Reconstruir Colombia

José Pisario no irá a votar el domingo próximo en las elecciones presidenciales de Colombia. Tampoco acudirán a las urnas Abasito Kaisamo y Amador Membache. Estos tres indígenas de la etnia woonan huyeron, en los primeros días de abril, de sus aldeas en la cuenca del río San Juan (departamento de Chocó), en la selva occidental colombiana. Las amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han provocado el abandono forzado de 1.740 habitantes de cinco comunidades woonan. "Era la huida o la muerte", recuerda Pisario, maestro, de 43 años, cuyo nombre figura en una lista de 18 personas a las que la guerrilla acusa de "informantes" del ejército. Los rebeldes secuestraron y mataron a dos docentes de la lista, que eran compañeros de trabajo de Pisario. Con él empezamos un viaje por los grandes conflictos abiertos en Colombia, un recorrido por todos los dramas que el presidente Álvaro Uribe (con una popularidad del 57,6%) hereda de sí mismo.

"La guerra empezó por razones ideológicas, pero esto hace tiempo que se acabó. Hoy es un negocio muy bueno", asegura un dirigente empresarial

El miedo reina en la selva chocoana, cuyos habitantes poco tienen que decir de la campaña electoral ni de la probable reelección del presidente Álvaro Uribe

La ausencia del Estado y la guerra han permitido la apropiación de tierras o la compra a bajo precio por parte de grupos amparados por los paramilitares

El intenso debate sobre la fumigación indica que no han disminuido las plantaciones de droga, sino que se han desplazado hacia donde no existían

Los líderes locales en vano exigieron a la guerrilla que se fuera de la zona con un mensaje claro: "Ustedes no son la solución a nuestros problemas"

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LOS DESPLAZADOS

El miedo reina en la selva chocoana, cuyos habitantes poco tienen que decir de la campaña electoral ni de la probable reelección de Uribe, de 53 años. Son otras las preocupaciones del mundo rural de Colombia, la segunda nación del planeta, después de Sudán, con mayor número de desplazados internos (tres millones de personas en cuatro décadas de conflicto), según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La cifra se ha disparado durante el Gobierno de Uribe, con más de 748.000 campesinos e indígenas que se han visto obligados a abandonar sus tierras originarias.

En un precario asentamiento de Istmina, donde se hacinan unos 740 indígenas fugitivos de la región Medio San Juan, un joven que se niega a dar su nombre describe la tremenda situación de las comunidades woonan, embera y tule, atrapadas entre dos fuegos. La guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguen activos se enfrentan estos días por el control de territorios donde abundan los cultivos ilegales. "Todo el mundo sabe lo de la coca", dice nuestro interlocutor, que huyó por el río en un viaje en bote de ocho horas.

Pisario, padre de ocho hijos de dos esposas, comenta que las últimas noticias dan cuenta de la presencia en el río San Juan de varias unidades fluviales de la marina. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y todos tratan de demostrar que tienen el dominio de la región. La guerrilla ha hecho correr la voz de que es inminente un "bloqueo" en el tránsito de personas y mercancías. Y de paso envía el mensaje a las autoridades y a la población de que la insurgencia sigue viva, pese a la política de mano dura del Gobierno.

Chocó es un territorio geoestratégico, al que siempre se ha mirado más con afán de extraer sus recursos que de invertir en su desarrollo. Así lo estima la monja Yanneth Moreno, de las Hermanas del Divino Salvador -15 años en Quibdó, la capital departamental-, cuando habla de "la deuda histórica" con los chocoanos. "Nada ha cambiado para mejorar la calidad de vida. Aquí una embarazada o un niño pueden morir de una diarrea", asegura. La vulnerabilidad de la población contrasta con la riqueza de una tierra que posee yacimientos de oro, platino y minerales estratégicos, madera, ríos caudalosos con abundante pesca, las mayores posibilidades de generación de energía hídrica y probables reservas de petróleo. Chocó es la segunda zona del planeta donde más llueve, y tiene una biodiversidad rica y variada.

