Los jóvenes investigadores piden carreras estables

Unos 1.500 investigadores y becarios se concentraron ayer en el centro de Madrid para exigir estabilidad laboral. Piden contratos desde el principio de su carrera profesional, en lugar de las becas de formación por las que pasan desde que se licencian hasta años después incluso de titularse como doctores. El Ministerio de Educación asegura que el Estatuto del Personal Investigador en Formación, aprobado en enero, soluciona la situación de este colectivo.

"Somos currantes, no somos estudiantes", gritaban ayer los manifestantes, convocados por la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)-Precarios. Los alrededor de 23.000 becarios de investigación que hay en España -el 25% del total de los investigadores, según la federación- pueden estar desde que terminan la carrera hasta los 40 años empalmando becas y contratos temporales o discontinuos. Más de 15 años trabajando sin la estabilidad que se encuentra, casi exclusivamente, en "una plaza de la universidad", aseguran.

Una vez licenciados, los futuros investigadores del país -científicos, historiadores, sociólogos o lingüistas- acceden a becas de hasta cuatro años para sacar el doctorado. En ellas "se hace un trabajo de investigador, no es realmente de formación", asegura Emilio Castro, portavoz de la federación. Las ayudas oscilan entre 1.000 y 1.500 euros al mes. Los dos primeros años no cotizan a la Seguridad Social. Los dos siguientes empiezan a cotizar, pero por un mínimo de unos 600 euros, según el Estatuto del Becario de Investigación de 2003. No tienen derecho a baja ni a paro.

Con el título de doctor, los investigadores acceden a otras becas similares destinadas, en su mayoría, a estancias en el extranjero. La lingüista Irene Checa, aseguraba ayer que "cobraba menos" con su beca posdoctoral que con las anteriores. Muchas veces, entre beca y beca, pasan meses en los que el investigador trabaja gratis o pendiente de que se resuelva la próxima convocatoria para cobrar.

Pero cuando las becas acaban, la precariedad continúa. Los contratos discontinuos se suceden y tienen que seguir buscando entre la maraña de convocatorias de todas las instituciones -la investigación privada en España, según los científicos, es anecdótica-. Por eso se unieron a la concentración de ayer los miembros de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, destinados a que vuelvan a España los investigadores que trabajan fuera. Pero el problema es que estos programas tienen una duración limitada (cinco y tres años respectivamente), y no se asegura el trabajo posterior, lo que lleva a algunos investigadores, como Francisco Terán, a plantearse volver al extranjero para continuar su carrera.

El inmunólogo Edgar Fernández, de 43 años, ha conocido todas las incertidumbres de la carrera investigadora: contratos y becas concedidas por todo tipo de instituciones en Japón, Portugal, EE UU y España. En noviembre de este año le vence el contrato, vinculado con el programa Ramón y Cajal, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su única opción es optar a una plaza en una universidad o un centro de investigación. Asegura que sus "últimos cinco años de trabajo se van a la basura". "Estoy buscando a algún amigo que me deje un cuarto para meter a los animales con los investigo y seguir con el proyecto", dice resignado.

Los responsables de la Secretaría de Estado de Universidades del Ministerio de Educación, que se reunieron el pasado jueves con representantes de la federación, aseguran que esta situación se soluciona con el Estatuto del Personal Investigador en Formación aprobado en enero. Con él, los investigadores empiezan a cotizar desde el principio. Al tercer año, las becas se convierten en contratos. Pero "aún no ha salido ni una convocatoria basada en el nuevo estatuto", aseguró el portavoz de los investigadores.

"Estos retrasos, que se resolverán muy pronto, no modifican el compromiso del Gobierno con la mejora de la situación de los investigadores españoles, se encuentren o no en período de formación", aseguran fuentes del ministerio. El problema es que mientras el ministerio da por solucionada la situación, los jóvenes investigadores piden contratos desde el primer año. Ahora, las becas se dan o bien ligadas a un proyecto concreto, o bien simplemente para conseguir el doctorado. Sólo estos últimos se beneficiarán del estatuto. "Ya hay comunidades [más o menos la mitad de las becas las ofrece el ministerio y la otra mitad las autonomías], como Cataluña, que no se van a acoger al estatuto porque ya ofrecen mejores condiciones", asegura un portavoz de los jóvenes investigadores.