Educación reabre el jueves la negociación con los sindicatos de la UPV tras la nueva huelga

El Departamento de Educación volverá el próximo jueves a dialogar con los sindicatos de la UPV sobre la mejora del salario de los profesores. Así se lo comunicó ayer la consejería a las centrales, dos días después de la doble jornada de huelga vivida esta semana en la universidad pública, con un seguimiento estimado por el Rectorado en un 80%. Tras el fracaso del primer contacto, a finales de abril, la cita estará marcada por la amenaza de nuevas movilizaciones en pleno periodo de exámenes en el caso de que, como recalcan las centrales, no se dé una negociación "real".

Los representantes de CC OO, STEE-EILAS, ELA, LAB, UGT y CSIF han exigido tras los paros del lunes y el martes que se transformen en hechos de las buenas palabras de la consejería y el Rectorado de los últimos días. Esperaban una respuesta esta semana y así se ha producido. Sin embargo, los precedentes indican que la celebración de una reunión negociadora no representa garantía alguna de solución.

De hecho, la primera cita entre Educación, el Rectorado y los sindicatos se saldó con un fracaso que derivó en la segunda convocatoria de paro, tras el realizado el 29 de marzo. Quizá por esta razón las centrales no han querido cerrar la posibilidad de que se produzcan nuevas protestas y nuevas jornadas de paro en el periodo de exámenes, que comienza en menos de dos semanas.

Sus condiciones para conjurar totalmente otra huelga son dos: paralización del proyecto de decreto de complementos, fruto del acuerdo entre la anterior consejera, Anjeles Iztueta, y el rector en diciembre de 2004, y aumento generalizado de los salarios para todo el profesorado en 6.000 euros brutos anuales o en la proporción correspondiente, en el caso de los docentes con dedicación parcial. Las centrales, con el fin de facilitar una salida por la que todos dicen apostar, al menos públicamente, han dejado a un lado un tercer requisito que hasta hace unos días era "irrenunciable". Se trata de la inclusión del incremento reclamado en el sistema retributivo general, algo que Educación advierte de que está fuera de sus competencias.

También la consejería se ha mostrado dispuesta a flexibilizar su posición con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Fuentes del departamento que dirige Tontxu Campos (EA) y la propia portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, han expresado la voluntad del Gobierno de "dignificar" las retribuciones de los docentes de la universidad pública. Desde Educación se aseguró ayer que en la próxima reunión se ofrecerá a las centrales "algo tangible" para poder cerrar el enfrentamiento.

Comparecencia

El problema planteado con las retribuciones es un reflejo del déficit estructural que afecta al día a día de la actividad de la universidad pública. Eso es lo que asegura el parlamentario del PSE Antonio Rivera y la razón por la que el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia del rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, en la comisión de Educación y Cultura del Parlamento. Rivera, vicerrector en el anterior mandato y ex candidato a rector, espera que Pérez explique con detalle la situación económica en que se encuentra la institución universitaria.

Rivera ha asegurado que ha sido el propio rector el que ha denunciado reiteradamente en los dos años de su mandato "esta precariedad estructural de los recursos económicos universitarios". El parlamentario socialista recuerda que el Gobierno, a través del departamento, ha tenido que realizar aportaciones extraordinarias para paliar una falta de recursos que procede, básicamente, "de la diferencia entre lo que necesita objetivamente la Universidad y lo que asigna el Gobierno en financiación ordinaria".

Por ello, Antonio Rivera pide al rector que se defina sobre las fórmulas que baraja para resolver el déficit de la Universidad e informe sobre el estado de ejecución del gasto y sobre la marcha del contrato-programa acordado el pasado año con el Departamento de Educación. Igualmente le solicita que en su comparecencia exponga la vía que considera más apropiada para dar solución a las reivindicaciones salariales del profesorado.