Podría ser una tierra promisoria para sus habitantes, negros en un 90%, junto a un 10% de indígenas de diversas etnias y mestizos. Pero las gentes de Chocó viven desde hace décadas bajo una maldición por la confluencia de los principales actores del conflictivo escenario colombiano: guerrilla, paramilitares, narcotráfico, ejército, usurpadores y depredadores de tierras, deforestación. La situación de violencia se agravó a partir de 1996 debido a la fuerte penetración desde el norte de Chocó de los grupos paramilitares de ultraderecha, de la mano de grandes proyectos agrícolas, y a los enfrentamientos armados con la guerrilla. En medio, los civiles. La cifra de más de 1.200 muertos en los últimos 10 años, según datos oficiales, revela la dimensión de la crisis humanitaria. Los cadáveres descendían por los ríos Atrato y San Juan y pasaban por delante de las aldeas con carteles en los que podía leerse "No me toque", "No me coja". Con estos mensajes siniestros, la zona se ha convertido en testigo mudo de matanzas.

El 2 de mayo de 2002 se produjo uno de los episodios más sangrientos en la población de la cuenca del río Atrato. Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, era escenario de cruentos combates entre las FARC y los paramilitares, que se atrincheraron alrededor de la iglesia. El templo estaba repleto de civiles. La guerrilla disparó un proyectil que impactó en el altar. Fue una carnicería, con 119 muertos, entre ellos 45 niños, y más de 95 heridos. Los combates duraron tres días. Yanneth Moreno participó en las labores de rescate. Recuerda la religiosa que, cuando los guerrilleros vieron la magnitud del desastre, más de uno lloraba. Entre las víctimas había familiares de los rebeldes. Las FARC reconocieron el error y pidieron perdón. Los líderes locales exigieron en vano que la guerrilla se fuera de la zona y transmitieron un mensaje inequívoco: "Ustedes no son la solución a nuestros problemas".

La matanza provocó un éxodo de 4.000 habitantes de Bojayá y Vigía del Fuerte, dos municipios frente a frente a orillas del Atrato. La mayoría malvive en los asentamientos de El Futuro y Villa España, en Quibdó. Ana Ramona Mosquera y su hija María Olivia huyeron en un bote, en medio de los disparos. Detestan recordar aquella noche y se quejan de la falta de apoyo de las instituciones. "La palabra retorno es muy linda, pero no hay garantías para hacerla realidad", dice María Olivia. Algunos decidieron volver. No están vivos. "Eso fue muy duro. Vuelves y la tierra ya tiene otro dueño. No queda nada de lo que dejaste".

Las causas que provocaron el desplazamiento de los habitantes de Bojayá no han cambiado, dice Giovanni Salazar, encargado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Quibdó. No ha habido un solo caso de retorno exitoso, señala Salazar.

La ausencia del Estado y el conflicto armado han permitido la compra a bajo precio o directamente la apropiación de tierras por parte de sectores poderosos amparados por grupos paramilitares. En 1982 llegaron a la región del Medio Atrato las madereras. "Las comunidades negras campesinas detectaron que foráneos empezaron a marcar los árboles", recuerda la zaragozana Aurora Bailarin, misionera claretiana con muchos años en Chocó, al explicar los primeros pasos de la organización de los campesinos en defensa de la tierra. Así nació en Beté la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), cuya carta de presentación fue frenar las concesiones madereras en aquel territorio. La nueva Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 reconocieron la identidad indígena y el derecho de las comunidades negras a su territorio mediante títulos colectivos de propiedad, que son declarados inalienables, inembargables e imprescriptibles. El hecho de mayor trascendencia en Colombia se produjo en diciembre de 1997, cuando las comunidades negras obtuvieron un título colectivo que las reconoce legalmente como dueñas del territorio que habitaron por generaciones en el Medio Atrato.

La ACIA agrupa hoy a 120 comunidades (91 del departamento de Chocó y 29 de Antioquia), con una población de 55.000 personas. Esta peculiar organización ha conseguido sobrevivir en un escenario de violencia en el que los grupos paramilitares libran una guerra con las FARC por el control territorial. Los primeros han puesto en marcha gigantescos planes agropecuarios, que incluyen la siembra de palma africana en territorios de comunidades negras, o la ganadería extensiva en tierras agrícolas.

