "indiscriminado", ya que, por ejemplo, se impone a todos los CD aunque éstos sólo se utilicen para almacenar datos.

Bofill señaló que esta compensación "debe correr a cuenta de los responsables del delito" -de quienes realizan copias ilegales para su comercialización-, no debe ser fijado por "entidades particulares" y su cuantía debe figurar en las facturas pues "es el derecho mínimo del consumidor".

Defensa del artista

Francisco Javier Maqueda, del grupo de senadores nacionalistas vascos, se lamentó de que los debates parlamentarios sobre esta reforma legal "se han centrado en defender al artista y no al consumidor" y aseguró que "a quien más beneficia es a las sociedades de gestión de derechos de autor".

De su lado, María José Navarro defendió que la supresión de este canon por compensación para los creadores, que apareció por primera vez en Alemania en 1964 y en España se instauró en 1987, tendría "graves consecuencias para los creadores, para la industria y para los ciudadanos", aseguró que "protege a la cultura" y apuntó que su cuantía no aparece en los recibos porque lo pagan los fabricantes, distribuidores e importadores.