Se busca culpable

El ex vicepresidente Rodrigo Rato asegura que sí transmitió a su sucesor, Pedro Solbes, una lista de asuntos pendientes entre los que figuraba el desarrollo reglamentario de la Ley de inversiones colectivas, norma que está en el centro del debate sobre el escándalo de Afinsa y Fórum Filatélico. Solbes lo niega. No parece asunto para un careo; es posible que sí hubiera transmisión de la necesidad de desarrollar la ley en general pero no una mención a la disposición adicional relativa específicamente al control de actividades como las que han motivado el presunto fraude.

Con independencia de quién tenga razón en ese aspecto concreto (o en el de la eventual responsabilidad de las Comunidades autónomas, a las que están transferidas las competencias de Consumo), llama la atención la forma en que los dos principales partidos, el del Gobierno y el que lo fue hasta 2004, están encarando este asunto: dando la impresión en todo momento de estar más preocupados por culpar al otro que en averiguar qué cabe hacer para paliar los efectos del supuesto fraude y tratar de evitar que se repita. El PP reaccionó de entrada pidiendo medidas para compensar a los damnificados, y justificando esa medida por la responsabilidad del Gobierno en no haber regulado el sector de manera conveniente. El Gobierno (administrador de los fondos que en su caso habría que librar para pagar esas compensaciones) respondió recordando que gobernaba el PP cuando se legisló de manera insuficiente. Más tarde el PP ha añadido la acusación de que el Gobierno no alertó a los inversores de las irregularidades que investigaba la fiscalía, lo que ha hecho la discusión aún más espesa, y tal vez inútil.

El reventón financiero en Afinsa y Fórum Filatélico es responsabilidad de los gestores de esas sociedades, y nada sugiere que pueda ser de otra forma. Si existe alguna responsabilidad de los poderes públicos, será por haber autorizado este tipo de sociedades de inversión -así las define la Fiscalía- sin la garantías para los ahorradores que existen en las otras formas conocidas y legalmente reguladas de captación del ahorro. Entonces la responsabilidad es compartida por todas las administraciones habidas en los últimos 26 o 27 años. La identificación de un culpable tendría sentido si de ella derivase una responsabilidad subsidiaria del Estado para hacer frente a las pérdidas de los inversores. Pero no es el caso. No sería justo que los contribuyentes, muchos sin posibilidad de ahorrar, pagasen con sus impuestos una indemnización a quienes invirtieron sus ahorros en estas sociedades, de las que esperaban recibir -y en parte recibieron- una rentabilidad superior a la media.

No es habitual en países desarrollados la ausencia de conciencia de la continuidad del Estado que se da en España. No porque corresponda a decisiones de una administración anterior puede un Gobierno lavarse las manos sobre ciertos hechos. Como tampoco el estar en la oposición exime a un partido con vocación de gobierno del deber de velar por la utilización responsable de los fondos públicos.