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LA DROGA

Los ríos que atraviesan Chocó son fuente de vida y vía de comunicación entre el Pacífico y el departamento de Antioquia. Por el río se moviliza la población y se transportan las mercancías. Por su localización estratégica facilita, además, el tráfico de armas y drogas para financiar la guerra.

Desde la entrada en vigor del Plan Colombia, hace seis años, Estados Unidos ha invertido 4.000 millones de dólares en el combate antidroga, la mayoría en labores de fumigación aérea de cultivos de hoja de coca. Numerosos especialistas colombianos y estadounidenses cuestionan la eficacia del plan y el enorme dispendio económico que implica. Las cifras varían según quien las difunde. John Walters, director de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, asegura que en 2005 la superficie de cultivos de coca y amapola aumentó en Colombia (de 114.000 a 144.000 hectáreas), pese a que fue un año récord en erradicación, con 170.000 hectáreas. El Gobierno colombiano rebaja a 90.000 hectáreas las de cultivos ilícitos.

A diferencia de países como Bolivia y Perú, que han prohibido la fumigación por sus efectos nocivos, en Colombia es la práctica habitual para destruir las plantaciones de droga. La erradicación manual no supone más del 20%. Los operativos para fumigar requieren una movilización impresionante: un batallón de 400 hombres que se despliegan por todo el perímetro de la zona de actuación para prevenir eventuales acciones de los grupos armados, y 15 helicópteros para dar cobertura aérea protegen el sobrevuelo de los aparatos de fumigación, pilotados por estadounidenses. Cada misión dura entre dos y cuatro meses, uno de los cuales se emplea en la logística. Tres equipos actúan simultáneamente en diferentes zonas del país durante todo el año. El Gobierno colombiano sostiene que para acabar con todos los cultivos ilícitos necesitaría 10 equipos de similares características y ha pedido más medios a Estados Unidos, cuyo Gobierno no parece dispuesto a aumentar su desembolso.

El intenso debate sobre la fumigación permite, de momento, una conclusión: lejos de disminuir las plantaciones de droga, se ha producido un desplazamiento de las mismas hacia zonas donde antes no existían, como en Chocó. Fuentes militares explican que para sortear los efectos de la erradicación aérea, los cultivadores recurren a las estratagemas más ingeniosas, como el uso de viveros para reemplazar inmediatamente las plantas destruidas, la protección de la hoja de coca con azúcar panela o el corte de la planta justo después de la fumigación.

Las naves que vierten los productos químicos son blanco de ataques de la guerrilla, que en más de una ocasión ha logrado derribar o dañar aviones y helicópteros. Diversas fuentes certifican la implicación de las FARC y de las AUC en el narcotráfico, que abarca toda la cadena de producción, desde el cultivo de la hoja de coca hasta la cristalización en clorhidrato de cocaína.

En departamentos como Chocó y Antioquia, las dos organizaciones armadas combaten por el control territorial, mientras en otros como Nariño y Meta colaboran en el negocio ilegal. Básicamente, depende de los comandantes locales, dice un oficial de las Fuerzas Armadas.

"Los beneficios del narcotráfico son más elevados que la inversión para combatirlo", sostiene Juan Camilo Ochoa, presidente del Grupo Empresarial Antio-queño (GEA), el primer holding de Colombia. "La guerra empezó por razones ideológicas, pero esto hace tiempo que se acabó. Hoy es un negocio demasiado bueno", añade. Y el negocio tiene que ver, según el primer empresario colombiano, con la debilidad de la justicia, la corrupción, el contrabando y los grandes negocios en torno al paramilitarismo. "Así seguirá mientras no tengamos un aparato judicial fuerte y eficaz".

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EJÉRCITO Y GUERRILLA

El eje principal de gobierno de Álvaro Uribe ha sido la llamada política de "seguridad democrática" y su obsesión por derrotar a las FARC por la vía militar. Una buena parte del presupuesto del Estado se ha destinado a tal fin, y para ello no se han escatimado recursos para las Fuerzas Armadas: los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía aumentaron en un 30% de julio de 2002 a marzo de 2006, hasta llegar a casi 400.000 efectivos. El presupuesto de Defensa, incluida la ayuda de Estados Unidos, pasó de 4.600 millones de dólares en 2003 a 6.900 millones en 2006.

La estrategia incluye iniciativas de dudosa eficacia, como recompensas por la captura o eliminación de jefes de frentes guerrilleros. La idea es del ministro de Defensa, Camilo Ospina, y se trata de la Boina (Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional), que pretende estimular a las tropas, y a la fuerza pública en general, a base de prometer un año de sueldo adicional a quien logre el botín requerido.

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PARAMILITARES

El presidente presenta como el gran éxito de su Gobierno el proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC, a los que se atribuye algunos de los episodios más sangrientos del conflicto colombiano. Las versiones oficiales aseguran que unos 30.000 combatientes han dejado las armas y están en fase de reintegración a la sociedad.

Jaime Fajardo Landaeta dirige en Medellín un programa de reinserción de los paramilitares desmovilizados desde su puesto de asesor de paz del gobernador de Antioquia. Voz autorizada en la materia, Fajardo fue miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región de Urabá, hasta que en 1990 dejó las filas de la segunda organización guerrillera de Colombia en aquellos años y participó en la Asamblea constituyente de 1991 que promulgó la nueva Carta Magna. "La experiencia me demuestra que hay que lograr el copamiento institucional y no sólo militar de los territorios que abandonan los desmovilizados", advierte Fajardo, "donde no opera el Estado social de derecho". En otras palabras, hay que prestar atención no sólo a quienes cuelgan las armas, sino también a "la comunidad que vivió durante mucho tiempo con la ilegalidad".

La tarea de lograr la plena reinserción apenas comienza. El Gobierno calcula que Antioquia tendrá que acoger a la mitad de todos los desmovilizados de las AUC, porque una gran parte son originarios de este departamento y porque en él, en las regiones de Urabá y Santander, cometieron las primeras fechorías. Los obstáculos para hacer fracasar el proceso de paz surgen diariamente. Durante la entrevista con Jaime Fajardo, la secretaria interrumpe la reunión para entregarle una hoja de papel. Es una octavilla firmada por las Autodefensas de la Universidad de Antioquia-Audea en la que anuncian la reactivación de sus actividades delictivas, y amenazan de muerte a varios profesores y estudiantes de la universidad, a los que acusan de ser miembros activos de organizaciones guerrilleras. "Puede que sea una farsa, pero no podemos descuidarnos. Todo es posible", advierte el asesor de paz.

En el año 2004 se firmaron los acuerdos que establecen una "zona de ubicación" para los desmovilizados de las AUC en Tierralta (Córdoba), donde quedaron concentrados los jefes paramilitares y su guardia privada. Todos tienen un salvoconducto para desplazarse por el país y disponen de esquemas de seguridad mejores y más aparatosos que cualquier candidato presidencial. En este grupo de escogidos está Salvatore Mancuso, el jefe de jefes, y otros conocidos comandantes. La buena sintonía entre paramilitares y autoridades ha sido palpable en algunos actos de desmovilización, con discursos de los representantes del Estado claramente elogiosos hacia las AUC.

Según cifras que se han filtrado a la prensa, hay unos mil que tienen cuentas pendientes con la justicia y acusaciones de graves violaciones de derechos humanos. El problema es que el marco jurídico de la desmovilización -Ley 782, Decreto 128 y Ley de Justicia y Paz- adolece de excesiva vaguedad en cuestiones tan sensibles como la reparación y el castigo a los culpables.

Muchos colombianos se preguntan qué pasará después de las elecciones. ¿Llegará la ansiada paz? Los líderes de la organización guerrillera en activo más antigua de América Latina lo han dicho claramente. No hay nada que hablar con el Gobierno de Álvaro Uribe, por lo que la vía a una negociación de paz está cerrada. Claro que Colombia está en época electoral y nadie quiere hacer una apuesta equivocada. Habrá que esperar al resultado de las urnas del domingo próximo. "Las FARC nunca se van a desmovilizar como si fueran una organización paramilitar. Se consideran Estado y poder en los territorios bajo su control, han promulgado leyes y quieren discutir políticamente", opina Jaime Fajardo.